Montero niega irregularidades en la SEPI y acusa al PP de usar el Senado contra su candidatura andaluza

María Jesús Montero defendió este lunes en el Senado la legalidad de su gestión al frente del Ministerio de Hacienda y negó irregularidades en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante una comparecencia bronca en la comisión de investigación sobre el brazo inversor del Estado, en la que chocó de forma reiterada con el senador del PP Gerardo Camps, que la acusó de eludir responsabilidades políticas sobre nombramientos, controles internos y operaciones como las de Air Europa y Plus Ultra.

Desde el arranque de la sesión, Camps sostuvo que la exvicepresidenta primera del Gobierno y exministra de Hacienda no acudía a la Cámara Alta por ser candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, como ella había denunciado en los últimos días, sino por su etapa al frente del departamento del que depende la SEPI. El senador popular defendió que la ley obliga a rendir cuentas por la designación de cargos y por la supervisión de las entidades del sector público empresarial.

Montero rechazó ese planteamiento y enmarcó toda su citación en una “utilización partidista” del Senado por parte del PP en plena precampaña andaluza. “Claro que estoy aquí como candidata del Partido Socialista a la Junta de Andalucía”, afirmó. A su juicio, los populares pretenden apartarla del debate político andaluz y convertir la comisión en una herramienta de desgaste. La presidenta de la comisión tuvo que intervenir en varias ocasiones para pedirle que se limitara a responder a las preguntas, después de varios rifirrafes sobre el formato del interrogatorio.

Buena parte del cruce se centró en el nombramiento de Vicente Fernández-Guerrero como presidente de la SEPI en 2018 y en la prolongada interinidad posterior a su salida. Camps pidió a Montero que aclarara si fue ella quien propuso su designación y por qué dejó 528 días vacante la presidencia antes de nombrar a Belén Gualda. La exministra evitó responder en los términos exigidos por el senador y remitió al procedimiento legal de nombramientos, además de vincular esa etapa a la necesidad de dar continuidad a la gestión en un contexto de pandemia.

El senador del PP rechazó esa explicación al recordar que el cese de Fernández-Guerrero se produjo en octubre de 2019, antes de la crisis sanitaria, y trató de fijar la idea de que existió una cadena de nombramientos de personas procedentes del entorno socialista y de la administración andaluza en puestos de responsabilidad dentro de la SEPI y sus participadas. Montero replicó que los mecanismos de designación, control y funcionamiento del holding público eran los mismos que con gobiernos anteriores del PP y defendió que los altos cargos nombrados reunían solvencia técnica y política.

Camps también interrogó a la compareciente sobre la relación entre Hacienda y los órganos de dirección de la SEPI, el papel del Consejo de Administración y las reuniones bilaterales con sus responsables. Montero aseguró que nunca participó en las reuniones de los órganos colegiados de la sociedad estatal, aunque sí admitió contactos habituales con altos cargos de su ministerio y con responsables de la SEPI dentro del funcionamiento ordinario del departamento.

La parte final de la comparecencia estuvo marcada por las preguntas sobre Air Europa y Plus Ultra. Montero rechazó hablar de “rescates” y defendió que se trató de préstamos tramitados con todas las garantías legales, avalados por informes técnicos y por organismos nacionales y europeos. También negó haber conocido supuestos informes internos contrarios o maniobras al margen de los cauces oficiales y aseguró que cualquier información posterior sobre antiguos responsables de la SEPI la conoció por la prensa.

La sesión terminó sin acercamiento entre las partes. Camps dio por acreditado que Montero evitó contestar a cuestiones concretas sobre control político, ceses y nombramientos. La dirigente socialista cerró filas en torno a su gestión y reiteró que su presencia en la comisión responde al interés del PP por usar el Senado como escenario de confrontación política en Andalucía.

El tono volvió a elevarse en el turno de Vox. Paloma Gómez trató de vincular la etapa de Montero en Hacienda con una supuesta estrategia de venta de patrimonio público, una pérdida de control sobre la SEPI y la actuación de intermediarios y comisionistas en operaciones bajo el perímetro del grupo estatal. Montero negó de plano que durante su mandato existiera una orden para “desmantelar” la SEPI o vender activos para maquillar pérdidas.

En el turno de UPN, María Caballero centró su intervención en la responsabilidad política derivada de los nombramientos y en la confianza personal depositada por Montero en cargos que después han quedado salpicados por investigaciones. La exministra respondió que cuando una persona de confianza incurre en conductas “inapropiadas” esa confianza “se pierde”, pero subrayó que los hechos investigados hoy por los tribunales son posteriores a la salida de Fernández-Guerrero de la presidencia de la SEPI.

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