Un nuevo modelo orientado a trabajadores y autónomos

Canarias bate récords y crece por encima de la media española: más turistas, más facturación, más empleo. Y, sin embargo, el archipiélago sigue teniendo importantes carencias a nivel macroeconómico y la productividad, lejos de aumentar, continúa en declive.

Esta paradoja —éxito macroeconómico sin bienestar real—, que aleja a la población de las islas de los estándares nacionales y europeos, es el punto de partida de la actualización del Régimen Económico y Fiscal (REF) que impulsa el comisionado del Gobierno regional, José Ramón Barrera.

El nuevo fuero mantiene lo que funciona, corrige desajustes e incorpora herramientas para ser competitivos en la economía actual. Más de una docena de medidas para su reforma cuentan ya con el respaldo del Parlamento de Canarias y figuran en el dictamen final de la comisión para el estudio y la revisión del REF, emitido en diciembre de 2025. Sin embargo, sigue sin cerrarse el consenso sobre la propuesta clave del nuevo modelo: un incentivo en el IRPF que dé al REF un enfoque social y reduzca la brecha de ingresos entre trabajadores y autónomos de las islas y la media nacional.

El planteamiento se basa en la idea de prosperidad compartida promovida por el Banco Mundial. Este concepto no busca repartir la riqueza que se genera entre más gente, sino hacer crecer la economía garantizando, mediante resortes fiscales, que sus beneficios sean mayores y lleguen a todos.

Para lograrlo hace falta actualizar los instrumentos del fuero con los que cuenta el tejido empresarial. “No podemos competir en la economía del siglo XXI con un sistema operativo diseñado en 1994”, advierte Barrera. Incentivos fiscales como la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), la Deducción por Inversiones en Canarias (DIC) o la Zona Especial Canaria (ZEC) nacieron en un contexto analógico, anterior a Google y, desde luego, a la inteligencia artificial.

En los años ochenta y principios de los noventa, estos instrumentos de política fiscal impulsaron con fuerza la transformación económica de las islas, con el auge del turismo y el transporte, y situaron a Canarias como locomotora nacional. Tres décadas después, el archipiélago es el vagón de cola.

“El REF no es el único responsable ni resolverá todos los problemas”, recuerda Barrera. A su juicio, el principal lastre es el inmovilismo: “Seguimos dando las mismas respuestas que sirvieron en un escenario que ya no existe”. Por ello, insiste en la urgencia de la reforma y advierte de que no actuar agravará la situación.

Los catedráticos de Economía de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Exeter, Gustavo Marrero y Miguel León Ledesma, han analizado los efectos del REF y han identificado diversas distorsiones derivadas de la acumulación de recursos poco productivos que han generado sus incentivos.

Su estudio concluye que, durante más de 30 años, el principal instrumento fiscal del REF, la RIC, ha favorecido la inversión en maquinaria, inmuebles o vehículos en lugar de impulsar la innovación, la mejora de procesos, la formación de capital humano o la mejora de los salarios. Además, tampoco ha beneficiado necesariamente a los sectores más productivos y ha consolidado a grandes empresas frente a nuevos proyectos sin beneficios iniciales.

Según los economistas, el modelo ha sido insuficiente para corregir desequilibrios, ha resultado ser estéril en tiempos de crisis y el tipo de inversión que incentiva ha agotado su capacidad de crecimiento y ha contribuido al estancamiento de la productividad canaria desde mediados de los noventa. Para revertir esta situación, el comisionado plantea las siguientes medidas:

Mejores ingresos y más productividad

La principal novedad del nuevo modelo es la inclusión de los trabajadores en los incentivos fiscales. El comisionado propone trasladar al ciudadano los incentivos que tradicionalmente se han dirigido a las empresas, mediante una deducción de hasta el 60% en el IRPF sobre nóminas y rendimientos de la actividad de los autónomos.

El modelo se inspira en la deducción aplicada en La Palma tras la erupción del Tajogaite, aunque con un diseño diferente. No se incluyen las rentas derivadas del ahorro o la inversión y la deducción planteada es progresiva para favorecer más a quienes menos ganan. Para eso, la deducción solo se aplica a los ingresos hasta 45.500 euros anuales en tributación individual y 60.500 en conjunta.

Dentro de estos márgenes, la deducción oscila entre el 60% y el 20% según el nivel de renta. En el caso de una trabajadora soltera, sin hijos, con un salario bruto anual de 22.000 euros, su nómina pasaría de 1.500 a 1.700 euros mensuales. Además de aumentar el consumo, los estudios de organismos internacionales y de las universidades canarias demuestran que un aumento de los salarios mejora la alimentación, la salud y reduce el estrés financiero de los trabajadores. También beneficia a las empresas al disminuir el absentismo laboral, un asunto clave para las pymes locales.

Más vivienda en alquiler

La reforma que permite aplicar la RIC a la construcción, compra o rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler residencial fue planteada al inicio de la legislatura por el vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, y el comisionado del REF, José Ramón Barrera, y entró en vigor en 2025. Su objetivo es movilizar inversión privada pendiente de materializar —que ronda los 3.500 millones de euros— para aumentar la oferta de inmuebles y contener los precios.

La norma exige que las viviendas sean nuevas en el mercado del alquiler, prohíbe su uso vacacional y que haya vínculos entre propietarios e inquilinos. Además, se obliga al propietario a hacer efectivo el arrendamiento en seis meses y mantenerlo un mínimo de cinco años.

Pymes con solvencia estratégica

Otra medida prioritaria es la adaptación de la Reserva para Capitalización. Este incentivo es uno de los más relevantes a nivel nacional sobre el Impuesto de Sociedades (IS) desde 2015. La idea planteada por el comisionado es reforzarlo en Canarias con un diferencial del 60%, lo que reduciría el IS de las pymes locales del 25% al 10% si mantienen sus beneficios como fondos propios.

El cambio supone pasar de la obligación de invertir a la posibilidad de reforzar la solvencia empresarial. Así, una cafetería, por ejemplo, podría destinar parte de los beneficios que genera el negocio para aumentar los salarios de sus empleados, fomentar su conciliación familiar, invertir en la adopción de tecnológica, que es lo que impulsa la productividad real, o blindarse y ganar músculo financiero para enfrentar posibles altibajos.

Una apuesta por diversificar

La reforma incorpora el nuevo Régimen de Sectores de Actividad Escasamente Implantados (RESEI), orientado a acelerar la diversificación de Canarias mediante la atracción de inversiones en actividades que aún no participan en la economía regional o cuya presencia es testimonial. Este instrumento ofrece un marco competitivo con tributación reducida durante los primeros 10 años de funcionamiento, sin exigir inversión inicial.

El modelo propuesto apuesta por la flexibilidad en un contexto de cambios constantes y no limita el acceso a sectores concretos, lo que abre la puerta tanto a actividades emergentes así como a otras aún por desarrollar.

Facilitar la contratación

Canarias presenta tasas de desempleo estructuralmente superiores a la media nacional. Los colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo son los menores de 25 años y los mayores de 52. Para mejorar sus oportunidades de inserción laboral y avanzar hacia la convergencia con los indicadores nacionales, el comisionado propone introducir una exención progresiva en las cuotas empresariales a la Seguridad Social.

Según la propuesta, las cuotas patronales estarían completamente bonificadas durante los primeros cuatro años de contrato. A partir del quinto año, se recuperarían de forma progresiva, con un incremento del 25% anual hasta alcanzar el 100%. Las personas contratadas deberán haber estado inscritas como demandantes de empleo durante al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación.

Islas iguales

Dentro de la batería de propuestas impulsadas por el comisionado del REF, se contempla también una medida transversal para que las islas no capitalinas alcancen niveles de bienestar equiparables al resto del archipiélago. En concreto, se plantea la creación de un multiplicador sobre el conjunto de deducciones del REF, de modo que los incentivos tengan mayor intensidad en estos territorios. Esta medida permitiría paliar los efectos de la doble insularidad y avanzar en el principio de continuidad territorial.

Nuevo impulso al producto local

Según un estudio de la Comisión Europea, el transporte internacional de alimentos genera cerca del 20% de las emisiones del sistema alimentario mundial. En Canarias, donde la industria representa apenas el 7% de la economía —frente al 17% de media nacional—, el abastecimiento depende en gran medida de las importaciones.

En un territorio frágil y aislado, fomentar la producción local resulta clave para reducir emisiones y reforzar la seguridad alimentaria. Con este objetivo, el comisionado plantea un incentivo a la adquisición de productos locales mediante deducciones en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades.

Solicitud de competencias

El Gobierno de Canarias ha solicitado al Estado el inicio de negociaciones para que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) delegue en la Agencia Tributaria Canaria (ATC) competencias tanto en la interpretación (consultas) como en la comprobación (inspecciones fiscales) de los incentivos del REF.

Esta iniciativa, planteada por el comisionado, se fundamenta en un principio de cogobernanza ampliamente compartido, reconocido en el marco estatutario y avalado a nivel constitucional y europeo. Además, otra de las propuestas contempla refundir la dispersa regulación de los incentivos fiscales del REF en una norma única, con el objetivo de simplificar su aplicación y reforzar la seguridad jurídica.