La especulación con pisos okupados, un negocio en alza en Canarias

Los pisos okupados han emergido como una oportunidad en plena emergencia habitacional. La creciente dificultad para encontrar viviendas disponibles está impulsando negocios que hasta ahora apenas tenían recorrido, como la compraventa de inmuebles okupados. La falta de oferta –en un parque residencial incapaz de seguir el ritmo de una demanda acumulada y en constante aumento– está abriendo nuevas vías de acceso a la vivienda. En este contexto de fuerte desequilibrio entre las casas disponibles y el número de solicitantes, los precios continúan al alza y los «hogares sin posesión» –así denomina Idealista a los adquiridos de forma legal, pero de imposible acceso por tener okupas– se consolidan como una alternativa más económica, con descuentos que pueden alcanzar hasta el 60%.

El último informe publicado por el mencionado portal inmobiliario revela que Canarias tiene un total de 603 viviendas okupadas a la venta, lo que supone el 3% de todos los hogares okupados ofertados en el país. Si se echa un vistazo a los datos del año anterior, la evolución al alza ha sido notable en ambas provincias. Entre octubre y diciembre de 2024, Las Palmas contaba con un total de 322 inmuebles con estas características y Santa Cruz de Tenerife, con 197. Sin embargo, un año más tarde, se evidencia un incremento del 8,1% en la provincia oriental, que cuenta con 348, y de un 29,4% en la de Santa Cruz de Tenerife -ahora con 255-.

Este crecimiento responde a un auge de este tipo de negocio. «Hay poca vivienda disponible y bancos y fondos venden inmuebles okupados con grandes descuentos para evitar largos procesos judiciales», explica Isidro Martín, delegado en Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI). Es más, a nivel nacional, el volumen de viviendas sin posesión que se oferta creció un 4,6% en un solo trimestre.

Existe el acuerdo mutuo

«En muchas ocasiones, las personas que okupan un piso no quieren vivir ahí», explica Samuel Romero, gerente de la empresa Pisokupa, dedicada a la compraventa de viviendas okupadas en toda España. Aunque no suelen trascender públicamente, existen casos de transacciones cerradas de mutuo acuerdo con los okupantes, favorecidas por su predisposición a abandonar la vivienda.

Eso sí, existen distintos perfiles de personas que okupan un inmueble. Romero facilita a sus clientes un perfil básico de quienes residen en la vivienda que están a punto de adquirir, lo que les permite hacerse una idea de la complejidad del proceso para recuperar la posesión del inmueble. «Muchas veces suelen salir si se les facilita un alquiler u otra vivienda», subraya el gerente.

Convivencia en un piso okupado, desde dentro

Patricia conoce la situación desde dentro. Okupó durante cerca de un mes una casa en el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria. La joven relata que llegó allí «por una amiga, contacto en común con la gente de esa casa», mientras se encontraba en Canarias como parada previa antes de embarcarse rumbo a Latinoamérica. La vivienda, abierta tiempo atrás por otro grupo, conservaba restos de un proyecto comunitario.

«Se notaba que estaba hecho con cariño: la cocina reformada, murales bonitos, un baño seco en la azotea...», aunque cuando ella llegó el espacio estaba «venido a menos» y habitado por personas «un poco apalancadas, sin mucha visión de hacer actividades para el barrio». Desde su experiencia, Patricia es muy crítica con el creciente negocio de la compra de viviendas okupadas para su posterior desalojo. «Hay gente que está en casas simplemente porque no pueden pagar un alquiler, aprovecharte de eso para hacer dinero me parece bastante mal». A su juicio, se trata de una práctica que convierte la vivienda en un activo financiero a costa de personas en situación vulnerable. «Es genial que alguien quiera hacer su negocio, pero hacerlo a costa de echar a gente de la casa en la que vive me choca bastante», añade.

¿Pero quiénes son los principales clientes de estas viviendas? Pues en esencia «pequeños inversores», considera el empresario Samuel Romero. La imposibilidad, tanto de quienes quieren adquirir la casa como de los propios tasadores, de acceder al inmueble y fijar su valor, significa que, en la mayoría de los casos, no se puede solicitar un crédito hipotecario. Sin ese respaldo financiero, son pocos quienes cuentan con el capital necesario para adquirir este tipo de viviendas al contado, lo que acaba concentrándolas en manos de no tan pequeños inversores o grandes tenedores.

Un negocio para inversores

En otras palabras, el comprador típico de una vivienda okupada es aquel que puede pagarla de su propio bolsillo y que está dispuesto a asumir una serie de riesgos. No obstante, aunque hace años solo podían comprar grandes fondos, actualmente «los particulares pueden adquirir viviendas okupadas, asumiendo el riesgo y los costes asociados», añade Isidro Martín, también secretario de la junta directiva de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco).

A pesar de las dificultades que entraña acceder a financiación bancaria para comprar viviendas okupadas –o el préstamo obtenido cubre una parte ínfima del precio– las cantidades negociadas para la transacción explican la ola de demanda sobre estos activos inmobiliarios. Mientras los precios habituales en Canarias, según Idealista, sitúan el metro cuadrado sobre los 3.150 euros, una casa okupada, según Romero, «puede estar entre un 30% y un 60% por debajo». De ello dependen varios factores como la ubicación, el estado del inmueble y su situación legal. Pero el hecho de que no pueda acceder un tasador a la vivienda antes de adquirirla «también implica unos precios más bajos», destaca Isidro Martín. Así, con un vistazo rápido a la página de Pisokupa queda clara la idea de que se puede conseguir un inmueble por 50.000 o 100.000 euros, algo prácticamente impensable dada la complicada situación del mercado inmobiliario en las Islas.

La operación implica asumir riesgos

El atractivo de la operación reside en los descuentos y en la posible rentabilidad una vez liberado el inmueble, aunque implica asumir un riesgo considerable. Desalojar una vivienda es un proceso largo y costoso. Como explica el delegado en Canarias de APEI, «los procedimientos son más lentos si tenemos en cuenta que los juzgados están saturados», de modo que una propiedad que podría recuperarse en tres o seis meses «prácticamente puede llegar a tardar de tres a cuatro años» hasta cambiar definitivamente de manos, advierte.

Por esta razón, bancos y fondos prefieren vender estos inmuebles con grandes descuentos, porque «echar a una persona de dentro les va a costar años de juicio, de procuradores, abogados y tiempo». El comprador, generalmente un inversor con recursos propios, debe asumir el riesgo de que «puede llegar a negociar o no, de que tiene que sacar a la persona que está dentro y de que se puede encontrar el inmueble destrozado».

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