Canarias, atrapada en el laberinto urbanístico

El urbanismo en Canarias atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. No por falta de normas ni de planeamiento, sino precisamente, por lo contrario. El diagnóstico que realiza la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife FEPECO y su presidente Óscar Izquierdo es tan contundente como incómodo: el planeamiento urbanístico ha dejado de ser un instrumento eficaz al servicio del interés general para convertirse en un ejercicio teórico incapaz de materializarse sobre el territorio.

El planeamiento no es un fin en sí mismo. Su razón de ser reside en su capacidad real de ejecución. Sin embargo, en numerosos municipios canarios existen sectores urbanizables que llevan años, incluso décadas, clasificados sobre el papel sin que se haya producido desarrollo alguno, pese a contar con iniciativa privada y demanda acreditada. Esta situación ya no puede atribuirse a retrasos puntuales ni a coyunturas excepcionales. Estamos ante un problema estructural de ineficacia administrativa que, según FEPECO, “alcanza niveles alarmantes en el Archipiélago”.

Tal y como describe Izquierdo, “se revela un modelo administrativo agotado, desconectado de la realidad económica y técnica. La jurisprudencia ha sido clara al señalar que la validez formal de un plan no exime a la administración de su obligación de hacerlo operativo. Clasificar suelo sin garantizar su gestión efectiva genera un efecto perverso porque se crean expectativas legítimas, se inmoviliza suelo, se tensiona el mercado existente y se encarecen los precios”.

“Esta parálisis tiene consecuencias directas y devastadoras. Expedientes urbanísticos que se prolongan durante más de una década sin resolución efectiva equivalen, en la práctica, a un bloqueo administrativo de hecho. Durante ese tiempo no se construye vivienda nueva, no se ejecuta vivienda protegida ya prevista, se pierden suelos dotacionales y se frena la actividad económica y el empleo”, subraya.

En esta línea, reitera que “la emergencia habitacional que sufre Canarias es la cara más dolorosa de este problema. La demanda de vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, supera ampliamente a la oferta disponible, generando un desequilibrio social evidente y un impacto económico negativo en todos los agentes del sector. Estamos ante un derecho constitucional básico que afecta de forma directa a miles de personas y familias que no pueden acceder a un hogar”.

“La concesión de licencias de obra mayor se ha convertido en el principal cuello de botella. Lo que debería ser un trámite reglado, ágil y transparente es hoy una muralla burocrática que paraliza inversiones, genera inseguridad jurídica y encarece los costes empresariales. Aunque la normativa establece tres meses para resolver una licencia, el promedio en Canarias se sitúa entre 18 y 20 meses, y en muchos municipios lo habitual es esperar más de cuatro años”, explica Izquierdo.

Óscar Izquierdo no oculta su indignación y describe una realidad que califica de insostenible: “Canarias sufre una administración pública que no sirve, que no funciona y que actúa como un muro infranqueable. Los ayuntamientos han convertido sus oficinas técnicas en verdaderos cementerios de empresas, donde los proyectos entran, pero no salen”.

Asimismo, pone de relieve que “la falta de recursos humanos en las oficinas técnicas municipales se utiliza como argumento recurrente para justificar los retrasos, pero sus efectos son demoledores. Las empresas asumen sobrecostes financieros derivados de la espera, comprometiendo su viabilidad y debilitando un sector que es motor económico y herramienta social de primer orden. Sin licencias no hay obras, y sin obras no hay viviendas ni desarrollo urbano”.

Óscar Izquierdo reclama una reacción urgente y realista. Más personal cualificado en urbanismo, digitalización efectiva de los procedimientos, plazos garantizados por ley y una nueva cultura administrativa basada en la responsabilidad, la productividad y la evaluación del desempeño. “El descrédito institucional que genera este bloqueo administrativo es profundo. La inflación normativa, la desconfianza hacia el contribuyente y una organización obsoleta han creado el cóctel perfecto para que nada avance. Con medios del siglo XXI se siguen resolviendo expedientes con tiempos del siglo XIX”, sostiene.

Para FEPECO y su presidente, el mensaje es claro: O se ejecuta el planeamiento y se desbloquea la concesión de licencias o Canarias seguirá atrapada en una emergencia habitacional y económica que no es inevitable, sino provocada. Resolver este problema no es una opción política más, es una obligación con la sociedad y con el futuro del Archipiélago.