Labor extra para los graduados sociales de Canarias tras decaer el decreto ómnibus

El efecto que la no convalidación del decreto ómnibus supone, en palabras del presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso «un claro ejemplo de la carga regulatoria innecesaria que soportan las empresas». Hay que reconfeccionar las nóminas para dejar sobre la mesa los retoques en las cotizaciones a la Seguridad Social que, además de la revalorización de las pensiones, contenía el texto al que el lunes pusieron la proa en el Congreso de los Diputados PP, Vox y Junts.

Y luego, cuando se halle el modo de que las decisiones del Gobierno de España en lo que respecta a las relaciones laborales y las cotizaciones sociales salgan adelante habrá que dar para adelante nuevamente y calcular los atrasos acumulados. El pequeño tamaño de la inmensa mayoría de las empresas del Archipiélago hace imposible que cuenten con un departamento de recursos humanos, por lo que en una gran parte deciden externalizar esta labor.

"Lío tremendo"

El vicepresidente del Consejo Canario de Graduados Sociales –prestan este servicio–, Fermín Ojeda, calcula que entre «el 80% y el 85%» de los negocios de las Islas dejan en manos del colectivo que representa labores como la confección de las nóminas, entre otros. El también miembro de la Comisión Permanente del Consejo General de Graduados Sociales de España afirma que el resultado de la actividad política les ha metido en un «lío tremendo».

La sobrecarga de trabajo resulta incalculable, pero «es mucha sin duda», señala Ojeda, quien lamenta que sean ellos quienes tengan que padecer las consecuencias. «Es una pena que esto ocurra, el sector está cabreado, porque parece que somos casi trabajadores del Estado, pero sin cobrar de él», continúa Fermín Ojeda.

Falta de consenso

Evitar este trabajo doble a las empresas y, por extensión, a los graduados sociales que atienden sus necesidades, habría sido posible. ¿Cómo? Con el «consenso social y político» que Pedro Alfonso echa en falta cuando se intentan aprobar cuestiones de relevancia como las que colisionaron con el muro de la oposición en la Cámara Baja.

Eso y, además, sometiendo por separado al criterio de sus señorías cada cuestión que deba ser votado. «No es una cuestión de ideología, todos los partidos que están en el poder tiran de esa fórmula de juntar en un mismo decreto cuestiones que no tienen nada que ver para obligar a los demás a pasar por el aro; está claro que no puede hacerse así», señala Fermín Ojeda sobre la negativa que obtuvo en el inicio de la semana la frustrada iniciativa del Gobierno central. Lo contrario, a la vista está, termina por perjudicar a colectivos sensibles como pueden ser los pensionistas. «Que acabarán teniendo la subida que les toca, pero por el momento tendrán que esperar», concluye el representante de los graduados sociales.

"Otra piedra en la mochila"

Y también terminará la espera para ajustar las cotizaciones a la Seguridad Social, el principal escollo al que se enfrentan las empresas para la elaboración de las nóminas. En el fallido decreto se incluían las revisiones al alza del Mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), la Cuota de solidaridad y la base máxima de cotización. «Una piedra más en la mochila de los empresarios», relata el presidente de CEOE-Tenerife, que tendrán que dedicar un tiempo extra de trabajo a ajustarse al ritmo de aprobación de las leyes.

Fermín Ojeda señala que lo ideal sería contar desde noviembre con las reglas claras para que el funcionamiento de las empresas en el aspecto laboral se mantuviera engrasado en todo momento. De nuevo, por traslación de la labor, son los graduados sociales quienes se enfrentan a la elaboración de los documentos y su posterior reelaboración, con la pérdida de tiempo que eso supone teniendo en cuenta que son los de ocho de cada diez empresas canarias. «Lo peor es que no es la primera vez que esto sucede», lamenta Ojeda.

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