Cerca de 100.000 caseros de Canarias, atentos al alcance de la rebaja del IRPF

Un total de 93.415 canarios permanece a la expectativa hasta saber cuánto podrá deducirse en la próxima declaración de la renta de esos ingresos que obtiene del alquiler de una vivienda a una persona o familia que la usa como residencia habitual. Son esos caseros isleños que ya disfrutan de una rebaja en el IRPF precisamente por tener su propiedad arrendada a inquilinos que la viven como su hogar. Una medida impositiva con la que se ha querido incentivar el alquiler ordinario, habitual o de larga estancia frente al boom de la vivienda vacacional, que no es el origen de la carestía de las casas que padecen España, en general, y Canarias, en particular, pero que sí ha añadido más leña al fuego por cuanto ha dado lugar a un trasvase de inmuebles del mercado residencial al turístico.

Menos oferta, una demanda creciente –las Islas no han dejado de ver incrementar su población en las últimas décadas– y, en última instancia, precios más altos. El caso es que con ese objetivo de fomentar ‘alquileres asequibles’, el Gobierno central ya aprobó en su momento una rebaja de hasta el 60% de los rendimientos netos obtenidos por el arrendamiento de vivienda habitual, una rebaja que los caseros pudieron aplicarse en la declaración de la renta de 2023 y que se redujo luego al 50% en la de 2024, la presentada el año pasado.

Ahora el ejecutivo de Pedro Sánchez quiere elevar la deducción hasta el 100% –es decir, que el arrendador no pagaría ni un céntimo por los ingresos obtenidos del alquiler de su vivienda– en favor de aquellos propietarios que renueven los contratos con sus inquilinos sin subirles el recibo mensual. De hecho, el Gobierno va a aprobar la medida vía real decreto-ley «en las próximas semanas», según anunció el mismo Sánchez. ¿Por qué entonces están los caseros a la expectativa? Pues porque ese decreto, que contendrá otra serie de medidas en materia de vivienda, tendrá que ir al Congreso a los 30 días de su publicación en el boletín oficial, y el Ejecutivo no tiene los apoyos suficientes en la Cámara para convalidarlo.

El Gobierno estatal anunció su intención hace dos semanas: ese nuevo paquete de medidas dirigidas a aliviar el mercado del alquiler. Entre las iniciativas más destacadas figura la bonificación del 100% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en las ganancias obtenidas por los propietarios que renueven los contratos de sus inquilinos sin subirles el recibo, pero también la delimitación de los precios de los arrendamientos por habitaciones, que no podrán sumar en su conjunto más que el contrato de la vivienda al completo. La medida beneficiará –o beneficiaría– a esos casi 100.000 caseros en las Islas, que según los últimos datos de la Agencia Tributaria, tributaron por este concepto en 2023. Eso sí, la normativa afecta solo a la renta de las familias y los hogares y no a la de las empresas.

Además, hay que precisar que la nueva iniciativa no se aplicará a todos los caseros, sino solo a aquellos que tengan que renovar el contrato tras los cinco años de vigencia. Por regla general, los propietarios aprovechan esa actualización para subir considerablemente la renta, y ahí es donde el nuevo paquete de medidas pretende que la rebaja del IRPF compense lo que ganaría el propietario de una vivienda en arrendamiento si incrementase el recibo. De todos modos, los detalles de la aplicación de esta reducción aún están por definir. El Gobierno, más allá del anuncio avanzado por Sánchez, todavía no ha precisado la iniciativa.

Ya con la aprobación de la ley estatal de vivienda de 2023 cambió el sistema de reducciones fiscales del IRPF para arrendamientos de vivienda habitual en los nuevos contratos. Desde entonces, la reducción mínima ha pasado de ese 60% al 50%, pero pudiendo alcanzar hasta el 90% si se cumplen otros requisitos adicionales, como, por ejemplo, haber rebajado la renta al menos un 5% en las zonas tensionadas.

Al respecto, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han reclamado una mayor concreción de las medidas fiscales, incluyendo incentivos y mecanismos de contención de precios para evitar tanto fraudes como distorsiones. Gestha considera necesario reestructurar los incentivos vigentes, teniendo en cuenta la bonificación del 90% que ya se aplica a los propietarios que renuevan contratos y bajan el precio. De no realizarse esta redefinición, los técnicos avisan que podría percibirse que los caseros que mantienen el precio obtienen más ventajas fiscales que aquellos que lo rebajan.

Por su parte, en Sumar –partido clave en el Congreso para que la rebaja del 100% pueda salir adelante– insisten en que no pueden aceptar que se den «regalos fiscales» a los propietarios y destacan que es una «línea roja» sobre la que no se puede negociar con el PSOE. De esta forma, rechazan de plano explorar algún tipo de progresividad en esta bonificación, pese a que algún sector de la coalición se abría a explorarlo. Dentro del grupo parlamentario tildan de «salvajada» el mero hecho de plantear exenciones tributarias a propietarios de pisos cuando la brecha de ingresos con respecto a los inquilinos supera el 80%.

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