Reacción a la decisión del Europarlamento
El Gobierno español afirma que el acuerdo con Mercosur se puede aplicar con carácter provisional
El Ejecutivo niega que el tratado haya quedado paralizado con su envío al TJUE, porque basta con que Argentina, Brasil, Paraguay o Uruguay le den el visto bueno para que pueda en entrar en vigor

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, celebran con negociadores la firma del acuerdo UE-Mercosur. / Tania Rego/Agencia Brazil/dpa
El Gobierno de España ha lamentado este miércoles la moción del Parlamento Europeo de remitir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) algunos de los elementos contenidos en el acuerdo firmado la semana pasada entre la UE y Mercosur, una decisión que, en cambio, ha sido aplaudida por el sector agrario español. Con todo, el Ejecutivo confía en que el tribunal "confirmará la solidez jurídica del tratado, porque no difiere en estructura ni contenido de otros ya aprobados con terceros países".
Según fuentes del Ministerio de Economía, la medida no paraliza, como se ha dicho, la entrada en vigor de la alianza comercial, ya que basta con la simple ratificación de uno de los países que integran Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) para que los procedimientos del acuerdo entren en vigor de manera provisional. De hecho, según subraya el departamento que dirige el ministro Carlos Cuerpo, "cada mes de retraso en la entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur implica costes relevantes para nuestra economía y para la competitividad de nuestros sectores". Algunos analistas calculan estos costes en torno a 4.400 millones de euros de PIB no generado y 3.000 millones de euros en exportaciones perdidas.
Economía insiste, en un comunicado, en que "el acuerdo suprime más del 90% de aranceles a las exportaciones europeas, lo que ahorrará a las empresas europeas más de 4.000 millones de euros anuales en aranceles" y menciona que incorpora "compromisos firmes en materia de sostenibilidad y mecanismos de protección, incluyendo cláusulas de salvaguardia específicas para los sectores más sensibles, en particular el agrícola".
Aunque entiende que "el hecho de pedir una opinión al TJUE sobre competencias y compatibilidad con los tratados es un procedimiento habitual", el Gobierno de Pedro Sánchez insiste en que seguirá trabajando con los socios de Mercosur "para mantener el impulso y avanzar en la entrada en vigor de este acuerdo, que es de gran importancia especialmente en estos momentos de inestabilidad geopolítica".
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