El contrabando de aguacate se dispara en Canarias: requisan 805 kilos en los aeropuertos este año

De las fincas canarias a la mesa. La fiebre del aguacate inunda las cartas de las cafeterías en las que no queda tostada sin un toque verde y cremoso. Y, aunque la normativa de las Islas prohíbe la importación de esta y otras frutas y productos vegetales, son cada vez más quienes la introducen desde terceros países y la propia Península a través de los aeropuertos, pese a las sanciones y al peligro de extender nuevas plagas en el territorio. Esta práctica irregular va en aumento. Solo en los controles aduaneros de pasajeros procedentes de países extracomunitarios de la Unión Europea (UE) se ha multiplicado por tres el número de kilos confiscados respecto a 2024. En lo que va de año se han realizado 154 aprehensiones y una requisa de 805 kilos. 

Por normativa europea solo se realizan controles aduaneros a los equipajes de pasajeros que llegan desde fuera de la UE, aunque también a aquellas maletas que pertenecen a viajeros con etiqueta de trasbordo. A raíz de estas revisiones se extrae el aumento en el número de kilos que han tocado suelo canario. En 2024 se realizaron 57 inspecciones de las que se obtuvieron 255 kilos de oro verde y este año el número asciende a un total de 154 inspecciones y 805 kilos. Además, el dato podría ser aún mayor si se considera que la importación también puede venir en las maletas de aquellos que viajan desde la Península o de los extranjeros de países de dentro de la Unión Europea y para quienes no se aplica un control fronterizo. 

Los meses con mayores intervenciones este año fueron octubre, con un total de 45, y septiembre, con 27. Precisamente, el caso más destacado se produjo el 12 de octubre, cuando a un pasajero que llegó a Tenerife desde Venezuela se le incautaron 30 kilos de aguacate, 17 de coco y un tallo de aguacate. En estos supuestos, el procedimiento consiste en la retirada de los productos y su posterior destrucción mediante congelación en arcones facilitados por Sanidad.

El visitante alegó que la mercancía era para consumo propio. Desde el punto de vista aduanero, al tratarse de un género cuya entrada está prohibida en Canarias, podría caer en la tipificación de contrabando. No obstante, en los casos de viajeros que portan algunos aguacates en la maleta –como en esta ocasión– no se suele apreciar dolo en la conducta. De hecho, el propósito suele ser consumir productos de gran calidad como aquellas frutas tropicales y subtropicales que son originarias de países de Latinoamérica o para continuar degustando una fruta, como el aguacate, a un precio menor, ya que en el Archipiélago puede alcanzar hasta los 15 euros el kilo.

Aumenta el consumo

El consumo de aguacate ha experimentado un notable auge en los últimos años acompañado de una elevada demanda que, según explica Juan Ramón Rodríguez, director general de Agricultura del Gobierno de Canarias, “da lugar a estas circunstancias no deseables”. Ya no solo se trata de importaciones desde terceros países, sino que desde hace tiempo los agricultores denuncian los robos de aguacates en sus propias fincas. Rodríguez advierte: “Quienes comercializan luego ese producto deben saber que es un riesgo. No están al tanto de los productos con los que ha sido tratado ese aguacate”. 

Cuando la oferta no alcanza a cubrir la demanda, los precios se encarecen. Ante este escenario, los agricultores llevan tiempo manos a la obra y el Archipiélago ha registrado un incremento en la superficie dedicada a cultivos subtropicales como la papaya, el mango y el aguacate. La superficie registrada de aguacate en Canarias es de 2.560 hectáreas. Aunque los rendimientos productivos por unidad de superficie son muy inestables –dependiendo de varios factores como los ambientales– la producción oscila entre los 9.500 y 10.000 kilos por hectárea.

Esta limitada capacidad productiva, así como la falta de competencia, se refleja en los precios. En los supermercados de las Islas, el aguacate puede alcanzar los 15 euros el kilo, mientras que en la Península, por lo general, no supera los cinco euros. La normativa vigente protege el producto local al prohibir la entrada de frutas y productos vegetales en el Archipiélago desde cualquier origen. El objetivo parte de “establecer un blindaje para evitar la entrada de plagas que luego resultan muy difíciles de erradicar”, explica Rodríguez, en un contexto en el que los productos importados no solo podrían introducir enfermedades nuevas, sino también poner en peligro la salud de los consumidores porque “desconocemos los productos fitosanitarios que se han empleado en otros países”. 

Al mismo tiempo, las restricciones pretenden proteger el producto local, que “no es capaz de competir cuantitativamente con el producto de fuera”, aunque sí en cuanto a la calidad que “ha sido contrastada por organismos auditores externos al agricultor”.

Suscríbete para seguir leyendo