Cabildos y ayuntamientos pisan el acelerador y disparan la obra pública

Con el pie en el acelerador. Así han pasado ayuntamientos y cabildos los diez primeros meses de este año en lo que ha licitaciones se refiere. Las administraciones locales se han puesto las pilas a la hora de sacar a concurso la remodelación de plazas, la construcción de ambulatorios o la renovación de colegios, lo que ha disparado su volumen inversor en 2025. En total, todos los organismos –el Estado, el Gobierno regional y las corporaciones locales– han sacado a concurso hasta el pasado mes de octubre obras por un valor de 1.308 millones de euros. Una cifra no solo supera ampliamente lo licitado el año pasado —1.127 millones en el conjunto de 2024—, sino que implica que en apenas diez meses ya se ha registrado un 16% más de inversión pública que en los doce meses anteriores. Una situación que confirma el intenso ritmo que están llevando, principalmente cabildos y ayuntamientos, para poder poner en marcha los proyectos que se habían fijado para esta legislatura.

Un análisis más detallado de la estadística de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) permite verificar como, de nuevo, son los municipios y los cabildos los que están sosteniendo el grueso del impulso inversor. Entre enero y octubre han licitado proyectos por 929 millones de euros. Una cantidad nada desdeñable, sobre todo si se tiene en cuenta que en todo el año pasado, estas mismas administraciones movilizaron un total de 730 millones de euros. Lo que significa que en diez meses ya han superado en un 27% esta cifra.

La cantidad que los ayuntamientos han puesto sobre la mesa no tiene nada que ver con la del Gobierno autonómico, que ha sacado concursos por valor de 216 millones. Aunque esta administración ya ha licitado obras por valor de 75 millones de euros más que en todo el año pasado. El Ejecutivo central es el único organismo que ha bajado su pulso inversor y no ha sobrepasado sus cifras de 2024. Hasta octubre ha movilizado 162 millones de euros, frente a los 216 que licitó en todo el pasado ejercicio.

Estos datos son un buen termómetro para medir, no la actividad actual del sector de la construcción, sino la futura. Ya que, buena parte de su trabajo, viene directamente de este tipo de proyectos.

Pero en esta cuestión se debe advertir una cosa, el músculo que está exhibiendo el sector público en cuanto a su capacidad licitadora no se traducirá de igual manera en trabajo para el sector dentro de unos meses. ¿Cuál es el motivo? Que buena parte de esas obras públicas que se licitan ahora quedarán sin adjudicarse, tal y como ha venido ocurriendo a lo largo de este año. Solo hasta agosto, 92 obras públicas que habían salido a concurso público por 160 millones han quedado desiertas. Entre las razones están que las patronales sectoriales aluden a que las condiciones de buena parte de los contratos están desfasadas y, por tanto, es inviable para las empresas llevar a cabo las obras con el dinero estipulado, por lo que no se presentan a los concursos.

De esta manera, la falta de actualización de los precios, ajustándolos a la inflación, deja fuera de juego muchos contratos. El incesante incremento de los costes de todos los aspectos incluidos en este tipo de procedimientos –desde el material, hasta la mano de obra– es otro de los factores que está empujando hacia arriba del volumen total de licitaciones. Tanto que las cifras ya están muy cerca de las que se registraban en plena burbuja inmobiliaria, cuando la maquinaria inversora pública funcionaba a pleno rendimiento. 2006 fue el año en el que las administraciones públicas licitaron en Canarias la cifra más alta de la historia 1.813,3 millones de euros. A falta de conocer los datos de los dos últimos meses del año, el montante supera ya los 1.300 millones en 2025. Este aumento coloca al presente ejercicio en niveles no vistos desde hace casi dos décadas. De hecho, el volumen actual de licitaciones ya ha superado el del “dopaje inversor” de 2009, cuando el Plan E disparó la obra pública en todo el país.

Los que sí han rebasado ya sus cifras históricas son los propios ayuntamientos. Nunca antes estas administraciones, las más cercanas a los ciudadanos, habían sacado a concurso un volumen de inversión tan importante. Y para entender esta fiebre licitadora, no solo se ha de tener en cuenta la dinámica propia del sector público, sino también el calendario electoral. Faltan menos de dos años para que se celebren los comicios municipales y los alcaldes aceleran sus proyectos para que las obras puedan estar listas a tiempo. El objetivo: poder dar cuenta a sus vecinos de los éxitos alcanzados, antes de que tengan que tomar una decisión en las urnas.

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