Cabildos y ayuntamientos tiran de la obra pública y licitan un 77% más este año

Las administraciones públicas -el Estado, el Gobierno regional y las corporaciones insulares y locales- han sacado a concurso público en los primeros ocho meses del año obras por valor de 1.057 millones de euros. Se trata de una cantidad que supera con creces a la inversión que se había realizado en este mismo periodo un año antes. Pero si se observa con detalle la estadística de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) puede comprobarse como son precisamente los cabildos y ayuntamientos canarios los que más están tirando del carro de la obra pública.

Entre enero y agosto de 2025 las administraciones locales han licitado proyectos por un montante de 738,6 millones de euros. Una cifra que es un 77% superior a la que se registró en los primeros ocho meses de 2024 y que se concreta en 320,5 millones más. Un dinero que sale de las arcas municipales e insulares que es en buena parte responsable de que la inversión pública en obras e infraestructuras en Canarias se haya incrementado un 57%.

De hecho, cabildos y municipios han sacado a licitación en este periodo más fondos que en todo el año pasado, quedando patente la relevancia de este avance. Las corporaciones parecen, por tanto, haber puesto el pie en el acelerador, llegando a montantes nunca antes vistos, ni siquiera durante los años de boom económico, cuando la burbuja inmobiliaria parecía irrompible y el dinero salía a espuertas de las arcas públicas.

Obras

Pero, ¿significa esto que los vecinos comenzarán a ver inmediatamente sus calles asfaltadas, sus pabellón terminado o su nueva biblioteca abierta? Pues no. Hay que detallar que una cosa es la licitación y otra muy distinta la adjudicación de todos estos proyectos. Cuando se licita la renovación de una plaza o la mejora de las cubiertas de algún edificio público se realiza un trámite al que pueden presentarse las diferentes empresas interesadas en llevar la obra a cabo. Después, una vez estudiadas las ofertas y tras llevar a cabo todas las comprobaciones y requisitos legales pertinentes, se adjudica a la más ventajosa o adecuada. Un paso que puede llegar muchos meses después. Y eso si la licitación acaba por ser adjudicada, ya que en los últimos años aquellos proyectos que no encuentran ninguna empresa que los lleva a cabo han ido en aumento.

Las licitaciones no son un buen indicador de que habrá obras de forma reciente, pero sí lo son de la actividad que llegará después. Por eso, que la inversión en obra pública se haya incrementado tanto este año, es una buena noticia para el sector de la construcción, que mira siempre de reojo estos datos, porque de ellos depende en buena medida el nivel de actividad que tendrán sus empresas en un futuro cercano.

Pero en 2025 no son solo los cabildos y ayuntamientos los que parecen estar poseídos por una fiebre licitadora. El Gobierno de Canarias también se ha puesto las pilas y ha incrementado su volumen un 68%. En concreto, ha sacado obras a concurso por valor de 185,5 millones, 75,2 más que hasta agosto del año pasado.

Estado

El Estado es el la única administración pública que ha reducido su nivel inversor en el Archipiélago en lo que llevamos de año. El volumen de sus licitaciones se ha reducido un 8% si lo comparamos con el de 2024, lo que se traduce en 12 millones de euros menos, que sitúan el total en 133 millones.

Aun con todo, los niveles de inversión en obra pública llevan varios años disparados y superar los 1.000 millones en tan solo ocho meses es, ya de por si, muy relevante. Pero detrás de este notable incremento de los fondos licitados no se esconde un súbito incremento de la diligencia de las administraciones públicas para llevar hacia adelante los proyectos que tienen pendientes. Existen muchos otros factores que explican esta tendencia.

En primer lugar, se debe entender que el volumen licitador sigue un ciclo, que se acompasa, generalmente, con el calendario electoral. Suele haber un parón en el año en el que se celebran los comicios, por los cambios en las corporaciones y la falta de rodaje de los nuevos equipos y, sin embargo, se dispara en los años previos a las elecciones. ¿Por qué? Por un lado porque alcaldes, concejales, presidentes y consejeros ya están rodados y es el momento de que vayan saliendo todas aquellas iniciativas que se han previsto desarrollar durante el mandato. Y por otro, porque cuanto más cerca de las elecciones finalice la obra, más rédito electoral se podrá obtener por ella, presentándole al vecino la nueva piscina municipal, el centro de mayores o el nuevo parque infantil. En este caso 2025 no es antesala de año electoral, pero se nota que nos encontramos a mitad de legislatura y la maquinaria licitadora ha comenzado ya a trabajar.

Pero a parte de esto, existen otras causas que están tirando hacia arriba del volumen de las licitaciones. Una de ellas ha sido en los últimos años la inflación y el encarecimiento de los materiales de construcción. Una obra que hace cinco años hubiera costado 250.000 euros ahora costará mucho más, por lo que su licitación será también más cara, lo que engrosa la cuenta final. Por otro lado, pero no menos importante, la recaudación de las administraciones públicas está en máximos históricos, lo que permite a ayuntamientos y cabildos, pero también a los gobiernos estatal y autonómico, disponer de liquidez con la que afrontar todos estos proyectos.

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