El límite del PSOE al alquiler turístico: máximo tres casas por propietario

Máximo tres casas vacacionales por propietario. Esta es la limitación que el Partido Socialista (PSOE) quiere impulsar en el Archipiélago para evitar los efectos negativos que la presencia de grandes tenedores de vivienda puede tener en el desarrollo de esta actividad económica y promover la redistribución de la riqueza que genera el turismo. De esta manera, un mismo titular, ya sea una persona particular o una empresa, no podría poseer más de un 25% de tres casas vacacionales ubicadas en cualquier municipio de Canarias. Así se refleja en una de las 25 enmiendas que el grupo ha presentado para tratar de modificar el texto del Proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas.

Una norma con la que el PSOE comparte con el Gobierno regional –conformado por Coalición Canaria y el Partido Popular (PP)– el fondo, ya que consideran necesario una ordenación, pero no la forma, tal y como apuntó este viernes 4 de julio su portavoz, Sebastián Franquis. El socialista acusó al Ejecutivo regional de haber dado alas al problema, negándose a aprobar una moratoria, al menos durante el tiempo en el que durara su tramitación. 

El Proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas es una norma que ha estado acompañada de polémica desde su presentación. No ha gustado a los propietarios, no ha sido del agrado de los ayuntamientos y tampoco ha entusiasmado a los grupos en la oposición. Las 6.067 firmas, 685 escritos de empresarios y 990 quejas ciudadanas registradas en el Parlamento para modificarla dan buena fe de ello.

CC y PP presentan más reformas que los grupos de la oposición para simplificar trámites a los ayuntamientos isleños

Ahora, el texto ha recibido una cascada de enmiendas por parte de los diferentes grupos políticos. 113 posibles modificaciones que buscan remendar una norma, que incluso la consejera de Turismo, Jéssica de León, confió en que podría mejorarse por esta vía. Y llama la atención que 54 de estas enmiendas hayan sido presentadas, precisamente, de forma conjunta por nacionalistas y populares. Modificaciones que son más numerosas que las que han registrado el PSOE o Nueva Canarias (NC). 

Aunque el objetivo de muchas de ellas es mejorar técnicamente el documento, buena parte también busca dotarla de mayor simplificación, sobre todo respecto a los trámites que tienen que llevar a cabo los ayuntamientos, una de las grandes demandas de las corporaciones locales. Así lo explica la diputada nacionalista Socorro Beato, quien añade que algunas de las enmiendas están dirigidas a simplificar la labor que tienen que llevar a cabo cabildos y ayuntamientos respecto a las comprobaciones y el régimen de inspección. Por otro lado, otra propuesta también incluye una flexibilización respecto a los requisitos en el planeamiento de cada municipio, ya que si bien habrá aspectos generales que todos deberán cumplir, cada corporación en su planeamiento y ordenanza podrá articularlo para endurecerlo o flexibilizarlo en función de su situación.

Otro buen número de ordenanzas –en las que coinciden no solo los nacionalistas y populares sino también el PSOE y NC– hace referencia a la singularidad de las Islas Verdes y de ciertos municipios, en los que la tendencia no es hacia el incremento de población sino todo lo contrario. Para ello, los grupos han introducido enmiendas para adaptar las restricciones que impone la normativa respecto, por ejemplo, a la cantidad de viviendas vacacionales que pueden existir en función del parque de vivienda, a la realidad de estas localidades. Ya que la existencia de estos alojamientos, más que un perjuicio, puede ser un acicate para su actividad económica y social. 

Vox es el único partido que no presenta enmiendas a la norma, ya que, aseguran, no se puede salvar con parches

Nueva Canarias, por su parte, ha introducido también sus enmiendas varias que van dirigidas no a la actividad del alquiler vacacional en si misma, sino a la problemática de la residencialización que experimentan muchos núcleos turísticos. En este sentido, plantean que aquellos propietarios de establecimientos alojativos para los que no se haya designado una empresa explotadora puedan comercializarlo de manera individual. 

El único grupo político que no ha presentado ninguna enmienda a esta ley es Vox, formación que, por otro lado, ha sido de las que más ha levantado la voz contra ella, presentando incluso una enmienda a la totalidad que fue tumbada en el Parlamento canario. Ahora, renuncian a presentar modificaciones parciales al texto argumentando que ninguna podría subsanar el «despropósito» que esta ley implica para los canarios, la actividad económica y el derecho a la propiedad.

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