El Gobierno dispara un 40% hasta los 20.500 millones el agujero inmobiliario del rescate a las cajas de ahorros

El traspaso a la nueva empresa pública Sepes de las 40.000 viviendas y los 2.4000 suelos edificables propiedad de Sareb, anunciado este martes en el Consejo de Ministros por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, disparará el coste que para las arcas públicas del rescate a las quebradas cajas ahorros y bancos de 2012. Aunque Rodríguez ha apuntado que la transacción se realiza por cero euros, la renuncia a vender estos activos supondrá asumir el pago de 5.900 millones de euros de deuda que tiene el 'banco malo' y que está avalada por el Estado.

Para entender el impacto que esta decisión tendrá en las cuentas públicas hay que remontarse a 2012, con la constitución de Sareb. Entonces, el Ejecutivo de Mariano Rajoy creó este 'banco malo' con activos valorados en 50.781 millones de euros y asumió una deuda por el mismo importe. Sin embargo, aunque esa cifra fue el valor al que se tasaron, el precio real de los inmuebles en el mercado era inferior a este, provocando que, cada vez que se vendía uno, de media se realizaba por debajo de su teórica valor, razón por la que Sareb asumía una pérdida. Este es el motivo por el que cuanto más activos vente mayores pérdidas declara esta entidad, que además trabaja con un patrimonio neto negativo, algo inviable en una empresa 'normal', ya que estaría en causa de disolución.

A cierre de 2023 —la entidad presentará las de 2024 en las próximas semanas—, el patrimonio neto negativo de Sareb era de 14.646 millones de euros, importe que responde a la diferencia entre el precio al que se incluyeron los activos en la empresa y su valor teórico a día de hoy. En la práctica, este patrimonio neto es la pérdida que supondrá para las arcas públicas el rescate de las cajas de ahorros y la cuantía de deuda que no podrá devolver y deberá ser asumida por el Tesoro cuando la entidad se liquide, algo que está previsto que ocurra en 2027.

A la espera de la actualización de esta cifra, que previsiblemente se mantendrá en el mismo entorno o se habrá incrementado ligeramente durante el último año, con este traspaso decisión del Ministerio de Vivienda, la factura se disparará cerca de un 40%, superando ya los 20.500 millones de euros. ¿Por qué? Sareb está renunciando a vender activos valorados en 5.900 millones de euros, que le permitiría devolver más de 5.000 millones de euros de su deuda. Estos pasivos, al no disponer de activos para hacer frente, será el Tesoro el que se haga cargo, ya que desde 2021 los bonos se computan como deuda pública. Fuentes del Ministerio matizan que "la liquidación de los avales de Sareb se hará efectiva el día que se liquide, no se puede inferir ahora nada al respecto".

Decisión política

La decisión tomada por el Ministerio de Vivienda responde a una motivación política, contraria a la llevada a cabo por el Partido Popular: el Gobierno de Sánchez ha priorizado endeudarse para disponer de un parque de viviendas público, frente a la decisión del anterior Ejecutivo, que apostó por vender todo lo posible para rebajar el apalancamiento público. Sin ir más lejos, Isabel Rodríguez, en el anuncio del traspaso, ha insistido en que "se trata de enviar aquello que un día sirvió para rescatar a los bancos, hoy a rescatar a las familias". La realidad es que, si el Ejecutivo hubiese optado por vender los activos residenciales de Sareb, hubiese tenido serias complicaciones para adquirir en el mercado una cartera de viviendas de forma tan rápida y sencilla.

Conviene mencionar que esta decisión no está exenta de coste para las arcas públicas, ya que, aunque el Estado tiene aprovisionado el coste de la deuda de Sareb, será a partir de 2027 cuando la asuma si la entidad no puede repagarla. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que Sepes recibirá suelo con capacidad para levantar 2.400 pisos, pero donde hay que realizar aún la inversión. Las cuentas básicas utilizadas en el sector cifran entre los 5.500 y 6.875 millones de euros el capital necesario para poner en marcha de estas 55.000 inmuebles sobre estos terrenos, teniendo en cuenta que los costes oscilarían entre 100.000 y 125.000 euros por piso. Con los presupuestos actuales, difícilmente Sepes podrá disponer de esta cuantía en los próximos ejercicios. Por el contrario, las mismas fuentes de Vivienda y Agenda Urbana concluyen: "Sepes tiene y tendrá fondos. Hoy mismo se ha aprobado que pueda disponer de 600 millones más".