Consumo
Así es la ley de consumo sostenible: veto a los anuncios de gasolina y vuelos cortos, límites a la reventa y cerco al ecopostureo
El Gobierno da luz verde a la norma que prohíbe la publicidad de gasolina y diésel, persigue el greenwashing y limita la obsolescencia programada y la reventa abusiva de entradas

Archivo - El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 11 de febrero de 2025, en Madrid (España). / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 1 de julio, en primera vuelta, el anteproyecto de ley de Consumo Sostenible impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que promete transformar el panorama económico y publicitario en España. La nueva norma establece la prohibición de la publicidad de combustibles fósiles, regula el uso engañoso del "ecopostureo" o 'greenwashing', ataca la obsolescencia programada y limita prácticas como la reduflación y la reventa especulativa de entradas.
Pablo Bustinduy, ministro del ramo, ha destacado que se trata de “una ley ambiciosa que incluye muchísimas medidas”, con el objetivo de proteger a los consumidores, impulsar la transición ecológica y reforzar la justicia social. “El 1% de la población contamina más que 12 millones de personas”, ha advertido, para después señalar el vínculo entre desigualdad social y crisis climática, y defender una mayor fiscalidad para quienes más contaminan.
Entre las medidas más llamativas está la prohibición de la publicidad de productos energéticos compuestos exclusivamente por derivados fósiles —como la gasolina o el diésel— cuando sean promovidos por empresas del carbón o del petróleo, quedando el gas fuera de esta restricción. También se prohibirá publicitar vuelos nacionales si hay alternativas menos contaminantes que no impliquen más de dos horas y media adicionales de trayecto, y vehículos que funcionen únicamente con combustibles fósiles.
La ley además atajará la llamada “publicidad del miedo”, obligando a incluir datos reales y verificables cuando se utilicen mensajes alarmistas que generen sensación de inseguridad o urgencia en los consumidores.
El anteproyecto prevé un duro golpe contra el 'greenwashing'. Se prohibirán mensajes genéricos como “respetuoso con el medio ambiente”, “biodegradable” o “amigo del planeta” sin aval científico. También se regularán los registros de marcas o nombres de empresas que induzcan a error sobre su impacto ambiental. Además, se implementará un sistema oficial para certificar las afirmaciones ecológicas de los productos.

Claves de la ley de consumo sostenible: de la publicidad 'contaminante' a la reparabilidad / Archivo
En cuanto a la obsolescencia programada, el texto refuerza el derecho a la reparación durante la garantía, añadiendo 12 meses extra si se opta por reparar en vez de sustituir. Incluso tras el periodo legal, el fabricante deberá asumir parte del coste de la reparación: un 20% en los dos primeros años, 10% en el tercero y 5% en el cuarto.
También se protegerá a los consumidores frente a actualizaciones de software que degraden el funcionamiento de dispositivos. Quedará prohibido ocultar actualizaciones que afecten negativamente a los productos o hacer pasar por necesarias mejoras que solo incrementan funcionalidades.
Otro punto importante del anteproyecto es la lucha contra la especulación en la reventa de entradas. A partir de la aprobación definitiva, quedará prohibida cuando el precio supere el IPC respecto a la compra inicial, evitando inflaciones abusivas que encarecen el acceso a la cultura.
Asimismo, se regulará la reduflación, es decir, la práctica de reducir el contenido de un producto sin informar, encareciendo el precio por unidad. Las empresas deberán advertir de forma visible y comprensible de cualquier cambio en el tamaño o unidades de los envases en un plazo máximo de 90 días desde la primera comercialización.
Tras esta primera aprobación, el texto entra ahora en fase de audiencia e información pública. Luego regresará al Consejo de Ministros antes de ser remitido al Congreso para su tramitación y aprobación definitiva. La ley busca así sentar las bases de un consumo más informado, justo y sostenible, con un claro impacto económico para sectores como la automoción, la publicidad, la cultura y el gran consumo.
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