Hacienda sangra a los extranjeros con casas y villas en Canarias

El Ministerio de Hacienda ha puesto en su diana a los extranjeros no residentes. La meta es recaudar más a través del Impuesto de la Renta, que pagan quienes tienen una vivienda en España, pero no viven en el país más de la mitad del año. El objetivo son, por tanto, los foráneos que tienen una segunda residencia a la que acuden para  disfrutar de unas semanas o meses de descanso. Una especie de contribuyente que tiene en Canarias su habitad natural, ya que se trata de una región en la que abundan los extranjeros que son propietarios de una casa o villa a la que vienen por temporadas. Por lo tanto, no debe extrañar que la delegación de la Agencia Tributaria en el Archipiélago sea una de las que más ha incrementado la recaudación de este impuesto en lo que va de año. En concreto, el fisco ha ingresado un 63% más a través de la renta que cobra a los no residentes de las Islas y en el primer trimestre de 2025 el montante total alcanzó los 63 millones de euros.  

El Plan Tributario de este año –que marca cada ejercicio hacia dónde va a dirigir Hacienda su lupa para incentivar la recaudación– señala expresamente que el fisco intentará apretar las tuercas a los extranjeros no residentes en el país. Y lo está consiguiendo. En toda España solo en el arranque del año, ya se han ingresado en la caja común 1.674 millones de euros por este concepto, lo que supone un 38% más que en el mismo periodo de 2024. Pero este incremento supone un suma y sigue, ya que la cantidad había aumentado también el año pasado respecto a 2023 y superándose los 4.000 millones de recaudación anual. 

Los canarios compran casas a precios del País Vasco con un tercio menos de sueldo

El Ministerio que comanda María Jesús Montero insiste también en poner el foco en aquellos extranjeros que siguen tributando a través del Impuesto sobre la Renta de no residentes, cuando en realidad deberían de pagar todos sus impuestos en España al vivir aquí más de la mitad del año. Estableciendo una auténtica batalla fiscal contra este colectivo. Pero, ¿quién debe pagar y qué? Tienen que tributar por él aquellas personas que no habiendo establecido su residencia fiscal aquí –es decir que permanecen fuera del país más de 183 días al año– obtengan rentas en el territorio español. Es decir, por ejemplo, quienes alquilen su segunda residencia si la ceden cuando no están aquí, los pensionistas si cobran pagas por haber trabajado en algún momento en España o los nómadas digitales.

Canarias a la cabeza

Por lo tanto, parece lógico que el Archipiélago sea una de las regiones que más ha visto incrementada la recaudación de este impuesto, ocupando el segundo lugar de la tabla, solo por detrás de Galicia. Las Islas son una comunidad que se convierte en refugio de miles de jubilados británicos y alemanes cuando llega el invierno, que en los últimos años se ha llenado de teletrabajadores extranjeros y que cuenta con cada vez más extranjeros que pasan sus vacaciones en su propia casa. 

Pero esta situación también genera aspectos negativos. En el caso de Canarias –pero igualmente en otras muchas zonas del país– la demanda extranjera, conjugada con otros factores, ha provocado que los precios de los inmuebles suban como la espuma en los últimos años generando una auténtica crisis habitacional. 

El Gobierno central parece estar queriendo usar la fiscalidad para contrarrestar estos efectos negativos y que estas personas contribuyan más a la caja común en España. Una fórmula que está más a la orden del día que nunca. Y el Ejecutivo central ya ha propuesto una macro subida de impuestos para los extranjeros que compren casas, socimis o pisos turísticos. Eso sí, en principio la proposición no de ley impulsada en el Congreso de los Diputados solo atañe a los internacionales que proceden de países de fuera de la Unión Europea. 

Expediente de Bruselas

Porque no todo el monte es orégano y la Comisión Europea vigila de cerca que no se conculquen los derechos que tienen los ciudadanos de los estados miembros. De hecho, recientemente ha dado un paso formal para expedientar a España por la presión fiscal a los no residentes. En concreto, por la forma en la que Hacienda grava a los extranjeros que poseen una vivienda en el país. Una práctica fiscal, que a tenor de la visión de Bruselas, vulnera los principios de la UE y atenta contra la libre circulación de trabajadores y capitales, discriminando a los que no tienen su residencia fiscal en España. 

Una decisión que sienta un mal precedente para el Archipiélago que batalla en tres frentes para que los foráneos no acaparen viviendas en las Islas. El Gobierno canario ya ha dado pasos adelante y busca esgrimir la condición de región ultraperiférica de las Islas para conseguir una excepción. Una empresa que se presenta muy difícil, ya que la UE es muy garantista con los derechos de los ciudadanos que la integran y la pretensión de Canarias choca de frente con varios de ellos. Pero el Archipiélago se aferra a ese as en la manga y a las excepcionalidades que ya lograron países como Dinamarca, Finlandia o Malta, eso sí, todas antes de entrar en la Unión Europea. 

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