Grandes dudas en Canarias a escasos días del registro obligado de pisos turísticos

Las viviendas rurales desconocen si la medida les incumbe y temen que Airbnb o Booking, que les proveen del 60% de las reservas, les excluyan

Vivienda rural en la isla de La Gomera.

Vivienda rural en la isla de La Gomera. / E. D.

Julio Gutiérrez

Julio Gutiérrez

Las Palmas de Gran Canaria

El Ministerio de Vivienda no va a aplazar la entrada en vigor del real decreto aprobado al final del año pasado y que instaura la Ventanilla Única Digital para el registro y control de alojamientos turísticos de corta duración. A partir del martes, las plataformas como Airbnb o Booking, por ejemplo, no podrán publicitar los inmuebles que no hayan cubierto ese trámite, y el mar de dudas presenta marejada. Los propietarios de viviendas rurales no saben ni tan siquiera si están obligados a cubrir el trámite. 

En el ministerio que dirige Isabel Rodríguez son claros, todo está contenido en el real decreto (1312/2024) publicado el primer día de este año en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En su disposición adicional cuarta, señala: «Entrará en vigor el día 2 de enero de 2025, desplegando efectos sus disposiciones el 1 de julio de 2025, para otorgar un plazo suficiente para realizar las adaptaciones de carácter tecnológico y funcional necesarias por parte de todos los actores implicados».

El real decreto ha dado siete meses para despejar las dudas y no habrá más prórrogas

Tiempo ha habido, pero las dudas crecen en lugar despejarse. La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, explicó esta semana en el Parlamento canario que ni se sabe «cómo se va a coordinar la Ventanilla Única Digital con los sistemas de las comunidades autónomas». Fuentes del ministerio situaban precisamente en la órbita de la Administración regional la resolución de muchas de las incógnitas. 

Nota el lunes

Al final de la mañana de ayer, el equipo de De León anunció una nota aclaratoria para el próximo lunes, a tan solo horas de que entre en vigor la medida. Al menos deberá servir para que los propietarios de casas rurales sepan a qué atenerse. El teléfono de Alejandro Betes, experto en este segmento del mercado de los viajes y coordinador de proyectos de Gesturgran, consultora de este ámbito, no ha dejado de sonar durante las últimas semanas.

Hace nueve días, diversos medios de comunicación se hicieron eco de un supuesto acuerdo alcanzado entre la Asociación Española de Turismo Rural (Asetur) y el ministerio. La tranquilidad llegó al sector, y también a Betes. Sin embargo, puesto en comunicación tanto con la consejería autonómica como con el departamento de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, pudo notar que el anunciado entendimiento entre las partes no tenía soporte documental.

La Consejería de Turismo emitirá una nota aclaratoria el lunes, a escasas horas de la entrada en vigor

«Nosotros lo leímos, pero no sabemos nada de ningún acuerdo», terminaron por zanjar el malentendido en la mañana de este viernes en el ministerio. Las mismas fuentes señalaron que cada comunidad autónoma es la encargada de catalogar los diferentes activos y, por tanto, la competente para determinar si han de pasar o no por la nueva ventanilla única.

Hay más, porque a Betes también lo llaman los gigantes de las reservas on line y tampoco sabe qué respuesta darles. El hecho es que los Booking o Airbnb no pueden incluir en sus operativas de comercialización los inmuebles que no cuentan con el número de registro que certifica que han cubierto el trámite. De lo contrario, se exponen a sanciones y el resultado lógico es que deciden alejarse de los problemas. «Eso significa que perdemos en torno al 60% de las reservas», alerta Betes.

Canarias cuenta con 2.886 viviendas rurales turísticas y 817 personas trabajan en este segmento alojativo

Canarias cuenta con 393 viviendas rurales turísticas y 2.886 plazas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El pasado febrero fue el mejor de este año, con una tasa de ocupación del 46,5%. Un total de 817 empleos penden de un hilo cada vez más fino.

Durante su intervención en la Cámara regional el pasado martes, De León detalló que ningún operador sabe los «requisitos específicos que se le exigen o las consecuencias que podría enfrentar» en caso de incumplimiento. Además, reveló que, si bien está activada la signatura que otorgan los registradores, ni siquiera se ha hecho lo mismo con la ventanilla única, «que es un aplicativo distinto».

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