Tres años ya sin construir una sola vivienda protegida en Canarias

Los empresarios señalaron la contribución que el turismo realiza a las arcas de la comunidad autónoma y a la «histórica» tasa de empleo alcanzada en 2024. Por ello, animaron a la Administración a salvaguardar la aportación de la principal actividad económica de Canarias protegiéndola del rechazo social que ha concitado desde mayo del pasado año. ¿Cómo? Construyendo viviendas y regulando el alquiler turístico.

El curso pasado fue el tercero consecutivo que se cerró sin terminar una sola vivienda protegida en las Islas. Hay que remontarse a 2021 para encontrar las últimas 2028, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Si a eso se suma que, como consta en el Informe Anual de la Economía Canaria 2024 presentado ayer por la patronal de Las Palmas (CCE), «la producción de vivienda libre se ha reducido en un 81,1%» en los últimos 18 años se entiende buena parte de los problemas que encuentran los ciudadanos del Archipiélago cuando buscan un lugar en el que poder vivir.

No es la única razón, porque viviendas vacías hay de sobra en la comunidad autónoma, pero no saldrán al mercado hasta que existan «las garantías suficientes», expuso el secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, para los propietarios. Solo cuando estén seguros de que no van a encontrar problemas indeseados pondrán sus activos en el mercado del alquiler residencial, anunció el también vicepresidente ejecutivo de la organización.

Vivienda vacacional

García detalló que mientras que los aeropuertos de la comunidad autónoma registraron la entrada de 15,5 millones de turistas internacionales, solo 11,5 millones se alojaron en establecimientos turísticos, es decir, hoteles y apartamentos. «Los otros cuatro millones fueron al alquiler vacacional», explicó el número dos de la patronal de Las Palmas.

Una modalidad alojativa cuya regulación es «uno de los retos», señala el informe, que afrontan las Islas. La CCE no dejó pasar la oportunidad de exponer que el proyecto de ley que se tramita en el Parlamento de Canarias «no parecer abordarlo de manera adecuada». Sobre todo, porque, apuntó José Cristóbal García, «no debe tratarse a todas las islas por igual»; la incidencia de los pisos turísticos no es la misma en todas e incluso son una bendición para algunas de ellas.

En otras palabras, la organización empresarial llamó a la clase política a hilar muy fino para que la principal actividad de la economía canaria no pierda fuelle ni vigencia. Para clarificar cuál es esa aportación, el informe trae los últimos datos del estudio Impactur –elaborado por Exceltur– que sitúan por encima del 36% la aportación del turismo al producto interior bruto (PIB) canario durante el pasado año. Además de sostener cuatro de cada diez empleos.

Además, en 2023, último año contabilizado hasta la fecha, desde el turismo entraron en las arcas canarias 3.134 millones de euros vía impuestos, 702 millones más que en 2019, un 28,9% más. Con estas cifras y las generales de recaudación fiscal (7.941,9 millones de euros el pasado año, un 40,9% más que en 2019) en el Archipiélago, García rechazó la instauración de nuevas figuras impositivas en torno a la industria del alojamiento y los viajes.

Incluso se preguntó si la cantidad no es suficiente para poner en marcha cuantos proyectos sean necesarios para, por ejemplo, «hacer más sostenible» la que denominó «nuestra principal fuente de ingresos» y alejarla del rechazo social.

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