Oferta de adquisición

Documento del Consejo de Ministros: los cinco argumentos del Gobierno frente a la opa del BBVA

El Gobierno se amparó en cinco criterios de interés general para decidir retrasar en un mínimo de tres años una posible fusión entre las dos entidades financieras

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros del 4 de junio.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros del 4 de junio. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Madrid

Son cinco los criterios de interés general que el Consejo de Ministros ha invocado para acabar imponiendo como única condición a la opa del BBVA sobre el Sabadell que durante un periodo de tres años (ampliable a cinco) ambas entidades mantenga una personalidad jurídica y patrimonio separados. "Cada entidad deberá preservar la autonomía de gestión de su actividad orientada a la protección de los criterios de interés general señalados", ha dispuesto el Consejo de Ministros.

El texto del Acuerdo -cuyo contenido, de 25 páginas, fue anticipado por EL PERIÓDICO el pasado 24 de junio- precisa que la autonomía de gestión afectará a la toma de decisiones en materia de financiación y crédito, "en particular a pymes"; también a las decisiones sobre recursos humanos, sobre red de oficinas y servicios bancarios y sobre "obra social a través de sus respectivas fundaciones". El Gobierno prevé hacer público el documento este viernes, 27 de junio, después de haber dado un espacio de tiempo a las partes implicadas (BBVA Sabadell) para solicitar la eliminación de datos que pudieran ser confidenciales.

Este es el detalle de las cinco razones que sirvieron al Gobierno para condicionar la oferta de compra del BBVA sobre el Sabadell:

El primer criterio de interés general invocado por el Consejo de Ministros para aplazar una posible fusión entre BBVA y Sabadell se apoya en la "garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial vinculada al apoyo al crecimiento y a la actividad empresarial". Bajo este criterio, el Consejo de Ministros pondera el papel "relevante" que ejerce el Sabadell en la financiación de pymes.

"En especial, en los últimos siete ejercicios, la exposición al segmento pyme y empresario individual de Banco Sabadell ha sido 19,39 puntos porcentuales mayor a la de BBVA (47,18% frente a 27,79% respectivamente, según la información en sus respectivas cuentas anuales", cita el Acuerdo del Consejo de Ministros. "Además, es relevante señalar que cuenta con líneas de negocio específicas para 'small midcaps' y 'startups' que son de especial relevancia para el crecimiento económico, la creación de empleo y la mejora de la productividad", añade. En este punto, el texto hace referencia a las líneas de negocio de BStartup y BStartup10, desde donde Sabadell gestiona un volumen de negocio de cerca de 1.000 millones de euros.

"La condición contenida en este Acuerdo garantiza, en términos organizativos, mantener y aprovechar los conocimientos específicos de ambas entidades en la relación individual con clientes, las prácticas de gestión, y elementos cualitativos en la valoración de proyectos empresariales, entre otros, no afectando a los clientes actuales y potenciales de las entidades", afirma el documento del Consejo de Ministros.

El Gobierno parte de la evidencia de que en fusiones anteriores -como la de Caixabank y Bankia y la de Unicaja y Liberbank- "tuvieron lugar reducciones sustanciales de la exposición al segmento pyme y empresarios individuales en aquellos ejercicios inmediatamente sucesivos a la operación de integración". En particular, en los casos en los que la entidad absorbida contaba con una mayor exposición a este segmento, la resultante venía a converger a los niveles de la absorbente. "Con el establecimiento de la condición recogida en este Acuerdo, se preserva esta línea de negocio, no solo para Banco Sabadell sino también para BBVA", remata el Consejo de Ministros.

El segundo interés general invocado por el Gobierno para condicional la opa del BBVA tiene que ver con la "protección de los trabajadores". Así se dispone que, en materia de posibles despidos, "no podrá haber procesos específicos vinculados a la operación", tal como explicó el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros del 24 junio.

El texto del Gobierno recuerda que el proceso de reconversión del sector bancario se tradujo en una reducción de empleos (desde 278.301 en 2008 hasta 166.060 en 2023) y del número de entidades (un 30% menos). "Sin embargo, en los últimos ejercicios, tanto Banco Sabadell como BBVA ha incrementado su plantilla: en 267 y 1.337 trabajadores en promedio anual desde 2022 respectivamente", con el fin de reforzar sus capacidades tecnológicas.

El Gobierno teme que esta tendencia de creación de empleo se vea truncada con la opa, y constata que la fusión de Unicaja y Liberbank se saldó con una reducción de la plantilla del 21% y la de Caixabank y Bankia, del 14%.

Según el Acuerdo del Consejo de Ministros, un ajuste en las plantillas como consecuencia de la concentración de BBVA y Sabadell "podría tener importantes efectos en términos de empleo, lo que llevaría aparejado un elevado coste social y humano. Adicionalmente, la destrucción de empleo en el contexto de la operación podría generar un coste a la Seguridad Social, en términos de mayor gasto en prestaciones por desempleo y menores ingresos por cotizaciones sociales, contrario al interés general".

En consecuencia con este argumento, "la condición de mantener una autonomía de gestión en el ámbito de los recursos humanos supone durante el plazo establecido [tres años, ampliables a cinco] que cada entidad toma las decisiones pertinentes en atención a sus propios intereses", concluye este apartado.

En tercer lugar, el Consejo de Ministros apela a criterios de "cohesión territorial" para evitar el cierre de oficinas bancarias. "El objetivo no es mantener un número mínimo de sucursales en beneficio de consumidores individualmente considerados, sino asegurar el mantenimiento de servicios bancarios en todo el territorio", sostiene el documento.

"Banco Sabadell ha mantenido una red de oficinas extensa en varias comunidades autónoma, y su modelo de negocio prioriza la cercanía geográfica de los centros de decisión y la relación directa y personalizada con empresas locales", argumenta el Consejo de Ministros, que relaciona esta circunstancia con su elevada cuota de mercado a nivel regional en crédito a las pymes. Así, en Catalunya, Comunidad Valenciana, Asturias o Baleares, Banc Sabadell contaba con una exposición crediticia de 28.888, 10.932, 2.830 ó 3.844 millones de euros respectivamente. Es decir, el 22,4%, el 8,5%, el 2,2% y el 3% de la exposición total a España.

"Estas características hacen que una desaparición de este modelo de negocio pueda conllevar disrupciones repentinas en la distribución geográfica de los centros de tomas de decisiones, una pérdida de talento financiero y el conocimiento específico y, en definitiva, una mayor dificultad de financiación local, con implicaciones sobre la cohesión territorial", argumenta el Gobierno.

En cuarto lugar, el Acuerdo del Consejo de Ministros cita "objetivos de política social relacionados con la obra social de las fundaciones, la protección del consumidor financiero y la vivienda asequible". En este punto, el documento del Consejo de Ministros subraya la participación superior al 50% de Banc Sabadell en el capital de 18 sociedades inmobiliarias, cuyo activo agregado asciende a 2.303 millones y con capital por 428 millones.

Algunas de estas sociedades, como Sogeviso, están focalizadas en la vivienda social. De acuerdo con la información de Banc Sabadell, Sogeviso ha gestionado el alquiler social o asequible de 23.000 familias y 8.500 han participado en su programa de acompañamiento social. Desde el punto de vista del Gobierno, "una consolidación abrupta de los patrimonios de ambas entidades podría afectar negativamente" a la política social que practican ambas entidades en diferentes ámbitos.

También se alude al principio de protección a los consumidores antes de advertir de que "la desaparición total y abrupta de una de las entidades podría incrementar el volumen de reclamaciones adicionales tras la operación". El documento señala que, en precedentes anteriores, las reclamaciones aumentaron significativamente: un 45,7% en la fusión Caixabank-Bankia y un 37,5% en la de Unicaja-Liberbank.

Por último, en quinto lugar, el Consejo de Ministros cita la "promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico" como argumento para condicionar la opa del BBVA. El Consejo de Ministros valora que "Banco Sabadell es una entidad con sustancial presencia en la financiación de segmentos innovadores del tejido productivo español". En particular, se refiere a la red de 23 espacios físicos especializados en emprendicimiento y financiación, como el Hub BStartup Madrid o el Hub BStartup Barcelona (previsto para 2025) y 21 oficinas distribuidas en la Comunidad Valenciana, País Vasco o Andalucía.

Así, "se aprecia la existencia de características propias del modelo de negocio y grado de especialización de Banco Sabadell que contribuyen al interés general, concretamente a la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico". Y se concluye que su desaparición abrupta "supondría un riesgo de disrupción repentina en estos canales de financiación de la innovación".

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