Junts mantiene su veto a la reducción de jornada y Trabajo lo fía todo a un acuerdo 'in extremis' antes del 22 de julio

La reducción de la jornada laboral sigue encallada en el Congreso de los Diputados y este jueves el Ministerio de Trabajo no ha logrado revertirlo tras su reunión con Junts. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha mantenido un encuentro con la portavoz en la cámara baja de los posconvergentes, Miriam Nogueras, para tratar de convencerla de que retire la enmienda a la totalidad contra la norma que pretende reducir el tiempo de trabajo a 37,5 horas semanales. El veto presentado por los posconvergentes se debatirá de manera conjunta con las que probablemente registren PP y Vox y se votarán en un mismo acto. Por tanto, de mantenerse el 'no' de los de Puigdemont, la ley fracasará.

Según confirman fuentes de ambas partes, Junts mantiene su enmienda a la totalidad y desde Trabajo fían su suerte a un acuerdo 'in extremis' que llegue antes del 22 de julio, fecha en la que está previsto que las enmiendas se voten en un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados. La vicepresidenta segunda se ha mostrado "optimista" respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo, según ha declarado a preguntas de los periodistas en los pasillos del Congreso y desde su Ministerio insisten en que siguen "trabajando".

No obstante, ese "optimismo" no obedece a avances que se hayan producido en la cita de este jueves, que no los ha habido, según constatan distintas fuentes consultadas. Los posconvergentes se mantiene firmes en su rechazo a una norma que reduciría la jornada laborala unos dos millones de catalanes, según cifran los sindicatos, mientras que encarecería los costes laborales de miles de empresas y complicaría, según insisten las patronales, la prestación de determinados servicios por falta de manos, entre otros.

Menos de un mes le queda a Díaz para hacer cambiar de parecer a Junts, con quienes negocia con discreción desde hace semanas. "No acaban de entrar al detalle", según insisten fuentes conocedoras de las conversaciones. El Gobierno ha ido posponiendo durante el último mes y medio el debate en el Congreso sobre la ley para reducir la jornada, debido a esa falta de consenso con los de Puigdemont.

Las razones de Junts

"No se han acercado posiciones, todo sigue igual: mantenemos la enmienda", han explicado fuentes de los posconvergentes a la salida del encuentro. Junts registró el veto la semana pasada, momento en que la Mesa del Congreso dio el plazo por terminado, pero lo había anunciado ya muchas semanas antes. La formación argumenta en su texto que la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas puede verse "gravemente perjudicada" por esta iniciativa y que la medida puede implicar la "destrucción" de puestos de trabajo. 

El partido también advierte de que la norma puede generar un efecto "desigual, tanto sectorialmente como territorialmente" y ponen especial énfasis en sectores como el de los servicios o el agroalimentario, donde apuntan que puede haber despidos. Por todo ello, Junts pide "abrir un proceso de diálogo social real y riguroso" que de paso a una reforma "basada en la flexibilidad y con un enfoque equilibrado y gradual que dé respuesta a las distintas realidades". Además, los posconvergentes reprochan al Gobierno haber optado por una "imposición rígida", y le afea no haber contado con la "unanimidad de las partes del diálogo social".

Mientras tanto, los agentes económicos aguardan a la espera de cómo se resuelve el entuerto. Las patronales redoblan sus presiones a Junts -se han reunido varías veces tanto en Barcelona como en Waterloo- para que se mantenga en el 'no', mientras que los sindicatos han amenazado con un 'otoño caliente' si finalmente la norma fracasa. Trabajo, por su parte, ha amenazado con aprobar parte de la ley por vía reglamentaria. No la parte de reducir las horas de trabajo, para lo que precisa una ley, sino los cambios en el registro de jornada, que tratan de endurecer las sanciones y aumentar la fiabilidad de los mecanismos para computar el horario con el fin de perseguir las horas extras no pagadas.  

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