Canarias lleva al Senado su plan para levantar casas con los superávits

El Gobierno de Canarias trata de paliar la carestía de la vivienda que sufren los isleños desde distintos frentes. Una vez conseguido que la Reserva para Inversiones en Canarias –la RIC, uno de los incentivos tributarios más potentes del Régimen Económico y Fiscal– pueda destinarse para vivienda en alquiler –un logro que en última instancia ha sido de Coalición y el PSOE en el Congreso con el apoyo del PP–, el Ejecutivo autonómico trata de convencer al Estado para que libere los superávits acumulados de la Administración pública canaria y poder emplearlos en vivienda. Una medida que este lunes defendió en el Senado el consejero Pablo Rodríguez.

El responsable de las áreas de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad en el Gabinete presidido por Fernando Clavijo reclamó en la Cámara Alta el uso del superávit –en realidad de los remanentes de tesorería acumulados de los ejercicios cerrados con superávit, es decir, con más ingresos que gastos– para construir casas y pisos. Lo hizo, en concreto, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, donde defendió el paquete de medidas que el Ejecutivo regional ha puesto en práctica para facilitar la construcción de tantas viviendas como sea posible: la agilización de las licencias municipales, la reducción de los trámites burocráticos, el uso de la RIC para casas o pisos en alquiler... Sobre esta última medida, cabe recordar que hay en torno a 2.300 millones dotados en la RIC que podrían destinarse ahora para levantar viviendas para su futuro arrendamiento.

«Unas iniciativas que hemos impulsado por nuestros propios medios, sin esperar a nadie, ya que el aumento constante de la demanda y las limitaciones de un territorio insular, finito y con un 45% de su superficie protegida, nos han obligado a planificar medidas de forma ajustada a nuestra realidad insular», ahondó este lunes el consejero desde la tribuna de la Cámara Alta.

Un millar de inmuebles

El representante del Gobierno de Canarias destacó la aprobación del Decreto Ley 3/2025, para agilizar la concesión de licencias urbanísticas, así como el avance en la promoción de vivienda protegida. De apenas cinco solicitudes de calificación en 2021 y 2022 se ha pasado a más de 50 en el último año, lo que ha supuesto la activación de más de 2.100 viviendas. En 2024 ya se inició en torno a un millar de nuevas viviendas, y alrededor de otras 900, por ahora, están planificadas para este 2025.

Y a ello se suma, tal como expuso Rodríguez, la rehabilitación de edificios inacabados que serán adquiridos por Visocan, lo que permitirá incorporar 134 viviendas al parque de alquiler asequible en un plazo máximo de 18 meses y sin consumir nuevo suelo.

Si, además, se lograse liberar los remanentes de la Comunidad Autónoma, los cabildos insulares y los ayuntamientos del corsé de la ley de estabilidad –que obliga a destinarlos para amortizar deuda, de modo que las instituciones no endeudadas ven cómo se acumulan en sus cuentas corrientes–, Canarias tendría otros alrededor de 2.100 millones de euros más para levantar casas.