PRÓRROGA PARA PLANTAS VERDES
El Gobierno usa el ‘decreto antiapagones’ para evitar una pérdida masiva de plantas renovables y salvar inversiones millonarias
El Consejo de Ministros aprueba este martes una reforma legal urgente para evitar la caída de decenas de proyectos fotovoltaicos y eólicos un día antes del fin de plazo y da otra prórroga general a todo el sector verde para que puedan retrasar el tope máximo para tener en marcha sus plantas
El decreto de medidas tras el gran apagón se centrará en el refuerzo de la supervisión de todos los operadores eléctricos para asegurar que cumplan sus obligaciones, con "mandatos específicos" a la CNMC y a Red Eléctrica

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. / Xavier Amado
El Gobierno aprovecha el 'macrodecreto' de medidas energéticas tras el gran apagón para dar un balón de oxígeno al sector de las renovables. El Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto en el que incluirá una reforma legal urgente para evitar la cancelación de decenas de plantas solares y eólicas ya construidas o en construcción, y en las que empresas energéticas han ejecutado inversiones millonarias. El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, atiende así el SOS de las patronales de las energías renovables y lo hace solo un día antes de la criba masiva de proyectos que acechaba al sector.
Este miércoles, el 25 de junio, expiraba el plazo legal para que un gran volumen de proyectos verdes estén en funcionamiento y produciendo energía y, si no lo conseguían, perderían el cotizadísimo derecho de acceso a la red eléctrica y estaban obligadas a volver a la casilla de salida de un proceso burocrático de varios años. El Gobierno lanza una tabla de salvación para todos estos proyectos a punto de caer otorgando un plazo adicional de hasta tres años para ellos y concede con carácter general una flexibilización de los plazos de todos los proyectos sujetos a la obligación de cumplir hitos temporales por ley, según confirman fuentes al tanto de la reforma a EL PERIÓDICO.
El Ejecutivo evita así la cancelación de proyectos verdes totalmente viables y con capacidad para estar en marcha en breve, pero que no iban a llegar a cumplir el plazo exigido de estar listos el 25 de junio en muchos casos por retrasos en los procesos administrativos ajenos a su control, como dilaciones en la gestión de las licencias de las propias Administraciones, por la resolución de recursos presentados durante el proceso o por la demora de algunos permisos por parte de Red Eléctrica o de las compañías de redes de distribución.
Decenas de proyectos verdes sortean así un ultimátum legislativo clave. Las plantas renovables estaban afectadas por dos situaciones bien diferenciadas en función de su obtuvieron su derecho de acceso a la red eléctrica antes o después del 31 de diciembre de 2017. Las plantas renovables que cuentan con un derecho de conexión previo a 2018 estaban obligadas con carácter general a estar totalmente listas este 25 de junio.
Pero ahora el Gobierno concede una prórroga especial a todas estas plantas y se les da un plazo extra hasta el próximo 25 de septiembre para comunicar al Ministerio el semestre en el que consideran que podrán estar activos antes de mediados de 2028. Las plantas con acceso previo a 2018 pasan a ser reclasificadas con las mismas condiciones que el resto de proyectos y las empresas energéticas dispondrán de un plazo máximo de ocho años -contabilizados desde mediados de 2020- para terminar las obras y tener las instalaciones en marcha.
Inicialmente en este contingente con derecho de acceso previo a 2017 se encontraban proyectos verdes con una potencia conjunta de 10.000 megavatios (MW). Durante este tiempo, algunos proyectos han conseguido estar ya operativos y muchos otros han ido renunciando a continuar (aprovechando o no las ventanas legales que facilitaba el Gobierno para recuperar los avales presentados en su intento de cribar los proyectos que no eran sólidos).
Desde el sector energético se alertaba de que había proyectos de este grupo en riesgo de ser cancelados con una potencia de al menos 600 MW (repartidos prácticamente a partes iguales entre fotovoltaicas y eólicas) y tras ejecutar inversiones de entre 400 y 500 millones de euros, según adelantó EL PERIÓDICO. Proyectos ya construidos o a punto de terminar la obra, pero que están a la espera de obtener las últimas autorizaciones de explotación definitivas tras sufrir retrasos que, según las asociaciones empresariales, no son achacables a los promotores.
Prórroga general para todo el sector
Por otro lado, a los cientos de proyectos que recibieron el derecho de acceso a la red a partir de 2018, el Gobierno les da otro balón de oxígeno generalizado (otro más, porque el Ejecutivo ya había aprobado otras prórrogas anteriormente) y les concede otra oportunidad para retrasar su puesta en marcha.
Transición Ecológica ya concedió en 2023 a todos estos proyectos la posibilidad de pedir hasta tres años más para su puesta en marcha tras obtener la autorización de construcción, pasando de cinco a ocho años la duración máxima de todos los trámites. Una prórroga voluntaria a la que podían acogerse un millar de proyectos verdes con casi 68.000 MW de potencia, pero para lo que se les exigía informar con carácter vinculante de en qué semestre del próximo trienio el parque se iba a poner en marcha. El Gobierno ahora les permitirá cambiar los semestres que ya habían notificado para entrar en funcionamiento y elegir una nueva fecha.
Los proyectos que no pidieron prórroga, porque pensaron que llegarían a tiempo, también tenían la obligación de estar en marcha este 25 de junio. Y parte de ellos también estaban en riesgo de no cumplir el plazo y ser cancelados. En este caso, las asociaciones empresariales del sector no manejan estimaciones concretas sobre proyectos afectados porque el Gobierno y las comunidades autónomas no han facilitado datos sobre la elección que han hecho los parques renovables sobre en qué semestre estarán operativos.
"La aceleración de la electrificación de la economía está tensionando la cadena de suministro y construcción, lo que se está traduciendo en efectos indeseados, como el alargamiento de los plazos de entrega o el incremento de precios; también hay casos en que se han introducido condicionantes ambientales, técnicos o de otro tipo, y casos en que los proyectos son afectados por la modificación de otros con los que comparten infraestructura de evacuación", explican fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. "Todo esto, junto con la necesidad de que el despliegue renovable sea ordenado y eficiente, aconsejan dar una nueva oportunidad para reajustar el semestre en el que se confía en poner en servicio las instalaciones", justifican.
El Ejecutivo ha incluido esta reforma como parte del decreto de medidas para evitar nuevos apagones, tras el histórico colapso energético que paralizó España el pasado 28 de abril. El Gobierno hizo público la pasada semana su informe sobre las causas del apagón y en el que se incluían propuestas de medidas para reducir riesgos. El Real Decreto-ley que se aprobará este martes por el Consejo de Ministros se centrará en reforzar la supervisión de todos los operadores eléctricos, con mandatos específicos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y también a Red Eléctrica, el operador del sistema eléctrico. Y también incluirá medidas para impulsar la electrificación de la economía y el despliegue de nuevas renovables y de almacenamiento de electricidad.
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