Bofetón de Bruselas al plan de ‘topar’ las tarifas en rutas con la Península

La Comisión Europea (CE) cierra la puerta a la posibilidad de establecer un precio máximo en el billete de avión para viajar entre Lanzarote y Madrid, y por extensión en las demás rutas entre Canarias y la Península. El director general de Movilidad y Transportes del Ejecutivo comunitario, Filip Cornelis, así lo advierte en una misiva –a la que ha tenido acceso este diario– dirigida al responsable de Aviación Civil en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, David Astudillo. Tras una prolija argumentación sobre los pormenores y potenciales efectos de ‘topar’ las tarifas en la ruta entre la isla de los volcanes y la capital de España –también en los trayectos entre Menorca y Barcelona y entre Melilla y Madrid–, Cornelis avisa al Gobierno central que de acuerdo con la actual normativa en la materia, «no parece proporcional imponer un límite de precio máximo en forma de OSP [Obligación de Servicio Público] en las rutas de que se trata».

Hay que recordar que, sobre el papel –o cuando menos así lo querían el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el anterior Gobierno de Canarias, el del pacto de las flores–, la OSP en la ruta Lanzarote-Madrid debió haberse puesto en práctica hacia el pasado verano. De hecho, ya a finales de 2023 se vendió una suerte de proyecto piloto en virtud del cual los tres mencionados trayectos aéreos serían las primeras OSP en rutas nacionales –en vuelos interinsulares en el Archipiélago sí hay obligaciones de servicio público en, por ejemplo, las conexiones de La Gomera con Tenerife y Gran Canaria–. El caso es que los meses transcurrieron sin que el proyecto piloto echase a andar, entre otras cosas por las dudas y la complejidad jurídica de una idea, plan u ‘hoja de ruta’ que de entrada choca con los principios de libre mercado que propugna la Unión Europea (UE). Por eso el director general de Aviación Civil le remitió a su homólogo comunitario de Movilidad y Transportes, el pasado 7 de febrero, una petición para que los servicios jurídicos de la CE diesen su opinión sobre la intención de poner precios máximos en las tres rutas en cuestión. Es a esa solicitud a la que ya ha respondido Filip Cornelis.

En su contestación, el representante del Ejecutivo comunitario recuerda que, por un lado, la CE apoya –en principio– la promoción de la conectividad aérea en territorios o regiones «remotas y aisladas», como Canarias; pero, por otro, que el Reglamento en materia de aviación civil «garantiza ante todo la libertad de precios». No obstante, Cornelis reconoce la potestad de los Estados miembros para, «como excepción», establecer OSP, si bien es fundamental que se haya producido «una falla del mercado». Y resulta que no se observa, a juicio de la CE, una «falla de mercado» en la ruta Lanzarote-Madrid –ni tampoco en las otras dos del frustrado proyecto piloto–.

Una OSP no es justificable en trayectos con más de 100.000 pasajeros anuales –en 2023 se contabilizaron 632.667 en los vuelos entre la capital y la isla– que, además, estén cubiertos u ofertados por varias aerolíneas, y el caso es que son tres compañías las que vuelan entre Lanzarote y Madrid con hasta 35 frecuencias semanales. «Si –y solo si– no hay servicios operados en una ruta, o los servicios existentes no satisfacen las necesidades de movilidad, es posible imponer una OSP», sentencia Cornelis.

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