La extensión de las ventajas fiscales más allá de las áreas tensionadas beneficia a 93.000 caseros canarios

La idea de declarar zonas tensionadas allí donde los ciudadanos tienen más complicado el acceso a la vivienda no funciona. Tan solo País Vasco y Cataluña se han subido a ese tren que circula por los raíles de la Ley de Vivienda de 2023, por lo que el Gobierno ha decidido dar una vuelta de tuerca. La propuesta pasa ahora por no esperar más a esas lindes que las comunidades autónomas no marcan y ligar las bonificaciones a los arrendamientos cuyo precio se abarate un 5%.

En Canarias hay –a 2022, último ejercicio publicado por la agencia tributaria estatal (AEAT)– 93.079 contribuyentes que se aplican la «reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda» cuando confeccionan su declaración de la renta. La modificación está contenida en una nueva proposición de ley que intenta paliar uno de los principales problemas a los que se enfrenta el país desde hace unos años. La registró la pasada semana el Grupo Socialista en el Congreso.

De salir adelante esta propuesta, esos más de 90.000 propietarios isleños son susceptibles de poder aplicarse las bonificaciones máximas, de hasta el 100% de la renta obtenida, siempre y cuando afinen a la hora de fijar la cantidad que deberá satisfacer cada mes el arrendatario.

«A título orientativo»

El Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda que publica el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana señala los topes que no pueden superarse en las zonas tensionadas. A partir de ahí, no hace sino retratar la mayor o menor ambición que puedan tener los propietarios. Opera, como señala en su propia página web, «a título orientativo».

El contexto ha propiciado que la ausencia de participación de las administraciones locales y autonómicas –la Consejería de Vivienda de Canarias advirtió desde el primer minuto que corresponde a los ayuntamientos realizar la solicitud– obligue a idear nuevos métodos que puedan propiciar un abaratamiento de los alquileres. En caulquier caso, estar por debajo del precio de referencia garantiza prácticamente el disfrutar de las bonificaciones más altas.

Letra pequeña

Todo ello sin obviar que a la modificación legislativa le sigue una letra pequeña que, en forma de reglamento, determinará de manera más precisa, cuáles serán todas las medidas y cuál la intensidad con que habrá de emplearse el propietario a la hora de aplicarlas si quiere acceder a las ventajas fiscales contenidas en la proposición de ley que el Grupo del PSOE acaba de presentar en la Cámara Baja.

La Ley de Vivienda de 2023 contiene la posibilidad de que los propietarios que alquilen a jóvenes de hasta 35 años en áreas declaradas tensionadas se desgraven hasta el 70% de los ingresos. También pueden hacerlo quienes dejen sus inmuebles en manos de ayuntamientos o comunidades autónomas para que estos los destinen a alquiler barato. Hasta el 90% pueden hacerlo los que, también dentro de esas zonas de especial dificultad para hallar una casa en la que vivir, abaraten el precio del alquiler en al menos un 5% con respecto al contrato que expire.

Según BBVA, el ritmo de construcción en las Islas cubre solo el 25% de la demanda anual.

El planteamiento de los socialistas es llegar ahora hasta el 100% de bonificación con esa misma reducción del precio del alquiler como única condición. Ni siquiera hace falta que el inmueble esté en una de las «zonas de mercado residencial tensionado», que es el nombre exacto con el que aparecen en la ley. También pueden llegar a ese 100% quienes saquen el mercado del alquiler una vivienda que nunca antes se haya arrendado.

El informe Situación Canarias 2025 presentado el mes pasado por BBVA sostiene que el ritmo de construcción de viviendas nuevas cubre solo la cuarta parte de la demanda –constitución de hogares– que se generan cada año en la comunidad autónoma. 

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