Canarias tendrá que negociar cada año con Madrid el plan antiapagones
El ministerio garantiza 350 millones de euros para solo los tres primeros años y el nuevo parque de generación no se espera hasta al menos 2035

El ‘Yasin Bey’, capaz de aportar 125 megavatios de potencia, es uno de los barcos de la empresa turca Karpowership. / KARPOWERSHIP

El plan de emergencia articulado desde Canarias para paliar el riesgo de apagones tiene una vigencia inicial de tres años. En ese tiempo, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) abonará 350 millones de euros para la instalación y operatividad de las iniciativas aprobadas en la primera y segunda fase del conocido como concurso exprés. A partir de ahí, las Islas tendrán que hacer valer ante Madrid año tras año el carácter prorrogable del trienio que empezó a contar la semana pasada.
¿Hasta cuándo será así? Hasta el momento en que se sustituyan las viejas máquinas que hoy permiten encender la luz en casa y que deberían haberse empezado a reemplazar en 2012. Al menos el concurso para la más que urgente sustitución por fin está en marcha y, según la ministra Sara Aagesen, quedará resuelto en el corto plazo. Con este cronograma, antes de diez años no habrán entrado en funcionamiento los nuevos grupos de generación.
La estimación no es pesimista, por lo que serán, cuanto menos, siete años teniendo que recordar al Gobierno central la necesidad de que las cuentas estatales incluyan esta partida para las Islas. Y no existirá una cantidad fija, dado que como detalló ayer el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, las necesidades se van incrementando.
Tres islas
Red Eléctrica señaló a tres islas como deficitarias en generación. Sobre los datos marcados por el operador del sistema, la consejería que dirige Zapata dibujó los mínimos necesarios para cubrir lo más urgente: 120 megavatios en Gran Canaria; 80, en Tenerife, y 50, en Fuerteventura. En la última, restan por adjudicarse 14 megavatios.
El consejero explicó al respecto que el Ejecutivo canario no renuncia a la puesta en marcha de una tercera fase. Con la ventaja de que desde la pasada semana «será más fácil que se interesen» los operadores privados. Si en la fase inicial tan solo decidieron mojarse la canaria Disa y la balear Sampol, la orden ministerial enviada el último miércoles por el Miteco a la Consejería de Transición Ecológica y Energía de Canarias, detalla las retribuciones y hasta establece un anticipo que permita poner el marcha los proyectos.
La orden ministerial del pasado miércoles detalla las retribuciones que percibirán los operadores privados
Este procedimiento «pionero», como Zapata y su equipo han insistido en calificarlo, abre la puerta a nuevas convocatorias. De lo que no hay duda es de que van a ser necesarias más fases si se quiere tener medianamente cubierto el déficit hasta que entre en funcionamiento el nuevo parque de generación convencional (sin energías limpias).
¿Por qué crece esa necesidad? Porque como no se sustituyeron las máquinas en el momento en que era necesario hacerlo, poco a poco van a agotando su capacidad de seguir funcionando. No ya su vida útil según la ley, que esa la han ido prorrogando las administraciones, sino su capacidad real para mantenerse funcionando; trece años después del momento en que estaba prevista su sustitución, empiezan a no ser pocas las que es necesario desenchufar antes de que den un disgusto en forma de cero energético (apagón).
Cada vez son más las máquinas que no dan más de sí, con lo que aumentan las necesidades
Meter más parches hasta el momento en que los sistemas eléctricos de las Islas puedan disfrutar del nuevo parque de generación significa que esa partida a negociar anualmente con Madrid va a ir creciendo. Hoy el consejero canario de Energía es del PP y el ministerio lo gobierna el PSOE. Sin embargo, el grado de fluidez que preside las relaciones entre ambos estamentos es alto.
Factor de tensión
Además, al estar garantizada la cobertura para los tres primeros años –el tiempo corre desde la pasada semana–, Zapata también cuenta con la seguridad de que hasta el final de legislatura tiene tapada la brecha. Lo que ocurra a partir de entonces es una incógnita. Dependiendo de que quienes sucedan al consejero canario y a la vicepresidenta Aagesen renueven el actual entendimiento o no sepan hacerlo, el asunto es susceptible de convertirse en un elemento de tensión más en las relaciones que mantiene el Archipiélago con el Gobierno central.
La misma orden ministerial recibida por la Consejería de Transición Ecológica y Energía la pasada semana en la que se fija la retribución autorizó también la entrada de dos nuevos proyectos en Gran Canaria que suman 87,5 megavatios de potencia a los adjudicados en la primera fase. Uno de ellos alimentará el sistema eléctrico desde el mar y el otro (20 megavatios) se ubicará en el polígono industrial de El Goro.
Karpowership
La empresa turca Karpowership destinará uno de sus barcos-generadores a un punto del litoral de Gran Canaria que en estos momentos buscan el Cabildo de la Isla y la consejería autonómica. El buque fondeará cerca de la costa en una zona en la que exista una subestación a la que conectar el cable que discurrirá bajo el agua hasta llegar a tierra. Puede aportar una potencia de alrededor de 100 megavatios, según explicó Zapata.
La empresa responsable de la instalación de una infraestructura en tierra, «similar al resto», detalló el consejero comparándola con las que Disa y Sampol ofertaron en la primera fase, es Ayagaures Medioambiente, del grupo canario Pérez Moreno. «Hemos querido que sean varias las compañías que participen en este proceso», subrayó Mariano Hernández Zapata.
Cabildo y Gobierno de Canarias buscan el punto en el que fondeará el barco-generador turco
En la fase anterior, se invitó a una quincena de operadores y solo Disa y Sampol respondieron. También Endesa, pero su planteamiento de actuar en sus propias centrales térmicas «no tenía cabida en este proceso de emergencia», afirmó el integrante del Gobierno de Fernando Clavijo. En esta ocasión, la consejería ha buscado directamente a las empresas que podrían cubrir las necesidades –«la emergencia autoriza este proceder»– de los sistemas eléctricos de las Islas.
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