El PSOE activa una 'macrosubida' de impuestos a extranjeros que compran casas, socimis y pisos turísticos

Cinco meses después del anuncio de Pedro Sánchez de un 'megaplan' para solucionar el problema de la vivienda en España, el PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para intentar convertir en realidad una buena parte de las doce medidas que contenía este programa diseñado entre Moncloa y el Ministerio de Vivienda, aunque el texto apenas cuenta con posibilidades de salir adelante, dada la debilidad legislativa del Ejecutivo en las Cortes.

La primera gran medida que se incluye en este texto que ha sido registrado en el Congreso este jueves pasadas las once de la mañana es contempla la creación de un nuevo impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) para extranjeros no residentes de fuera de la Unión Europea que compren casas en España. Este gravamen será de hasta el 100% del valor catastral del inmueble, del precio declarado o del valor de mercado.

Nuevas bonificaciones fiscales a caseros

La proposición de ley incluye las nuevas desgravaciones fiscales de hasta el 100% del alquiler para aquellos caseros que pongan sus viviendas en el mercado a precios por debajo de mercado. Esta medida se va a poner en marcha a través de una reforma de la ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y contempla varias casuísticas.

Las desgravaciones serán tanto para contratos nuevos que bajen el precio un 5% como aquellos inmuebles que salgan por primera vez al mercado. Estas bonificaciones serán del 100% si la renta a cobrar está por debajo del índice creado por la cartera liderada por Isabel Rodríguez, del 95% si el inmueble está en una zona declarada tensionada y además el inquilino tiene entre 18 y 35 años, del 90% cuando la vivienda únicamente esté en estas zonas tensionadas, del 85% cuando se alquile a jóvenes menores de 35 años y del 60% en el resto de los casos. Adicionalmente, contempla desgravaciones del 70% si se alquila el activo a un ayuntamiento, comunidad autónoma o administración pública.

Cambios en el régimen de socimi

Los cambios en la fiscalidad de las socimis atacan sobre todo a los beneficios no distribuidos vía dividendo. Estas compañías no tributan el impuesto de sociedades de aquellos beneficios que se reparten vía dividendo, que obligatoriamente tienen que ser más del 80%. El 20% restante, en caso de no distribuirse, tributa al 15%, una fiscalidad que se elevaría ahora hasta el 25%, aunque con matices, ya que solo afectará a aquellas empresas cuyo patrimonio sean viviendas en alquiler, no edificios de oficinas, naves logísticas o centros comerciales, como Merlin Properties y Colonial, las dos más grandes del Ibex-35.

Esta subida impositiva contempla también desgravaciones: del 50% si más del 60% de la cartera de activos se destinan a alquiler asequible y del 100% si adicionalmente reinvierten el beneficio en este tipo de viviendas durante los siguientes tres años. El Gobierno considerará asequible aquellos inmuebles cuya renta no supere el índice creado por el Ministerio, si es una vivienda clasificada como protegida, si el precio del alquiler no supera el 30% de los ingresos del inquilino o si el coste está por debajo de 26.400 euros anuales.

Cerco a los pisos turísticos

La proposición de ley incluye una nueva tributación de los alquileres de viviendas de menos de 30 noches en municipios con más de 10.000 habitantes, que se pasarán a considerarse arrendamientos turísticos y dejarán de estar exentos de IVA, pasando a tributar al tipo general del 21%. Esto influye a todos los inmuebles alquilados en plataformas online, como Airbnb o Booking, sean gestionadas por particulares o empresas. Esta no es una idea del Gobierno, sino la trasposición de la directiva 2025/516 de la Unión Europea.

Las medidas que decayeron en la convalidación del decreto Ómnibus

El texto registrado por el grupo socialista en la Cámara Baja incluye varias medidas ya aprobadas a finales del año pasado en el decreto Ómnibus, pero que no pudieron ser convalidas posteriormente. Entre ellas destaca la trasferencia a Sepes de las viviendas en manos de Patrimonio del Estado, ADIF, SIEPSE, INVIED, MUFACE y los Reales Patronatos. Estas no requerirán tasación previa ni compensación económica, en algunos casos.

Otro de los puntos relevantes es la ampliación hasta 80 años de la duración de los planes de colaboración público-privada, que consisten en la cesión de suelos públicos a inversores privados para que construyan vivienda que se alquilen a precios asequibles. El último es una modificación técnica del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (más conocido como plusvalía municipal), que actualizan los coeficientes máximos aplicables.