Condonación de deuda: Hacienda advierte a las autonomías de que no podrán gastar lo que se ahorren en pago de intereses

La condonación de deuda autonómica empieza a dar sus primeros pasos legales. Este mismo miércoles, el Ministerio de Hacienda ha abierto el trámite de 'consulta pública previa' sobre el que será el 'anteproyecto de ley orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común' que el Gobierno quiere llevar a Las Cortes en las próximas semanas, ya como proyecto de ley.

La apertura de este trámite viene acompañado de un jarro de agua fría para las comunidades: en el documento sometido a consulta pública, Hacienda advierte a las autonomías de que no podrán gastar los entre 6.500 y 7.000 millones de euros que se puedan ahorrar en pago de intereses por la reducción de su deuda.

En particular, la Generalitat de Catalunya ha estimado un ahorro en intereses en el entorno de los 1.550 millones a lo largo del periodo de absorción de los 17.104 millones de euros de deuda de la Generalitat que prevé asumir el Estado. Para 2025 se estima un ahorro en el entorno de los 200 millones.

El procedimiento de consulta pública abierto este miércoles, hasta el 30 de mayo, busca recabar la "opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma", cuyo principal objetivo es "promover la vuelta de las comunidades autónomas a la disciplina de los mercados".

Para ello, se plantea que el Estado asuma una parte de la deuda en la que incurrieron durante la crisis financiera (entre 2009 y 2013). En concreto, Hacienda ha propuesto perdonar 83.252 millones de euros al conjunto de las autonomías, según adelantó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado 24 de febrero. Según los cálculos de Hacienda, las autonomías podrían ahorrarse entre 6.500 y 7.000 millones de euros en pago de intereses tras la absorción de esta deuda por parte del Estado.

En contra del discurso inicial de la ministra de Hacienda -que explicaba que estos 7.000 millones podrían ser empleados por las comunidades en una mejor financiación de sus competencias (como la sanidad, la educación o la dependencia)-, el documento publicado ahora por el ministerio aclara que este dinero debe ser ahorrado, para reducir la deuda.

Evitar el riesgo moral

Ahora bien, en el documento sometido a información pública se subraya que con el futuro proyecto de ley también "se persigue evitar la aparición de problemas de riesgo moral". Es decir, se quiere evitar que la condonación de deuda pueda ser percibida un incentivo a la "irresponsabilidad fiscal", tal como ha denunciado, por ejemplo, la fundación Fedea. Hacienda pretende evitar el citado "riesgo moral", a través de la aplicación del artículo 12 de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria, "que impide que el ahorro de intereses producido por la reducción de deuda de las comunidades autónomas pueda ser empleado en incrementar su gasto". En efecto, en su punto quinto, el citado artículo establece que "los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública".

El criterio fijado por el Ministerio de Hacienda coincide con la advertencia que la presidenta de la Autoridad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, lanzó en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 26 de febrero. Allí advirtió de que el ahorro en pago de intereses "no genera un mayor margen de gasto en otras políticas públicas", según explicó el organismo en una nota pública difundida el día siguiente. La fundación Fedea también había advertido de ello.

Principio de voluntariedad

En el documento publicado por Hacienda este miércoles se recuerda que "la medida excepcional de absorción de deuda se rige por el principio de voluntariedad, de manera que las Comunidades Autónomas beneficiarias deberán aceptar la aplicación de esta medida en los términos que se prevean en la norma reguladora de la medida". Así, el proyecto de ley establecerá "el procedimiento de adhesión y ejecución de la absorción de deuda".

En principio, según lo adelantado en ocasiones anteriores por la vicepresidenta Montero, se prevé que, tras la aprobación de esta ley orgánica por el Parlamento, Hacienda convoque las correspondientes comisiones mixtas con cada gobierno regional. Es ahí donde cada comunidad deberá decir 'sí' o 'no' a firmar el correspondiente convenio para el perdón de parte de su deuda. Si la ley resulta aprobada en el Congreso de los Diputados, este proceso podría producirse a finales de este año.

Carácter excepcional y no recurrente

El texto sometido a discusión pública adelanta que el anteproyecto de ley regulará "las modalidades de deuda a las que les resultará aplicable la medida de absorción de deuda". También fijará "el carácter excepcional, puntual y no recurrente de la medida", que "no está vinculada al sistema de financiación autonómica".

Además, concretará "los tramos y criterios de cuantificación de la deuda autonómica a absorber por el Estado de cada una de las comunidades autónomas de régimen común".

En todo caso -añade el documento publicado por Hacienda- "se procurará que la medida tenga un impacto neutral en términos de deuda y déficit de las administraciones públicas en su conjunto, de tal forma que, a nivel de contabilidad nacional, se produzca un traspaso de pasivos entre distintos niveles de la administración que no afecte al volumen de deuda agregado del conjunto de administraciones públicas".

Suscríbete para seguir leyendo