El Gobierno de Canarias cambia las ayudas al plátano pese a la división del sector

El Gobierno de Canarias decidió ayer aprobar el controvertido decreto que regula la asignación de cantidades de referencia y de reserva para los productores de plátanos de las Islas y cuyo debate lleva varios meses en el candelero por la oposición de una parte del sector. El portavoz y viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, aseguró que la nueva regulación beneficia «al 91% de los productores canarios» y que con el restante 9% se continuará dialogando por parte de la Consejería de Agricultura para apaciguar los ánimos.

En un intento por no agudizar la división del sector, el decreto establece la aplicación de un límite de asignación que se fija en 68.500 kilos por hectárea, una de las demandas de Asprocan, lo que para el Ejecutivo ofrece un marco «coherente y estable» que permite planificar los próximos años ante posibles modificaciones del Posei, ya que el periodo de revisión se amplía de dos a tres años, una modificación que sí cuestiona la organización de productores.

PNL

Se trata de un decreto, según el Gobierno, conforme a lo establecido en el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei) y en el marco de una norma desarrollada a partir de la proposición no de ley (PNL) aprobada por unanimidad en el Parlamento de Canarias en julio del año pasado. Tras completar los trámites preceptivos, entre ellos los respectivos informes y la valoración de las alegaciones presentadas en el periodo de información y audiencia pública, el proyecto de decreto ha recibido el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, que no presenta reparos de legalidad.

En un reciente encuentro entre las organizaciones profesionales agrarias con representación en el Archipiélago –Asaga, Coag, UPA y Palca– y el Gobierno de Canarias se dio el visto bueno al contenido del decreto, que modifica la regulación de las ayudas europeas para el plátano. Los cambios introducidos han provocado división entre los productores, que hasta la aprobación de la proposición no de ley (PNL) en el Parlamento habían ido todos a una.

La controversia se encuentra en dos medidas: el tope para la producción subvencionable por hectárea, que la PNL fijó en 65.000 kilos pero que finalmente el Gobierno fija en 68.500 kilos por hectárea para contentar a Asprocan; y la prolongación de dos a tres años del periodo histórico que se toma como referencia para el cálculo de estas ayudas.

Sin embargo, Alfonso Cabello explicó que el objetivo es que el sector cuente con un «marco regulatorio coherente, estable y que permita planificar los próximos años ante cualquier modificación del Posei». Cabello insistió en que el 91% de los productores saldrán beneficiados con las nuevas asignaciones de las cantidades de referencia ya que «nos parece suficiente porque también se utiliza para otras producciones, mejora la estabilidad y los planes financieros se pueden programar para tres años». No obstante, ante el descontento de una parte del sector representado por Asprocan, el portavoz del Ejecutivo garantizó que el consejero de Agricultura, Narvay Quintero, seguirá con el diálogo permanente con los productores.

Cambios negativos

Sin embargo, los cambios que se querían introducir en el texto no convencían a Asprocan. La organización ha expresado en ocasiones anteriores que la modificación será negativa para los pequeños productores y penalizará a aquellos que consigan hacer más productivas sus hectáreas, por lo que se ha aumentado de los 65.000 kilos que aprobó el Parlamento hasta los 68.500, que es el mínimo que pedía Asprocan. Asimismo, también alega que la nueva fórmula para recalcular el histórico no beneficiará a muchos agricultores.

Además del preámbulo justificativo, el decreto consta de una parte dispositiva estructurada en tres capítulos. En el primero de ellos se establecen las disposiciones generales de la norma, que para establecer las cantidades se basará en las superficies de cultivo inscritas en el Fichero de Afiliados del Registro de Organizaciones de Productores de Plátanos. En el capítulo dos se detalla el procedimiento de revisión de las cantidades de referencia, así como los plazos, método de cálculo o límite de asignación mientras que, en el capítulo tres, se aborda la normativa que regula la gestión de la dotación de reserva.

La parte final contempla una disposición adicional única en la que se recoge la excepción para las personas afectadas por la erupción volcánica de La Palma o por expropiaciones para equipamientos de interés general, en la que se establece que conservarán la cantidad de referencia asignada en la campaña 2021, así como las resultantes de sus revisiones posteriores.

Ante la división existente, el Gobierno ha insistido en varias ocasiones apelando a la unidad del sector, con el fin de defender al sector primario ante la Comisión Europea y con el fin de garantizar un respaldo económico más acorde con la situación en la que se encuentra.

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