La fiscalidad y el desarrollo sostenible marcan los retos para la conectividad en Canarias

El debate acerca del modelo turístico y la necesidad o no de modificar la fiscalidad relativa al sector revuelve los ánimos entre los diferentes operadores responsables de la conectividad en Canarias. Representantes de aerolíneas, navieras y organismos portuarios mostraron este martes 13 de mayo sus dudas acerca de la idoneidad de modificar, de una forma u otra, la carga impositiva asociada a esta actividad. Y lo hicieron cuando la polémica sobre la posibilidad de incrementar la carga fiscal imponiendo una tasa, un impuesto a las pernoctaciones o a través de un incremento vía IGIC turístico está más viva que nunca. Opciones que, dentro del sector privado, preocupan por el mensaje que se le podría estar mandando a quienes tienen intención de venir de vacaciones y cómo esto podría acabar afectando a la conectividad, que depende en buena medida de la actividad turística. Sin foráneos que llenen los aviones o sin canarios que abarroten los barcos para visitar otras islas, las conexiones en el Archipiélago no serían las mismas.

Esta situación de incertidumbre respecto a la fiscalidad y también la que genera el aumento de los costes que provocarán las directrices impuestas por Bruselas para avanzar hacia un modelo más sostenible cuando entren en vigor, son dos de los grandes retos para las conexiones aeroportuarias en las Islas. Desafíos que este martes se pusieron sobre la mesa durante el foro Conectividad turística, un encuentro organizado por CEOE-Tenerife y el periódico EL DÍA -cabecera de Prensa Ibérica en Tenerife- en colaboración con Turismo de Tenerife.

El presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, fue el primero en destacar durante su intervención el rechazo de la patronal tinerfeña a la modificación al alza de la presión impositiva en el sector sea del tipo que sea. «La fiscalidad del turismo tiene que ser la misma que en el resto de sectores», determinó, antes de señalar que la solución ante una creciente contestación social por los efectos negativos que pueden generarse «no es subir tasas o imponer impuestos a las pernoctaciones», sino mejorar la eficiencia en el gasto, en la ejecución presupuestaria y «tener claro qué necesitamos y hacerlo». Alfonso achacó a una moda «culpar al turismo» de todo y pretender que sea el único problema, cuando bajo su punto de vista «el turismo es la solución».

En este sentido, añadió que Canarias tiene en estos momentos una conectividad excelente que no puede correr el riesgo de perder, ya que no se trata de un lujo sino de un factor determinante para la economía real del Archipiélago.  

Desde la parte pública, el encargado de contestar a su mensaje fue ayer el vicepresidente del Cabildo y consejero insular de Turismo, Lope Afonso, que volvió a reiterar su oposición a la puesta en marcha de una tasa o un impuesto a las pernoctaciones. Una postura con la que demostró, nuevamente, que en las administraciones tampoco existe un consenso sobre su aplicación. Mientras Coalición Canaria (CC) –con quien el PP gobierna en la corporación local y el Ejecutivo regional ahora se muestra abierta a, al menos, estudiarla, los populares se cierran en banda. No solo porque su viabilidad es dudosa, sobre todo si se quiere exceptuar a los residentes canarios, sino por el momento en el que se quiere poner en marcha. «¿En una comunidad que está en récord histórico de recaudación el problema de redistribución de la riqueza tiene que pasar por aumentar la recaudación?», preguntó a los presentes durante el debate que estuvo moderado por el vicepresidente de CEOE-Tenerife, Eduardo Bezares. Y añadió, en un momento de incertidumbre internacional, donde otros destinos tratan de poner al día su fiscalidad para seguir siendo sostenibles, «¿vamos a añadir un nuevo tributo? Parece que esto tiene un perfume de castigo para el sector». 

En la misma línea se expresó el presidente de Binter Canarias, Rodolfo Núñez, quien categóricamente sostuvo que esta iniciativa sería «mala para el turismo» y manda la señal «de que no nos apetece que vengan», además de poner en duda que sea una buena medida para redistribuir la riqueza. «Si queremos dar una señal de que nos preocupa la saturación vamos a dársela, pero aumentando los costes no estamos haciendo nada». 

Respecto al efecto que podría tener en la conectividad marítima, el director general de Fred Olsen, Andrés Marín, consideró que si se exceptúa a los canarios la incidencia sería menor, pero primero habría que definir qué figura jurídico tributaria se le va a aplicar. En este sentido, detalló que existen otros factores externos que sí se prevé que subirán los costes de una manera importante, como las directrices que se lanzan desde la Unión Europea para tratar de rebajar las emisiones. Canarias está exceptuada del pago de los derechos de emisiones hasta 2030, pero la compañía ya se prepara para mitigar su efecto con iniciativas como la incorporación de buques tipo RO-RO, exclusivos para el transporte de mercancías, que reducirá el impacto de este sobrecoste en la compañía cuando entre en vigor.  

La carrera para adaptarse a las nuevas políticas europeas en reducción de emisiones y poder ofrecer todos los servicios que requieran los buques también ha comenzado en los puertos canarios. El vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Airam Díaz, reconoció que la normativa europea de emisiones al transporte marítimo castiga gravemente a Canarias. «La tendencia es clara hacia las penalizaciones y nosotros nos quejamos de que en vez de poner multas se podría bonificar al que lo hace bien», sostuvo. Díaz insistió en que, si no hay cambios, puede producirse una reducción del tráfico marítimo en la región, saliendo beneficiados otros puertos de la zona oeste africana, ya que la inversión que tienen que hacer las navieras «es enorme y no hay una regulación específica que les garantice que en futuro serán rentables». Aunque detalló que los puertos tinerfeños están siendo punto de lanza en esa adaptación para, entre otras cosas, seguir siendo referencia para el turismo de cruceros.

Lo mismo ocurre en el sector aéreo en el que, sobre todos las compañías, deben adaptar sus flotas a a las nuevas directrices. De esta manera, los aeropuertos también deben prepararse para ofrecer este tipo de servicios y suministros de nuevos combustibles. El director del Grupo de Aeropuertos de Canarias, Luis López Chapi, definió a los aeropuertos como «intercambiadores de transporte» que deben tener las infraestructuras preparadas para que los pasajeros puedan continuar su camino, bien en un nuevo avión o cogiendo otro tipo de transporte público o privado. Chapi se refirió a uno de los problemas que se le han achacado en especial al aeropuerto de Tenerife Sur respecto al control de pasaportes donde a veces se producen retrasos afectando negativamente a la experiencia del turista. En este sentido, reconoció que tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea «pudo haber cierto desajuste, pero se ha notado ya una mejoría en los tiempos de paso en los controles de pasaporte». 

En el debate organizado durante el foro de CEOE-Tenerife y EL DÍA participó también otro eslabón de la economía para el que la conectividad es un aspecto determinante: las empresas de mensajería. Con un comercio online creciente estas compañías cada vez necesitan un mayor volumen de transporte para cubrir la demanda. El fundador de Seur Canarias, Manuel Valle, explicó que la saturación en determinadas épocas del año es evidente porque el volumen de pedidos se multiplica hasta por siete. Sin embargo, «la oferta no se ensancha en esa época produciéndose un embudo» que lastra la rentabilidad. «Somos el único sector que en la mejor época del año pierde dinero», lamentó. Por lo que insistió en que las necesidades de este negocio creciente también deben ser tenidas en cuenta respecto a la conectividad de las Islas. 

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