Banana por Plátano de Canarias: destapan en Alicante un fraude de casi 2.000 toneladas

Un producto tan emblemático como el Plátano de Canarias, reconocido y protegido por la Indicación Geográfica Protegida (IGP), ha sido objeto de un fraude de enormes dimensiones. Una empresa de la provincia de Alicante ha sido puesta bajo investigación judicial por la Guardia Civil por, presuntamente, vender como si fuera Plátano de Canarias lo que en realidad era banana importada de Madeira y otros orígenes.

En total, cerca de 2.000 toneladas comercializadas durante 2023, parte bajo un etiquetado fraudulento, que inflaba su precio, engañaba a los consumidores y perjudicaba a los verdaderos productores canarios.

El Plátano de Canarias IGP no es un plátano cualquiera. Su sabor, textura, tamaño y método de cultivo lo distinguen, y es por eso que cuenta con una protección especial dentro del mercado europeo. El precio puede duplicar al de la banana convencional, lo que lo convierte en un blanco apetecible para la picaresca empresarial.

La Asociación de Productores de Plátano de Canarias fue la que prendió la mecha. Al revisar el mercado, sospecharon de un actor con un historial de irregularidades, y presentaron una denuncia ante la Guardia Civil.

Doble engaño: sin autorización y con banana extranjera

Lo más grave no es solo que se vendiera banana como plátano canario, sino que la empresa ya tenía suspendida la autorización para vender productos con esta IGP. Aun así, habría seguido operando, ocultando sus actividades a la empresa certificadora y a las administraciones públicas.

Los investigadores del Seprona inspeccionaron sus instalaciones en Alicante y siguieron la pista de las partidas distribuidas en València, Vigo y Bilbao. Lo que encontraron fue demoledor: banana extranjera etiquetada falsamente como producto canario, y una cadena de documentación supuestamente manipulada.

Según la investigación, la empresa habría falsificado documentos, manipulado facturas y ocultado sistemáticamente el rastro de la mercancía. Un caso de manual sobre cómo transformar un producto básico en un artículo gourmet... pero sin serlo.

Este tipo de fraude afecta no solo a los productores canarios, que ven su producto devaluado y su reputación en entredicho, sino también a los consumidores, que pagan más por algo que no cumple lo prometido.

Delitos graves y una amenaza a la seguridad alimentaria

El juzgado de San Vicente del Raspeig investiga los hechos por posibles delitos contra la propiedad industrial, falsedad documental y contra el mercado y los consumidores. A nivel administrativo, se han abierto expedientes que podrían conllevar sanciones de hasta 3 millones de euros, en virtud del Reglamento (UE) 2024/1143 sobre indicaciones geográficas y calidad alimentaria.

Se trata de una de las normativas más estrictas para proteger la autenticidad de productos agrícolas en Europa. Su incumplimiento no solo se castiga con multas: afecta a la imagen del sistema alimentario y erosiona la confianza del consumidor.

La operación no se queda en el ámbito local. Gracias al intercambio de datos a través de Europol, las autoridades han podido rastrear el origen de la banana hasta Madeira y otros puntos de exportación, cerrando así el círculo de un fraude con dimensiones transnacionales.

La Generalitat Valenciana, a través de su Servicio de Control de la Calidad Agroalimentaria, también ha colaborado estrechamente, reforzando la importancia de la cooperación interinstitucional en casos de fraude alimentario.