Los ‘autoencargos’ a Tragsa restan 1.300 millones a las constructoras

Las patronales del sector de la construcción en Canarias han vuelto a levantar la voz por los encargos de obras que las administraciones realizan a empresas públicas. Adjudicaciones que en los últimos años han arrebatado más de 1.300 millones de euros en contrataciones a las empresas privadas del Archipiélago. Fondos que, aseguran, podrían haberse utilizado para generar actividad, crear empleo y riqueza. El montante ha sido calculado por las organizaciones empresariales en función de los autoencargos a Tragsa, por lo que la cantidad total que pierde el sector privado de las Islas a raíz de este tipo de adjudicaciones directas es muy superior. Una situación que rechazan y que cuenta con el aval de la justicia, como así reflejan las dos sentencias recientes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por encargos de varios proyectos a Gesplan. 

En el caso de Tragsa –una empresa pública nacional creada para realizar trabajos relacionados con el medio rural o actuaciones en situaciones de emergencia social– ha recibido adjudicaciones de las administraciones canarias por valor de más de 900 millones de euros en los últimos siete años. A ellos, se suman proyectos por otros 400 millones, derivados de concursos públicos que han quedado desiertos y que se acaban encargando a esta entidad. 

Una maniobra que las patronales canarias llevan años denunciando, ya que consideran que bordea la ley de contratos públicos. Las organizaciones empresariales han llevado ante la Comisaría Europea de Competencia esta situación para tratar de poner coto a los autoencargos en la administración pública. Una denuncia que todavía está en trámites de resolución pero que ya cuenta con respaldo en la jurisprudencia nacional. No solo se ha determinado que todos los encargos que se encuentren fuera del objeto social de las entidades adjudicatarias son irregulares, sino que además el propio Tribunal de Cuentas ya ha dado un tirón de orejas a las administraciones españolas por la realización de esta práctica. 

El TSJC frena los ‘autoencargos’ injustificados de la Administración pública en Canarias

Las patronales canarias se congratulan ahora de sumar también a su lucha a otros colegios profesionales como el de Arquitectura de Tenerife, La Gomera y El Hierro, que el pasado martes celebró que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) haya anulado dos adjudicaciones directas de proyectos urbanísticos a la empresa pública Gesplan por parte de los ayuntamientos de Candelaria y San Juan de la Rambla. El colegio denuncia que los encargos a medios propios se están usando de manera sistemática por las instituciones públicas, llevando a cabo adjudicaciones directas y evitando el procedimiento de libre concurso. Algo que provoca un impacto negativo directo en los estudios de arquitectura de las Islas, que no pueden acceder a estos proyectos. 

La presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas (AECP), María Salud Gil, apunta que los autoencargos, tanto de redacción de proyectos como de ejecución de obras, tienen los mismos factores desencadenantes y consecuencias negativas. «Acuden a las entidades propias porque no tienen que pasar por todos los procesos de elaboración de un concurso público», sostiene. Algo que permite acelerar los plazos para ejecutar los fondos, sobre todo si se corre el riesgo de tener que devolverlos en el caso de que no hayan sido justificados. 

Una situación que para el presidente de la Federación Provincial de Entidades de Empresas de la Construcción (Fepeco), Óscar Izquierdo, es solo una demostración de «de la ineficacia de la propia administración», que no tiene capacidad gestora propia para sacar adelante todos los procedimientos administrativos.

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