Los trenes se topan con el bloqueo de la ley que ampara su financiación

Los proyectos ferroviarios de Gran Canaria y Tenerife, con los que se pretenden dar una alternativa medioambientalmente sostenible a las conexiones por carretera entre las zonas turísticas de ambas islas y sus respectivas capitales, no logran despegar. Pese a lo avanzado de sus estudios y de sus aspectos técnicos por parte de los cabildos –en el caso grancanario incluye también algunos pasos administrativos como la expropiación de terrenos– , otros elementos imprescindibles para su puesta en marcha se mantienen bloqueados.

Es el caso del proyecto de ley que debe amparar la financiación estatal de estas dos grandes obras cuyo coste total rondará los 4.000 millones y que deberá imprimir un cambio radical en el sistema de transporte en las dos islas con vista a la descarbonización y acabar, en lo posible, con los grandes atascos en los accesos a las dos principales ciudades del Archipiélago. La norma que debe dar cobertura legal a esa participación financiera del Estado en los trenes canarios es la ley de Movilidad Sostenible, ya en trámite parlamentario aunque bloqueada desde hace año y medio por la falta de acuerdo entre el Gobierno central y sus socios respecto a elementos centrales del texto. 

La iniciativa legislativa, que superó el debate de totalidad en septiembre de 2024 ya con mucho retraso respecto a los planes iniciales del Gobierno, está pendiente de que se reúna la ponencia y empiece a ordenar las 750 enmiendas presentadas, antes de pasar a su discusión en la comisión de Transportes y Movilidad Sostenible. Tras muchos meses de parón, el Ejecutivo inició en febrero una nueva ronda de conversaciones para intentar obtener una mayoría de acuerdo, pero por ahora no se vislumbra un horizonte de aprobación. 

El PP logra la abstención de Junts, PNV y Más Madrid para exigir al Gobierno que presente los Presupuestos de 2025

Entre las enmiendas presentadas se encuentran dos de CC, aparentemente pactadas entre el Gobierno de Canarias, los cabildos afectados y el Gobierno central, en las que se arbitra el mecanismo que debe dar cobertura al convenio necesario para dar cobertura a la financiación de ambos proyectos ferroviarios.

Se da la circunstancia de que las administraciones canarias y el Ministerio que lidera Oscar Puente tienen una sintonía y una dinámica de colaboración que podría acelerar el proceso para la firma del convenio, pero tan buena predisposición se quedaría sin efectividad real sin la aprobación previa de la ley ahora varada en el Congreso, y de algo tan importante como lo anterior: la tramitación de unos nuevos presupuestos del Estado que contengan partidas concretas para los trenes. 

De entrada, y en previsión de que en el ámbito parlamentario la norma en cuestión pudiera activarse, el Gobierno de Canarias, a través de la directora general de Transportes, María Fernández, los dos cabildos implicados, y el Ministerio tienen previsto concertar esta misma semana una cita inmediata para intentar cerrar un protocolo de colaboración o convenio que pretenden firmar a lo largo del mes de mayo. Fernández envió hace un mes al Ministerio un borrador de convenio, y hace unos días la secretaria general de Movilidad Sostenible, Sara Hernández, se comprometió con la representante canaria a dar esta semana una fecha concreta para esa reunión.

Es el objetivo que se marcaron el consejero de Transportes del Gobierno regional, Pablo Rodríguez, y los presidentes de los cabildos, el grancanario Antonio Morales y la tinerfeña Rosa Dávila, en su reunión del pasado 12 de febrero con el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santana, y otros responsables de las infraestructuras ferroviarias del Ministerio. El convenio debe establecer la forma en la que el Estado se compromete a asumir gran parte de la financiación de los dos proyectos, con la posibilidad de incluir en ella fondos comunitarios, que ahora no forman parte de las infraestructuras ferroviarias estatales bajo el paraguas de Adif, la entidad estatal de gestión de las mismas. 

Régimen de colaboración

Las dos enmiendas de CC a la ley de Movilidad Sostenible que abren esa puerta establecen un horizonte de inversión de diez años con la posibilidad de una prórroga de siete años más, lo que garantizará la estabilidad económica y permitirá una planificación realista y sostenida de los proyectos, mientras las conversaciones políticas hasta el momento planteaban la posibilidad de una primera partida de 300 millones en los primeros presupuestos que se aprueben desde la entrada en vigor de dicho convenio. Las propuestas apelan a la necesaria reforma de la ley 38/2015 del sector ferroviario, en la que se añadirían sendas disposiciones adicionales referentes a las «infraestructuras ferroviarias en los archipiélagos balear y canario» para que «formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General». 

Una vez integradas en esa red estatal, se establece que su «administrador general», es decir, Adif, «podrá intervenir en el desarrollo de dichas redes a través de la vía del contrato de concesión previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, garantizando la financiación de los costes de la construcción a la entidad concesionaria». Añade que «la concesión podrá otorgarse de manera directa a las entidades públicas adscritas a las comunidades autónomas o corporaciones insulares cuyo objeto social incluye el desarrollo y explotación de las mencionadas infraestructura», de forma que la gestión práctica de los proyectos se mantienen en manos de las corporaciones insulares a través de sus respectivos entes creados a tal fin.

Una segunda enmienda, la que establece el horizonte de duración del convenio, se señala que «se establecerá el régimen de colaboración para acometer las obras cuya financiación le corresponde asumir a la Administración General del Estado». En su parte primera, la enmienda apela a los artículos 3 (Lejanía, insularidad y ultraperiferia) y 168 (Principio de solidaridad interterritorial) del Estatuto de Autonomía de Canarias, para justificar «la consideración de interés general de las infraestructuras ferroviarias que faciliten la integración del territorio del Archipiélago y su conexión nacional e internacional, a efectos de garantizar su financiación por el Estado, a través de los organismos competentes». 

El texto aclara que «corresponden a la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con el sistema de distribución competencial que resulta de su Estatuto de Autonomía, la totalidad de las competencias en relación con dichas infraestructuras y con el transporte ferroviario», pero la dirección técnica de los proyectos la asumirán los cabildos. 

Fuentes de la consejería de Transportes del Gobierno de Canarias señalan que el hecho de que en este tipo de convenio estén implicadas otras administraciones diferentes a la comunidad autónoma y al Estado, como es el caso de los cabildos, que no intervienen en el caso del de carreteras, no supone una dificultad o complejidad administrativa mayor. 

Suscríbete para seguir leyendo