El Gobierno rechaza la rebaja de impuestos a las centrales nucleares que exigen las grandes eléctricas

El Gobierno y las grandes eléctricas han abierto vías de comunicación para abordar un posible aplazamiento de los cierres de las centrales nucleares. Las compañías propietarias de las plantas (Iberdrola y Endesa como grandes operadores y Naturgy y EDP con participaciones minoritarias en algunos reactores) pretenden reordenar el calendario de clausuras de las centrales. Una reorganización que debe empezar por la central de Almaraz, porque sus reactores serán los primeros en desenchufarse y está previsto que echen el cierre en 2027 y 2028, y luego las del resto de plantas.

Iberdrola, Endesa y Naturgy han defendido públicamente la necesidad de mantener más tiempo en funcionamiento todo el parque nuclear para garantizar la seguridad de suministro eléctrico en el país, frente al calendario de cierres escalonados programados entre 2027 y 2035. Las compañías eléctricas, no obstante, consideran como condición imprescindible para no tener cerrar las nucleares y pactar una revisión del calendario de clausuras que tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas den garantías expresas de que bajarán los impuestos a las centrales para asegurar su rentabilidad.

Sin embargo, el Gobierno enfría esa posibilidad y advierte de que los costes de operación de las centrales y de gestión de sus residuos debe seguir recayendo en las propias compañías eléctricas. El Ejecutivo “ha trasladado de manera firme a las empresas que la fiscalidad y los costes de la gestión de los residuos no pueden en ningún caso recaer en los consumidores”, explican fuentes oficiales a EL PERIÓDICO. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, se advierte de que “actuará de manera responsable guiándose siempre por el principio rector de ‘quien contamina paga’”.

Las energéticas propietarias de las centrales nucleares llevan años quejándose de la enorme carga fiscal que asumen. Entre impuestos, tasas autonómicas y otras prestaciones abonadas para hacerse cargo de costes futuros de su actividad, la electricidad producida por las centrales nucleares paga más de 28 euros por megavatio hora (MWh). En total, más de 1.500 millones de euros cada año que, según se denuncia desde el sector eléctrico, hacen imposible la sostenibilidad y la rentabilidad futura de las centrales. Por eso reclaman que tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas que aplican tasas específicas den garantías de que rebajarán los gravámenes.

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el año pasado una gran subida del 30% de la tasa que pagan las centrales nucleares para pagar la gestión de sus residuos radiactivos y el desmantelamiento de las plantas. En realidad no es una tasa, es una prestación patrimonial no tributaria por las que las eléctricas hacen aportaciones a un fondo con el que se pagará posteriormente la gestión de sus desechos y el desmontaje de los reactores, en aplicación del principio de ‘quien contamina paga’.

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Tras la última subida, la prestación patrimonial que abonan las centrales nucleares a Enresa ha subido hasta los 10,36 euros por megavatio hora (MWh) de electricidad producida por las plantas, por lo que los pagos anuales escalarán hasta el entorno de los 585 millones de euros al año (135 millones más que los abonos anuales que pagaban antes del incremento). Las grandes eléctricas han abierto una batalla legal en el Tribunal Supremo para tumbar la subida de la denominado ‘tasa Enresa’.

Si se consigue alcanzar un acuerdo para alargar la vida de las nucleares y se postergan los cierres, el mayor tiempo de funcionamiento conllevará una rebaja semiautomática de la denominada ‘tasa Enresa’. Cuanto más tiempo estén operativas las centrales más electricidad producirán que se destinará a alimentar el fondo que servirá para financiar el desmantelamiento de las centrales y la gestión de todos sus residuos radiactivos, así que se podrá rebajar la cuantía que las compañías abonan por cada megavatio hora producido. Los cálculos del Gobierno contemplan que la gestión de los residuos tendrá un coste de algo más de 20.000 millones de euros hasta el año 2100.

Además de conseguir rebajar la tasa que pagan para financiar la gestión de los residuos radiactivos, las compañías eléctricas han venido reclamando una reforma integral del resto de la fiscalidad del sector, con una rebaja masiva de los impuestos específicos que pagan, en torno a 950 millones al año (a razón de 18 euros por MWh producido).

Las nucleares han reclamado en los últimos años al Gobierno y a las CCAA un gran recorte de los impuestos específicos que gravan la actividad de sus reactores, e incluso piden directamente la eliminación de todos o de algunos de los tributos vigentes especiales para la producción con nucleares, tanto los estatales como los autonómicos. Para las eléctricas la rebaja de impuestos y tasas se trata de una condición indispensable en este proceso. O el Gobierno y las CCAA acceden a revisar la fiscalidad que soportan las centrales nucleares o no habrá ampliación de las centrales.

Sin una propuesta sobre Almaraz

Las grandes eléctricas trabajan en una propuesta consensuada sobre una revisión de los plazos de de los cierres de las centrales nucleares, y va tomando forma una posición conjunta de las compañías para conseguir una ‘miniprórroga’ de tres años para la central cacereña de Almaraz, alargando su funcionamiento al menos hasta 2030, y que empujará a revisar las fechas de cierre de todas las demás centrales con prolongaciones similares de bienios o trienios extra.

“No hay ninguna propuesta formal de las empresas propietarias de Almaraz para ampliar el calendario de cierre”, subrayan fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. “En las conversaciones mantenidas con las compañías el Ministerio tampoco ha constatado una apuesta concreta y unitaria sobre el futuro de Almaraz”, sentencian.

Las compañías eléctricas aún trabajan en una postura conjunta con la que proponer al Gobierno una ampliación urgente de la licencia de Almaraz, en principio sólo hasta 2030; una reordenación del resto de cierres para que no se solapen unos con otros, con lo que se retrasaría el apagón nuclear total y se prolongaría con carácter general los años de funcionamiento del parque nacional de reactores; y también una aproximación sobre las rebajas de tasas e impuestos estatales y autonómicos necesarias para hacer viable la continuidad de la nuclear.

Una propuesta consensuada que sería aprobada en la junta de socios de CNAT, la sociedad que formalmente controla las centrales nucleares de Almaraz y de Trillo, y en la que están representadas Iberdrola, Endesa y Naturgy. Aunque Iberdrola tiene una participación mayoritaria en CNAT, las decisiones estratégicas han de ser adoptadas por unanimidad según establece la regulación vigente. Aún no hay fecha prevista para la celebración de la próxima junta de socios, pero fuentes internas apuntan a que muy probablemente se convocará en mayo.

Decisión urgente para Almaraz

Las grandes eléctricas pactaron en 2019 entre ellas y con Enresa, la empresa pública encargada de desmantelar las centrales y de gestionar los residuos radiactivos, un calendario de cierre progresivo de todos los reactores. El acuerdo con Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP -las eléctricas propietarias de las plantas- establece una clausura escalonada de las plantas que arrancaría en 2027 (con Almaraz) y culminaría con el último el cierre en 2035 (con Trillo).

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La central nuclear de Almaraz, en Cáceres, está ya en tiempo de descuento. El calendario oficial vigente establece que el reactor I de la central dejará de funcionar en noviembre de 2027 y el reactor II lo hará en octubre de 2028. Sin embargo, las eléctricas necesitan que se adopte una decisión de manera urgente para revertir esas fechas fijadas para su clausura. Los tiempos para revisar las fechas de cierre no son ilimitados, porque los condicionantes operativos y económicos son muchos. Y la decisión si se quiere prolongar la vida de Almaraz debería adoptarse antes de junio.

El proceso previo de planificación de las inversiones necesarias para seguir funcionando exige tomar una decisión ya, para cerrar acuerdos de formación, asegurarse que los operadores e la sala de control cuentan con las licencias oficiales preceptivas y para la contratación del resto del personal, y también para pactar las compras de combustible nuclear y otros suministros.

Fuera de esos plazos, si se toma la decisión más allá del primer semestre de 2025, la central tendría que estar un tiempo parada antes de poder volver a arrancar y ése es el escenario del que quieren huir a toda costa las eléctricas propietarias de la central. Iberdrola (que controla el 52,7% del capital de la planta), Endesa (36%) y Naturgy (11,3%) temen un escenario en que la central se quede durante años sin producir electricidad y sin generar ingresos a la espera de recibir la autorización para volver a funcionar. Y mientras, las compañías sí que acumularían costes millonarios de mantenimiento y de personal por tenerla hibernada.