La alianza de Gobierno y Airbnb expulsa de la oferta 157 'pisos' turísticos irregulares

En tan solo tres semanas han salido de Airbnb 157 ofertas de supuestos alquileres vacacionales domiciliados en diferentes puntos del Archipiélago. Ese es, por el momento, el resultado del acuerdo alcanzado por el Gobierno de Canarias con la plataforma para expulsar de la oferta a aquellos activos que no cumplen con las más mínimas normas. Los lazos continúan activos y su aportación dependerá de la labor desarrollada por los inspectores adscritos a la Consejería de Turismo autonómica.

"Tiendas de campaña, campers [furgonetas], yurtas y barcos" integran ese primer grupo de expulsados, según ha detallado este viernes la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León. También ella ha destacado la facilidad con la que han logrado llegar a un acuerdo con el gigante mundial del alquiler vacacional. Un entendimiento que contrasta con la tensión existente hace menos de un año, cuando desde Airbnb se exigía al Ejecutivo canario cautela para no sobreactuar y provocar daños en lugar de aportar soluciones a la hora de regular este subsector alojativo.

Airbnb purgará la oferta con los datos que le proporcionen los inspectores de la Consejería de Turismo

Al director general de Airbnb Marketing Services, Jaime Rodríguez de Santiago, le consta que desde entonces "ha habido diálogo", con lo que el "primer borrador" que manejaba la consejería "ha cambiado". Con el proyecto de ley en plena tramitación parlamentaria, ha advertido de que en el texto permanecen "cosas que pueden gustar o no". Lo que ambas partes han dejado claro es que el intercambio de comunicación entre las partes va a permanecer activo en todo momento para conseguir el mejor resultado para todas la partes.

Así deberá ser porque la depuración de la oferta se mantendrá activa en todo momento. Rodríguez de Santiago ha definido la presentación del acuerdo como el "inicio de una colaboración mucho más larga". La plataforma adopta un rol "receptor" de la información que transmitan los inspectores. Es decir, será la labor de vigilancia de estos la que determine qué activos deben salir de la oferta. Posteriormente trasladarán la información recabada y los argumentos a Airbnb, que será la que en último extremo la compruebe y proceda a la retirada.

Escasez de inspectores

Todo ello sustentado en el acuerdo rubricado este viernes y que pone en marcha un protocolo de notificación y desactivación de anuncios desarrollado por la propia plataforma. ¿En qué medida se conseguirá el objetivo? Según el esquema presentado, dependerá del fruto que dé el trabajo de los inspectores. La mala noticia es que mientras la relación de puestos de trabajo de la comunidad autónoma contempla la existencia de 45 inspectores, solo se han cubierto catorce plazas.

Todos los activos que pretendan anunciarse tendrán que aportar un número de registro

El acuerdo reduce la brecha que genera la escasez de personal. Por ella se cuelan hasta ahora quienes no cumplen las más mínimas normas. El documento firmado incluye la exigencia para los potenciales anunciantes de aportar un número de registro que deje claro que cumplen con los condicionantes. «Además, pondremos en marcha una campaña de comunicación que conciencie sobre la obligación de cumplir con la normativa europea», ha detallado el director general de Airbnb Marketing Services.

Sin proporcionar el código de identificación que certifique que la vivienda cumple con la normativa, "los alojamientos de corta duración no podrán anunciarse en Airbnb", ha afirmado la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias.

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