José Manuel Sanabria: «Debemos ser coherentes y limitar la vivienda vacacional»

La Federación Canaria de Municipios (Fecam) cuestiona algunos aspectos de la ley de vivienda vacacional ¿En qué momento se encuentran las negociaciones sobre sus propuestas?

Hay cuestiones en las que no podemos estar de acuerdo. La Fecam propone que no haya limitaciones en el suelo destinado a vivienda vacacional pero nosotros creemos que tiene que haber límites –entre el 10 y el 20%– que son flexibles porque se puede justificar el incremento de esos porcentajes. Hemos pedido una justificación de la capacidad de carga de esos núcleos y barrios para que también haya viviendas. Debemos atender a la emergencia habitacional y por eso ponemos limitaciones para que los ayuntamientos nos justifiquen que también habrá lugar para los residentes y que puedan vivir con comodidad.

¿No ven entonces la libertad que reclaman los ayuntamientos para fijar los topes a las viviendas vacacionales?

Dicen algo que me cuesta entender porque necesitan vivienda vacacional para captar población que vuelva a esos territorios ¿Dónde van a vivir? Si estamos ocupando el suelo residencial la gente que vuelva a esos núcleos despoblados no tendrán donde vivir. No pueden ser las dos cosas al mismo tiempo, no se puede pretender atraer a la población de nuevo y utilizar la vivienda que es de residentes para uso turístico, así la gente no tiene donde residir. Me parece que el mensaje es contradictorio porque se podría entender si hay una política de vivienda en esos territorios, pero no escucho iniciativas públicas locales de vivienda residencial. Creo que se trata de un discurso contradictorio.

¿Creen que las miles de viviendas vacacionales que se encuentran en zonas turísticas se quedan en un limbo legal?

Son cosas distintas. Una cosa son los residentes en suelo turístico y otra la vivienda vacacional en zonas turísticas. Para los residentes estamos buscando soluciones y una de las primeras líneas es la suspensión que se ha decretado de los procedimientos sancionadores y haremos modificaciones en ese sentido en las leyes de 1995 y 2013. Pero la actividad de la vivienda vacacional no puede estar instalada en suelo turístico sino en suelo residencial. Los planeamientos urbanísticos tienen una razón de ser e igual que no se puede poner una vivienda en suelo industrial debemos atajar la proliferación de viviendas vacacionales en este tipo de suelos.

¿No creen que la ley genere inseguridad jurídica como sostienen la Fecam y Ascav?

Lo que marca la seguridad jurídica es respetar lo que marca el planeamiento urbanístico. Lo que hay que hacer es que sea coherente la realidad con la legalidad urbanística y por eso hemos dado esta solución. Creo que la inseguridad jurídica es lo que hay hoy, que es que se puede hacer todo en todo tipo de suelo. La seguridad es ordenar el territorio, no podemos estar jugando con esto para las generaciones futuras si queremos ser un destino regulado y ordenado. La vivienda vacacional se va a quedar pero regulada como el resto de sectores alojativos. Tampoco vamos a hacer como Barcelona que va a sacar del mercado a 10.000 viviendas turísticas.

Dado lo que está sucediendo en ciudades como Barcelona o Nueva York hay diferentes formas de regular este fenómeno ¿no?

En todo el mundo. Todos los ayuntamientos que tienen cierto predicamento turístico están realizando este tipo de acciones. Estoy hablando de Italia, Alemania, Francia o Méjico. Este problema de la ocupación de suelo residencial para este tipo de actividad no nos ocurre solo a nosotros, estamos también aprendiendo de lo que sucede en otros sitios y tenemos que hacer valer la competencia municipal en el planeamiento, la declaración responsable y la inspección. Ahí tenemos que colaborar todos.

La actualización de los planes generales municipales ha tenido muchos problemas en Canarias ¿Ahora sí se podrá resolver esta asignatura pendiente?

Se han puesto diferentes instrumentos sobre la mesa. Granadilla de Abona es el último ejemplo con una ordenanza de vivienda vacacional de página y media, elaborada en unos dos meses y ya está en vigor acordada por unanimidad. Hay soluciones para delimitar núcleos, barrios y zonas concretas que tengan una problemática con la vivienda vacacional. Se trata de documentos ágiles que permiten ordenaciones con cierto criterio y herramientas para ayudar a la elaboración de la normativa.

¿Qué valoración le merece el informe de la CNMC sobre la ley?

La Comisión está pensando en los mercados, nosotros pensamos en las personas. Nos propone una serie de sugerencias que no vamos a atender porque son difícilmente asumibles en esta situación de emergencia habitacional. Abren la puerta para que las VPO puedan ser pisos turísticos y nosotros no estamos de acuerdo porque son casas costeadas con fondos públicos para uso residencial. También proponen eliminar los límites y reducir los requisitos de accesibilidad, además de que los locales comerciales se puedan usar como viviendas vacacionales. Creemos que se trata de una tomadura de pelo y es importante leerse el voto particular porque estamos más en esa línea.

¿Ha sido un fracaso la unidad de explotación que se reguló en la ley de 1995?

Es verdad que el principio de la unidad de explotación no ha funcionado y por eso queremos darle una vuelta. Nosotros sí creemos en la unidad de explotación porque nos gustaría que tuviéramos un mercado sólido y que diera garantías de seguridad a los que nos visitan. Queremos que los que se fueron de la unidad de explotación regresen, tenemos que buscar fórmulas imaginativas y por eso las universidades canarias nos van a echar una mano con propuestas legales efectivas que no sean solo teóricas.

De alguna manera se quiere hacer coincidir la ordenación de la residencialización con la nueva normativa turística ¿no?

Queremos llegar a un punto en el que podamos ordenar el galimatías urbanístico que tenemos en el sector turístico porque tenemos residentes en zonas turísticas, turistas en edificios residenciales, el turismo rural que está desapareciendo... Es nuestra competencia ordenar y la queremos ejercer con determinación.

¿Ordenar es también contener el crecimiento de nuevas camas?

La Ley del Suelo es clara y no se puede crecer más sino en aquellos suelos clasificados como turísticos. Creo que la aplicación de la legalidad va a sacar camas del mercado, ya pasó entre 2017 y 2023 con 50.000 camas que salieron del mercado. Todo tiene un límite y se está en ese camino porque no hay tanto suelo clasificado. En algún momento tendremos que decidir hasta dónde podemos llegar.

¿Está definitivamente cerrado el debate de la tasa turística?

Sí creemos que deben cobrarse los servicios que se prestan y Lanzarote es un ejemplo con sus centros de arte, cultura y turismo. También estamos de acuerdo con tasas como las de Masca en Tenerife, pero lo que no creemos es en un impuesto que paguemos todos por el simple hecho de venir, ya hay un impuesto que es el IGIC que también pagan los hoteleros. Ahora no es el momento de incrementar la presión fiscal porque tenemos que medirnos en un mercado muy competitivo.

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