El Gobierno iniciará la negociación para descongelar el sueldo de los funcionarios el próximo lunes

El Gobierno tiene previsto iniciar el lunes que viene las negociaciones con los sindicatos para descongelar los salarios en la función pública. Tras las primeras protestas entre los empleados públicos y el anuncio de más movilizaciones en las próximas semanas, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública ha citado a las centrales mayoritarias en la Administración para abordar un nuevo acuerdo de revalorización salarial.

El encuentro tendrá lugar el próximo lunes 24 de marzo, según ha podido confirmar EL PERIÓDICO, y al mismo están convocados CCOO y UGT, como firmantes del anterior acuerdo salarial.

Los empleados públicos de las distintas administraciones han empezado el 2025 con el salario congelado. La falta de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la complicada aritmética parlamentaria que está lastrando la acción gubernamental han bloqueado hasta ahora, entre otras cosas, la revalorización salarial en la Función Pública. 

Unos 3,5 millones de trabajadores públicos, tanto funcionarios como personal laboral, están a la expectativa de cuánto subirán sus nóminas este año, así como de que les paguen deudas pendientes del ejercicio pasado. El Ejecutivo les adeuda un incremento de 0,5 puntos correspondiente al año 2024, lo que se traduce en unos 700 millones de euros a repartir entre los empleados de todas las instituciones, según cálculos sindicales. 

El Gobierno adeuda a los funcionarios unos 700 millones de euros, correspondientes al 2024

Al filo de terminar el primer trimestre, el Ejecutivo todavía no había iniciado formalmente conversaciones con UGT, CCOO y Csif para concretar estas estas dos materias -el nuevo incremento para este año y el pago del pendiente-. Las centrales han querido forzar esas conversaciones y a lo largo de las últimas semanas han anunciado movilizaciones y concretado ya algunas. El miércoles pasado Csif ya se concentró frente al Ministerio de Hacienda y CCOO preveía hacer lo propio el próximo 8 de abril.

Y el Gobierno, en aras de que la tensión con los empleados públicos no escale y cumplir con sus compromisos pendientes, se verá las caras el próximo lunes con dos de esos tres sindicatos. Csif, en tanto que no firmó el anterior acuerdo salarial, todavía no ha sido convocado para ese primer contacto.

El lunes habrá un primer pero ni mucho menos definitivo contacto y arrancan ahora unas conversaciones en las que las centrales, además de salarios, quieren hablar también de jubilación parcial o de la reducción de la jornada laboral en todas las administraciones a las 35 horas, entre otros.

Los sindicatos reclamarán una subida para este año de al menos el IPC

Los tres sindicatos son partidarios de armar un nuevo acuerdo plurianual, que les de certidumbre a varios ejercicios vista. Una lógica similar a un convenio colectivo del sector privado, que suele cerrar a tres años la evolución de las nóminas. Por las declaraciones públicas que han hecho las tres centrales mayoritarias, sus exigencias serán al alza y para este año reclamarán, como mínimo, el IPC. Es decir, un 3% o más.

Pérdida de poder adquisitivo

En la última década la mayoría de los funcionarios han perdido poder adquisitivo. Y es que sus salarios han experimentado un aumento acumulado del 20,2% en la última década, mientras que los precios han crecido a un ritmo mayor, alcanzando un 23,3%. Esto se traduce en una pérdida de tres puntos de poder adquisitivo para funcionarios y personal laboral, sin considerar trienios adicionales o ascensos de categoría.

Si se amplía el período de análisis e incluyen los recortes y congelaciones salariales aplicados durante la Gran Recesión, primero bajo gobiernos socialistas y posteriormente con el PP, la brecha es aún mayor.

En comparación con el sector privado, las retribuciones en la función pública han crecido a un ritmo más moderado. Los salarios pactados en convenios colectivos han aumentado un 22,8% en los últimos diez años, superando en algo más de dos puntos el alza de las nóminas públicas, aunque sin alcanzar tampoco la subida acumulada del IPC.

Efecto cascada

Las negociaciones arrancan la semana que viene y queda en el tejado del Ministerio cuándo finalizarlas y qué decisión tomar. Y es que el Ejecutivo tiene deber de consulta, pero no está obligado a acordar sí o sí la subida con las centrales. De hecho, el último acuerdo plurianual -de 2022 a 2024 y que supuso un incremento acumulado del 9,5%- lo firmó únicamente con UGT y CCOO, pues Csif se desmarcó al considerarlo insuficiente.

Una vez el departamento liderado por Óscar López y las cúpulas estatales de UGT, CCOO y Csif logren (o no) cerrar un acuerdo salarial, el Gobierno deberá aprobar en Consejo de Ministros tanto el pago de esos 700 millones pendientes, que significarán una ‘paguilla’ para los funcionarios, como la revalorización para este 2025, que será con carácter retroactivo y también se deberá traducir en otro pago único en concepto de los atrasos desde enero. 

Y cuando el Consejo de Ministros de luz verde a la revalorización para la Administración General del Estado (AGE), serán luego las comunidades autónomas y los municipios quienes deban decidir cuándo aplican el mismo incremento a sus plantillas. Habitualmente, los empleados de la Generalitat ven en sus nóminas la subida salarial pactada en Madrid unos dos meses después de que esta se concrete.

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