Aviso de Competencia: las grandes firmas controlarán la vivienda vacacional en Canarias

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que la nueva regulación de la vivienda vacacional –el anteproyecto de ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas– puede conllevar la progresiva desaparición de los pequeños propietarios en favor de grandes firmas que, en consecuencia, acapararían la actividad.

Es solo uno de los varios reparos que la CNMC, el organismo encargado de velar por los principios de la libre competencia y el correcto funcionamiento de los mercados, le ha puesto a la normativa redactada por la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, que a su vez les ha reprochado a los consejeros de la comisión el haber fundamentado su dictamen «exclusivamente en criterios de mercado», obviando así cuestiones como el derecho a la vivienda, la debida protección del entorno urbano o la calidad de vida de los residentes.

No es vinculante

Hay que puntualizar, eso sí, que el informe de Competencia no es vinculante, es decir, que el Ejecutivo autonómico no tiene obligación alguna de atender sus recomendaciones y advertencias.

No obstante, el dictamen es munición para los detractores de la nueva normativa, una munición que, además, les ha suministrado el propio Gobierno regional, toda vez que fue el mismo Ejecutivo el que motu proprio solicitó el parecer de la CNMC.

De hecho, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) aprovechó este martes la publicación del informe de la comisión para reafirmarse en una de sus principales críticas al texto de la Consejería de Turismo: el daño que este les causaría a los pequeños propietarios, esto es, a esas personas o familias que tienen un piso o una casa en el mercado del arrendamiento vacacional, una actividad de la que sacan unos ingresos que en ocasiones son un complemento a los que obtienen por su trabajo o pensión.

La comisión nacional incluso cuestiona que se impida hacer negocio con casas de protección oficial

Quedar fuera del mercado

No en vano, Competencia viene a secundar los argumentos de la Ascav cuando avisa que las «restricciones» que impone o impondrá la futura ley –que se encuentra en el Parlamento autonómico en la recta final de su tramitación– supondrán que «muchas viviendas» que hoy están en alquiler turístico «podrían quedar fuera del mercado», amén de que será «complicado» –agrega– que «puedan instalarse» nuevos pisos y casas «de particulares y de pequeños tenedores».

Se refieren los consejeros de la comisión a, entre otras, las medidas del artículo 4 del anteproyecto de ley. Medidas como que el 90% de la «edificabilidad» –de los metros cuadrados que puedan construirse en un determinado suelo– y/o de las viviendas «existentes o previstas» se destinen de manera exclusiva para uso residencial o como la de establecer límites en los planes urbanísticos.

En la consejería entienden que en el dictamen no se ha tenido en cuenta la ‘emergencia habitacional’

Propietarios ‘profesionales’

Límites que impedirán el negocio turístico con, por ejemplo, pisos o casas de protección oficial o ubicados en asentamientos agrícolas.

Una serie de «restricciones» que a juicio de los consejeros de Competencia –de todos salvo uno, ya que el dictamen recibió un voto particular en sintonía con los argumentos del Gobierno de Canarias– desembocará en «una sustitución en el futuro» de viviendas vacacionales de pequeños propietarios por viviendas vacacionales «de propietarios ‘profesionales’ o por otros establecimientos hoteleros o extrahoteleros».

En definitiva, se corre el riesgo de que la actividad del arrendamiento turístico, al menos en su actual statu quo, «se convierta en residual», advierte la CNMC.

Sin contar con la emergencia vacacional

En la consejería, que salió al paso del informe, entienden que Competencia no ha tenido en cuenta la situación de emergencia habitacional declarada en el Archipiélago, de modo que no ha considerado que «el crecimiento turístico debe ser compatible con el bienestar de la ciudadanía».

En este sentido, en el departamento que dirige Jéssica de León no dan crédito a que en el dictamen incluso se cuestione la voluntad de impedir el negocio con la vivienda de protección oficial o con locales comerciales reconvertidos para su uso residencial.

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