La crisis de la vivienda se agrava en Canarias: caen un 13% los visados para nuevas casas

En 2024 se visaron en Canarias 3.605 proyectos para la construcción de viviendas. Un 13,1% menos que en 2023, según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Lejos de repuntar, como sí ocurrió en el conjunto de España, el número de visados de obra para levantar casas no solo no aumentó el año pasado en el Archipiélago, sino que disminuyó más que en ninguna otra comunidad autónoma –con la única excepción de La Rioja, cuyo peso en el mercado inmobiliario nacional es pequeño–.

El visado de dirección de obra es un documento en el que un colegio profesional certifica que un determinado proyecto –en este caso se trata de proyectos para la construcción de nuevas viviendas– cumple los requisitos que exige la legislación. Los trabajos no pueden comenzar sin el preceptivo visado. El caso es que este documento o certificación es uno de los más fiables indicadores de actividad en el sector de la construcción: la mayor o menor cantidad de visados de hoy se traducirá, alrededor de dos años después –lo que se tarde entre la redacción del proyecto y la finalización y entrega de la casa o casas–, en una mayor o menor cantidad de viviendas terminadas. Por eso durante la burbuja inmobiliaria llegó a contabilizarse en las Islas la friolera de 41.158 visados para nuevas casas en un solo año –2006– y por eso resulta preocupante, a tenor de la sangrante falta de viviendas que padecen los canarios, que su número se redujese ese 13,1% en 2024. No se vislumbra, en definitiva, un cambio de tendencia, una revitalización de la actividad que permita imaginar un escenario a medio y largo plazo –a corto plazo es imposible porque no es margen suficiente para levantar tantísimos inmuebles como los necesarios para superar la crisis– en el que la escasez de casas se haya corregido. O cuando menos, paliado.

Es necesario multiplicar por tres el número de proyectos para, a la larga, paliar la escasez de viviendas

En España, que también sufre la carestía de la vivienda aunque, en general, con menor intensidad que el Archipiélago, sí se ve un cambio de tendencia. Y se ve con claridad. El año pasado se expidió en todo el país un total de 127.721 visados para construir casas, 18.238 más, un 16,7% más, que en 2023. De hecho se trata de la mayor cantidad desde 2008, el primer ejercicio de la Gran Recesión y el que marcaría el antes y el después de la burbuja. Tan es así, que los 264.795 visados de 2008 se quedaron en 2013, en medio de la crisis financiera, en apenas 34.288. Esos algo menos de 128.000 proyectos validados el pasado año parecen una cifra razonable por cuanto están a medio camino entre las indeseables cifras de la burbuja y las necesidades de una población carente de casas. Pero las Islas no se han subido a esa ola.

Los 4.148 visados registrados en 2023 en la Comunidad Autónoma sugirieron ese necesario cambio de tendencia en el sector inmobiliario local. Fueron la mayor cantidad desde los 41.158 de 2006, año desde el cual no se había vuelto a llegar siquiera a los 4.000 proyectos validados, certificados o visados. No obstante, fue un espejismo. La cifra se redujo en 2024 en 543, hasta esos exiguos 3.605 proyectos o planes para construir nuevas viviendas –en 2019, sin ir más lejos, fueron 3.976–. Frente a un incremento generalizado, Canarias es así una de las cinco autonomías –con La Rioja, Baleares, Valencia y País Vasco– donde el año pasado se expidieron menos visados que en 2023.

«No solo no hay suelo finalista, sino que el que hay no es rentable»

Isidro Martín

— Delegado en Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI)

Una caída que se produce pese a los esfuerzos de los Gobiernos, el central y el regional, por remover las trabas administrativas o burocráticas que ralentizan muchos proyectos. El Ejecutivo estatal anunció hace poco menos de un año, el último abril, una reforma legislativa para la concesión de licencias exprés a los promotores, es decir, con menos requisitos formales que las ordinarias; y el Ejecutivo autonómico incluso declaró la situación de emergencia habitacional. Es más, el Gabinete que preside Fernando Clavijo aprobó una serie de medidas urgentes con el objetivo común de meter en el mercado tantas casas como sea posible, esto es, con el objetivo de incrementar la oferta tan rápido como se pueda, lo que implica levantar viviendas a mansalva. No en vano, según un informe de la consultoría Corporación 5, es necesario empezar a construir entre 9.000 y 10.000 viviendas al año para paliar la carestía, lo que supone triplicar los 3.605 visados de 2024.

El delegado en Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI), Isidro Martín, explica que las cifras no lo sorprenden. Falta suelo «finalista» –no suelo físico, sino legal y administrativamente dispuesto para tal fin– donde edificar, y el que hay «no es rentable». Es tan costoso adquirir el terreno y prepararlo para poder levantar casas que recuperar la inversión obligaría a vender las viviendas a un precio desorbitado. Y, por si fuera poco, la tardanza a la hora de tramitar las licencias en los ayuntamientos es un factor que no solo frena muchos proyectos ya visados, sino que desincentiva a los promotores a sacar adelante nuevos planes. El decreto de medidas urgentes del Gobierno regional es un texto «valiente», subraya Martín, pero es necesario ir más allá. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, con la «externalización» del servicio de concesión de licencias, de forma que no se eternicen entre la falta de personal y/o de diligencia de muchos consistorios.

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