Cheapflación: galletas al mismo precio pero de menos calidad

Comprar lo mismo, sin que varíe su precio, pero con menor calidad. En esto consiste la cheapflación, el nuevo fenómeno que se extiende por los productos que se venden en los lineales de los supermercados y con el que las empresas buscan, de nuevo, sortear al consumidor y mantener sus beneficios sin subir el precio final. A diferencia de la reduflación, –una práctica que se hizo popular durante el peor momento de la crisis inflacionista y que consiste en reducir la cantidad en el envase sin encarecerlo– esta estrategia se basa en cambiar la composición de los productos sustituyendo aquellos ingredientes más caros por otros más baratos y que suelen tener peor calidad.

Así, el aceite de girasol de la mayonesa se reemplaza por otros aceites vegetales más económicos, el queso de las pizzas precocinadas pasa a ser grasa vegetal o se añade menos manteca de cacao y más harina a las palmeras de chocolate industriales. De hecho, el chocolate –que ha subido mucho de precio en los últimos años hasta casi llegar a convertirse en un producto de lujo– es uno de los ingredientes que más se ha visto afectado por la cheapflación. Cambios que no todos los clientes notan aunque los paladares más expertos sí que pueden percibir que sus galletas preferidas ya no saben como antes. 

¿En qué productos es más habitual que se lleve a cabo esta práctica? Las principales víctimas suelen ser aquellos que vienen ya envasados. Paquetes de papas, snack, bollería, refrescos o salsas pueden ser candidatos perfectos a modificar su composición intentando no dejar huella. Pero no son los únicos. Los productos de droguería o de higiene también pueden verse afectados y en este caso incrementar la cantidad de agua suele ser muy socorrido para las marcas. Otra perfecta candidata es la ropa. Menos algodón y más cantidad de otros materiales es otra de las prácticas que entraría dentro de lo que se considera cheapflación. 

Se trata de una estrategia que enmascara el efecto de la inflación, pero, ¿es legal ? La presidenta de la Asociación de Consumidores de Canarias (Conca), Mónica Bethencourt Medina, explica que sí es una práctica comercial legal siempre y cuando el cambio aparezca en el etiquetado, pero «es una forma poco elegante de pasar el aumento de los precios a los consumidores». De nuevo, se trata de una estrategia que trata de camuflar la inflación, intentando no perder clientes por subir los precios, y evitando esa imagen negativa. «Con ella las empresas buscan reducir sus costes de producción», expone y para ello sustituyen aquellos ingredientes que más han subido de precio por otros más rentables. 

Sin embargo, sí que causa un perjuicio a los consumidores ya que en la mayoría de las ocasiones no se percata de que se está produciendo y continúan consumiendo productos de peor calidad al mismo precio porque, ¿quién sabe con certeza el tipo de ingredientes y su cantidad en los productos que consumimos? 

Por eso, las organizaciones de consumidores reclaman que se aporte mayor información a los usuarios para que estos puedan conocer de primera mano si se está llevando a cabo. «Conca exige que haya una mayor transparencia en el etiquetado de los productos e incluso se advierta a los consumidores en el mismo envase de los cambios producidos», señala Bethencourt. Para ella, la clave es que el consumidor sepa lo que está ocurriendo y pueda tomar decisiones de compra con toda la información a su alcance. «Tienen que ser ellos los que decidan dónde y cómo quieren ahorrar para compensar esa inflación y no las marcas», sentencia. 

La Asociación de Consumidores de Canarias también reclama la realización de campañas informativas por parte de la administración, en colaboración con asociaciones y empresas. «Así será más fácil para los usuarios conocer estas prácticas y ser capaz de identificar aquellos productos que en su etiquetado contengan ingredientes distintos y de inferior calidad», valora. 

Asimismo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado alegaciones a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que el Gobierno central propuso modificar el pasado mes de octubre, precisamente para facilitar la identificación de prácticas como la reduflación o la cheapflación. Para la OCU, la información cuando se reduzca la cantidad o se usen materias primas de peor calidad se tendría que comunicar al consumidor de forma «inequívoca», clara y comprensible en el envase. O en su defecto, se requiere que se indique de forma legible y visible y de forma independiente y adicional a la etiqueta en la que se recoge el precio en los establecimientos de distribución.

Pero hasta que la nueva norma no se apruebe, las organizaciones de consumidores recomiendan que se compruebe de vez en cuando que no se ha producido cambios sustanciales en los ingredientes básicos de los alimentos procesados que se suelen comprar. Además, insisten a los consumidores que se fijen no solo en el precio del envase sino también en el precio por unidad de medida, para saber así cuánto cuesta el kilo, litro o docena del producto que se va a comprar. Esto permite esquivar también el otro efecto, el de la reduflación, que trajo de cabeza a los consumidores hace unos años cuando se popularizó debido al aumento de los precios de los alimentos. Una práctica que las organizaciones de consumidores consideran anticompetitiva porque puede enmascarar que un producto es más barato que otro cuando en realidad no lo es. 

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