Las dudas legales asaltan al 40% de los compradores de vivienda

Hacerse con las llaves de tu propia casa no es un proceso fácil. Encontrar una vivienda que se ajuste a las características que buscas en un mercado estrangulado, obtener la financiación necesaria y formalizar el proceso de venta para muchos se convierte en una especie de yinkana en la que las dudas legales asaltan a muchos de los potenciales compradores.

Un 40% de los canarios reconoce tener muchos o bastantes recelos respecto al proceso que debe seguirse para convertirse en propietario. Qué impuestos se deben pagar, cómo es la situación de la vivienda y cuáles son las mejores condiciones para el crédito hipotecario en caso de que se necesite son aspectos que a veces se nos escapan y que pueden generar muchas dudas que generan incertidumbre respecto a la operación. 

Los impuestos que deben abonarse para convertirse en propietario son uno de los aspectos que más preocupan. Tanto es así porque los interesados, además de los fondos para aportar la entrada en el caso de que se solicite una hipoteca, deben de contar con el dinero para poder sufragarlos. Al 61% de los compradores canarios les genera duda esta cuestión, de acuerdo con el informe Radiografía de la compra de vivienda en España, realizado por onLygal, plataforma especializada en servicios legales.

Las tasas que se deben pagar cambian en función de si la vivienda es nueva o de segunda mano. Mientras en las primeras el comprador deberá pagar el IGIC, un 6,5% del valor, y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que oscila entre el 0,5% y el 1,5% en función de la comunidad autónoma. En el caso de que se adquiera una vivienda usada no se debe abonar IGIC pero sí el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que en Canarias es el mismo porcentaje. Además de estos impuestos, el comprador también debe hacer frente a los gastos de notaría y el coste registral. Con lo que, entre unas y otras cosas, el futuro propietario debe contar con, al menos, el 30% del coste total del inmueble. Es decir, en torno a 45.000 euros para una vivienda con un coste de 150.000. 

Pero la cuestión tributaria no es la única que preocupa a los compradores particulares. Casi un 60% tiene dudas acerca de cómo puede afectar la situación legal del inmueble por el que siente interés. ¿Qué ocurre si está ocupado, alquilado o es una Vivienda de Protección Oficial (VPO)? En el primer caso, este tipo de propiedades suelen ofrecerse con unos descuentos importantes debido a la situación, ya que será el nuevo propietario el que tendrá que hacer frente al proceso para que se formalice el desahucio, un periodo que puede demorarse más de un año.

Si la vivienda está alquilada el nuevo comprador debe asumir las condiciones del contrato que el inquilino haya pactado con el anterior propietario, al menos, mientras dure su vigencia. En caso de que sea una VPO se tendrá que tener en cuenta que no todos los interesados pueden acceder a ellas ya que hay unos requisitos específicos.  

Dudas de compradores

Otras dudas que se les presentan a muchos potenciales compradores tienen que ver con los certificados que debe tener la propiedad antes de poder venderse, poder conocer si está libre o no de cargas, si está embargada o tiene deudas con la comunidad. Para solventarlas, los expertos recomiendan solicitar, previo a la compra, certificados tanto al Registro de la Propiedad como a la comunidad de vecinos, así como los últimos recibos abonados de los suministros e impuestos vinculados a la vivienda. 

La formalización de un contrato de arras - un acuerdo privado entre el comprador y el vendedor para hacer patente el compromiso previo de adquisición del inmueble- y sus diferentes tipos y condiciones también puede convertirse en un quebradero de cabeza para quienes no están familiarizados con estos procesos. Pero es esencial estar informado de los derechos y obligaciones que se adquieren de una y otra parte, respecto a los pagos, las condiciones de vivienda y sobre qué ocurriría en el caso de que una de ellas se eche atrás. 

Y una vez finalizado el proceso de compra, las incertidumbres se vinculan a la posibilidad de encontrar daños ocultos en la propiedad y qué se debería hacer al respecto o en que puedan surgir retrasos en la entrega, en el caso de las viviendas de nueva construcción. 

De acuerdo con el estudio, el 75% de los encuestados tiene claro que contar con un servicio de asesoramiento legal evita muchos problemas durante todo el proceso de búsqueda, formalización y postcompra de la casa. 

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