Turismo calcula «14 meses o más» para dar una salida a los dueños de apartamentos turísticos

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, pidió este viernes «paciencia» a los propietarios que residen en apartamentos turísticos y aseguró que las 3.000 multas que estaban en marcha quedarán congeladas hasta que se apruebe una ley de turismo integral, lo que «va a llevar un mínimo de 14 meses o más» de trabajo, y por ello «se van a suspender las sanciones hasta ordenar la actividad». La titular de Turismo señaló, incluso, que se celebrará una mesa de debate en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para que expertos y agentes implicados reflexionen sobre la ley que ordenará el turismo en los próximos años y se pueda lograr un consenso general.

El pasado miércoles el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, avanzó la intención de la consejera –que Jéssica de León confirmó ayer– de suspender la tramitación de los expedientes sancionadores a los propietarios de apartamentos en suelo turístico que deciden no alquilarlos en explotación sino usarlos para vivir en él como residencia habitual o segunda vivienda.

Plataforma de Afectados por la Ley Turística

La Plataforma de Afectados por la Ley Turística ha criticado con dureza que los multen y los obliguen a irse de sus propiedades sin que ni siquiera haya una expropiación por medio con la preceptiva remuneración económica. Este colectivo, que en toda Canarias puede llegar a los 70.000 propietarios, según la presidenta de la Plataforma, Maribe Doreste, ha reclamado al Gobierno regional que derogue la ley 2/2013 de renovación y modernización turística de Canarias que, a su juicio, no ha servido para la renovación pero sí para intentar echar a los dueños de sus apartamentos con una «expropiación encubierta».

La consejera explicó este viernes que, de entrada, las sanciones quedarán suspendidas «hasta que se modifiquen las leyes que lo regulan – Ley 7/1995 y 2/2013– para poder unificarla en una y responder a las necesidades de los residentes» para hacer uso de sus viviendas, más aún en una «situación de emergencia habitacional», informa Efe.

Los vecinos de San Bartolomé de Tirajana y Mogán

«No tiene sentido que obliguemos al propietario a que se vaya con un explotador», algo que sí «tenía en 1995 cuando se aprobó la Ley de Turismo pero los tiempos han cambiado y hay que cambiar la ley», señaló la consejera. El uso turístico en estas zonas «ha desaparecido», remarcó, porque sus dueños se han empadronado en los municipios donde tienen los apartamentos, por lo que estas multas quedarán suspendidas «hasta el cambio de uso de la parcela», que es un proceso que se ha iniciado en esta legislatura en los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Mogán, en Gran Canaria, los más afectados.

No obstante, desde agosto de 2023 los propietarios están recibiendo multas por el llamado fenómeno de la residencialización. De León reconoció que «existen 3.000 expedientes sancionadores de personas que residen, comercializan y explotan» estos apartamentos o locales, en una situación que «es caótica», y para la que pide «paciencia».

Por el momento, explicó que a los residentes se les permite vivir en los apartamentos «hasta que San Bartolomé y Mogán modifiquen la especialización del uso de las parcelas». A su juicio, «no se puede derogar una ley completa porque dejaría sin efecto muchas más cuestiones», por lo que la apuesta es «refundirla y unificarla» en esa ley de turismo integral que está cocinándose y que tardará como mínimo 14 meses.

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