Guía para entender las claves de la quita de deuda autonómica de Sánchez

Entender toda la información relacionada con la quita de deuda para las comunidades autónomas requiere comprender algunos conceptos. Esta es una guía básica para no perderse en el debate:

¿Al condonar la deuda a una comunidad autónoma, desaparece?

No. Lo que se propone es que el Estado asuma una deuda que ahora reside en las comunidades autónomas. En sí, la deuda cambia de titularidad. Algunas comunidades se encuentran en una situación crediticia complicada, mientras que el Estado aún tiene margen de endeudamiento. De hecho, la cantidad que el Ministerio de Hacienda está dispuesto a condonar está medida tratando de que no altere la calificación financiera de España.

¿Por qué hay que compensar esas deudas?

A consecuencia de la crisis financiera de 2008 y las exigencias de control de gasto derivadas, muchas comunidades comprobaron que sus ingresos (reducidos por el ciclo bajo) no cubrían las necesidades de gasto. Otras, es cierto, continuaron con políticas expansivas pese a que eran tiempos de apretarse en cinturón. El Gobierno de España entonces, en manos del PP, propuso como salida que las comunidades se endeudasen con el Estado. Algunas, como Cataluña, ya ni siquiera conseguían créditos bancarios dado su elevado déficit. Durante años, algunas comunidades se han quejado de la situación de asfixia financiera en la que se encuentran.

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¿Por qué ahora?

Fue ERC quien puso el asunto sobre la mesa en el momento de negociar con el PSOE la investidura a Pedro Sánchez. Los independentistas catalanes exigieron que se les "perdonase" (en realidad, que el Estado asumiese parte de la deuda contraída por esta comunidad con la Administración central) unos 16.000 millones. Al aceptar eso Pedro Sánchez, la queja de otras comunidades llevó al Ministerio a diseñar una quita generalizada. Sánchez debe cumplir su compromiso con ERC para garantizar la estabilidad parlamentaria que necesita su Gobierno.

Si a todas las comunidades les conviene que les condonen deuda, ¿por qué este lío?

Es cierto, a todas las comunidades autónomas les vendría estupendo que el Estado les restase deuda de sus Presupuestos. Pero el problema está en que no todas se comportaron de la misma manera en los tiempos de recesión. Por eso algunas creen que "compensar" ahora a las más asfixiadas puede suponer un agravio. Y si además eso se hace porque los nacionalistas catalanes lo exigen, con más razón para oponerse por parte del PP, que cuestiona la dependencia de Pedro Sánchez con las formaciones catalanistas. De hecho, el PP sostiene que esta necesidad debería abordarse en un marco más amplio que sería el de reformar el sistema de financiación autonómica, que data de 2009 y que debería haberse revisado en 2014. Pero tampoco el gobierno popular de Mariano Rajoy quiso hacerlo en su momento.

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¿Cuáles son las claves de la confrontación?

Hay un evidente trasfondo político por el hecho de que esta quita de deuda haya nacido para compensar exigencias de ERC. Partiendo de esa situación, lo complicado es establecer un sistema de reparto que contente a todos y que no parezca que privilegia a unas comunidades frente a otras. Los economistas han hablado al respecto del "riesgo moral" que supone una medida de este tipo.

¿Y qué es eso del "riesgo moral"?

Cuando los economistas invocan este concepto se refieren al hecho de que se compense por igual a quien gestiona cuidadosamente y a quien no lo hace. Un ejemplo: si tenemos un teléfono móvil seremos más precavidos para evitar la fractura de la pantalla que si hemos contratado un seguro. En este caso, si las comunidades que incumplieron los criterios de contención de gasto ven ahora compensados sus excesos, se produce un agravio respecto a aquellas que fueron cuidadosas. El caso claro es Cataluña, que pese a estar igual de bien financiada que el resto, disparó su deuda.

¿Todas las comunidades que aumentaron mucho su deuda gestionaron mal?

Hay matices, porque algunas comunidades llevan tiempo advirtiendo de que están "infrafinanciadas"; es decir, que si todo el dinero que obtienen para sus presupuestos se dividiese entre la población ajustada, quedan por debajo de la media. Por tanto, algunas consideran que han tenido más necesidad de endeudarse que otras porque ya partían de una deficiente financiación. Es el caso de Andalucía, Valencia, Murcia o Castilla-La Mancha.

¿Y qué es la población ajustada?

Se trata de un criterio más equitativo que el de la población y que se emplea para medir la financiación que necesita un territorio. Es razonable suponer que un habitante de 85 años tendrá más necesidades de gasto por parte de la Administración que uno de 40. También que en una región con dispersión geográfica resulte más caro prestar servicios a un ciudadano que si todos viviesen concentrados en una ciudad. Por tanto, la población ajustada es una especie de "población virtual" de cada comunidad, que pondera la población real en función de las necesidades de prestación de servicios. En el caso de Asturias, la población oficial es de 1.014.112 personas, pero en población ajustada el Principado cuenta como si tuviese 1.101.359 habitantes. Por el contrario, Madrid tiene censadas 7.125.583 personas, pero su población ajustada es de 6.314.728 habitantes. Este es un dato que se define en la financiación autonómica y que suele ser una de las principales batallas territoriales.

¿Entonces el resto de España pagarán más que los catalanes?

Calcular cuánto aumentaría o disminuiría por habitante la deuda es un ejercicio teórico que puede resultar llamativo y simplificador, pero que no tiene aplicación real. Las deudas no residen en los territorios, ni en los ciudadanos, sino en las administraciones, que son sujetos jurídicos. Nadie por mudarse siente, súbitamente, un alivio de deuda. Es cierto que ese parámetro, de algún modo, se relaciona con los márgenes financieros que tiene una administración autonómica para gestionar sus servicios o planificar sus inversiones en el territorio, pero a la postre no es relevante. Una administración regional se financia por transferencias del Estado y también por impuestos, que son progresivos. Por tanto no todos los ciudadanos contribuyen por igual a sostener las administraciones, sino que lo hacen según su patrimonio e ingresos y de manera individual y no equitativa. Del mismo modo, las inversiones de una administración no deben repartirse por habitante, ya que muchas terminan cumpliendo funciones económicas más allá de la zona específica en que se encuentren. Otra cosa es que se use el criterio de población (o población ajustada) para hacer repartos y asignaciones, porque se considera un parámetro que "mide" las necesidades de una comunidad autónoma, pero no porque represente un reparto por individuos.

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