Los alcaldes externalizan trámites de las licencias para construir más casas

El Gobierno y los ayuntamientos canarios abren la puerta a entidades y agentes externos públicos y privados para que elaboren los informes técnicos de las licencias urbanísticas con el fin de dar más agilidad a su tramitación. Esta fórmula, que ya se aplica en comunidades como Madrid y Valencia, supone la creación de un registro de entidades colaboradoras que estará regulado por ley con una serie de requisitos que tendrán que cumplir los interesados en inscribirse, para que los ayuntamientos les puedan encomendar los informes técnicos necesarios en la concesión de licencias con especial atención a las promociones de viviendas para aminorar la emergencia habitacional.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, y el director general de Ordenación del Territorio, Onán Cruz, trasladaron ayer al comité ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) el borrador del nuevo decreto ley en materia de vivienda que prepara el Ejecutivo y en el que se incluye la regulación del nuevo sistema de colaboración público-privada para la agilización de las licencias urbanísticas. Onán Cruz estableció tres tipos de entidades colaboradoras: colegios profesionales, medios propios personificados de la Administración y organizaciones empresariales o empresas que reúnan los requisitos que se establezcan y se inscriban en el registro.

El Ejecutivo justifica la externalización de las licencias urbanísticas en la falta de personal técnico del que adolece los ayuntamientos, que se ven bloqueados y tardan hasta tres y cuatro años en aprobar una licencia. La presidenta de la Fecam, Mari Brito, defendió la simplificación administrativa pero hasta ahora no han habido normas que permitan reducir los plazos administrativos, a la vez que los ayuntamientos se ven sin personal funcionario y técnico para sacar adelante los expedientes de licencias debido a las restricciones de la tasa de reposición impuesta por el Gobierno central. Brito admitió la amplia casuística que afecta a los ayuntamientos ya que los hay que tardan entre tres y seis meses en conceder una licencia y otros hasta cuatro años o más. Por ello advirtió que los funcionarios no se podrán negar a aceptar un informe técnico de una entidad externa si está regulado por una ley, como es la pretensión del Gobierno: «No puedes armar una norma singular para cada lugar, pero sí se puede intentar consensuar textos que contemplen las singularidades de todas las islas», añadió la presidenta de la entidad municipalista.

Mientras los informes técnicos se podrán externalizar no así los informes jurídicos, que seguirán en manos de los ayuntamientos y la Administración. Sin embargo el principal bloqueo al que se ven sometidos los trámites de las licencias son los informes técnicos, por lo que el Ejecutivo espera que este nuevo mecanismo permitirá reducir al menos a la mitad los plazos actuales.

Esta nueva regulación de las licencias urbanísticas estará incluida en el nuevo decreto ley en materia de vivienda que ayer fue presentado a la Fecam. El consejero Pablo Rodríguez indicó que se introducen nuevos instrumentos para incentivar la construcción de viviendas, entre ellas la vivienda asequible incentivada con el desbloqueo de los suelos urbanizables que no se han podido desarrollar y que ahora podrán edificarse siempre y cuando se utilicen para construir casas protegidas.

Rodríguez Valido destacó que este es el segundo decreto ley que impulsa el Ejecutivo para dar respuesta a la emergencia habitacional. El consejero insistió en que se ha iniciado la construcción de más de un millar de viviendas en 2024, cifra que se pretende superar este año con la introducción de estos nuevos mecanismos.

Bloqueo de los pisos turísticos

La Fecam mantiene su «preocupación» por algunos aspectos de la ley de vivienda vacacional, que ya se encuentra en el Parlamento. Mari Brito advierte que se corre el riesgo de un «bloqueo» de los ayuntamientos en el caso de que se mantenga la disposición que les atribuye la verificación de las autorizaciones y declaraciones responsables de las casas turísticas .

Brito reclamó «lealtad institucional» a Turismo porque, en caso contrario, la Fecam presentará enmiendas a la nueva ley a través de los grupos políticos.

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