La ley de Vivienda Vacacional dejará una huella de 170 millones anuales en la recaudación del IGIC

La regulación del alquiler vacacional en Canarias provocará un impacto de 170 millones de euros anuales a las arcas de la comunidad autónoma. Así lo sostiene un informe presentado este lunes 17 de febrero por la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) sobre el proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda en Canarias, con el que la consejería en manos de Jessica de León quiere incrementar la regulación de una actividad que ha proliferado de forma indiscriminada en los últimos años.

El informe detalla las objeciones que otras consejerías y organismos autónomos han realizado sobre el anteproyecto que se encuentra ya en fase de tramitación en el Parlamento de Canarias. De manera que, el anexo de la memoria económica del anteproyecto elaborado por la Consejería de Turismo asegura que la futura regulación no tendrá incidencia sobre los ingresos de la administración canaria. Algo que refutó la Consejería de Hacienda, que apuntó que la limitación y posible reducción del número de viviendas vacacionales afectará tanto a la recaudación a través del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) como al Impuesto sobre las Personas Físicas (IRPF).

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En su informe, Hacienda detalla que habrá parte de la recaudación que se perderá, ya que la actividad de las viviendas que dejen de operar difícilmente podrá ser absorbida por el resto de establecimientos. Una reducción de la actividad que también se verá asociada a una disminución del número de turistas y, por consiguiente, de su potencial consumo. Una caída en los ingresos públicos que Ascav contabiliza en 170 millones de euros anuales, basándose en las cifras aportadas por un estudio elaborado por el Consejo de Economistas de Las Palmas.

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Con este documento, Ascav pretende continuar con su cruzada contra esta regulación que calificó como "proyecto Frankenstein" y pidió al Gobierno de Canarias que lo retire para poder abordar un "diálogo real" sobre una futura regulación. La presidenta de la asociación de propietarios de viviendas vacacionales, Doris Borrego, señaló que la norma no busca el consenso, sino el enfrentamiento y recordó que de las 5.083 alegaciones presentadas en el trámite de consulta pública, "el 68% se pronunciaban frontalmente en contra".

Borrego también ha detallado que no es solo Ascav la que se opone a él. Organismos como la Federación Canaria de Municipios (Fecam), el Consejo Económico y Social, la CEOE, la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) o las patronales de la construcción de ambas provincias también han puesto reparos, por las consecuencias que podrían derivarse.

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La presidenta de Ascav recordó que un 89% de las viviendas vacacionales están en manos de pequeños propietarios y un 64% está ubicada en municipios turísticos. Además, añadió que esta actividad no es la que está detrás de la grave crisis habitacional que sufren las Islas. "La detracción de vivienda para los residentes es residual", matizó y consideró a la falta de vivienda pública y la actual ley de Vivienda como dos de los factores que han reducido la oferta en el mercado inmobiliario canario.

El vicepresidente de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, Javier Valentín, detalló que el informe presentado este lunes recopila las irregularidades detectadas a lo largo de la tramitación del anteproyecto de ley. Valentín enumeró no solo los obstáculos que han señalado administraciones como la Consejería de Hacienda, la de Economía o el Consejo Consultivo sino también los informes contrarios elaborados por la catedrática de Derecho Administrativo, Blanca Lozano; por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, el consejo Económico y Social o los servicios jurídicos de varios ayuntamientos.

En este sentido, Ascav señala que el proyecto vulnera competencias de los municipios así como normativa básica del Estado.

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