La escasez de vivienda dispara el interés por los inmuebles subastados

Hacerte con el juego de llaves de tu propia vivienda cada vez es más difícil en Canarias. Por eso, las complicaciones para acceder a ella en el mercado inmobiliario tradicional están disparando el interés por tratar de conseguirla a través de otras vías, como las subastas que llevan a cabo diferentes organismos a través del Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado (BOE), que aglutina procesos derivados de embargos judiciales, de la Agencia Tributaria o notariales. El 70% de los bienes que se ofertaron a través de este medio en 2023 en el Archipiélago recibieron alguna puja. Una situación que no tiene nada que ver con lo que ocurría hace solo unos años atrás. En 2019 menos de la mitad de las subastas que se realizaban en ambas provincias recibía ofertas. En concreto, el porcentaje de las que despertaban algún tipo de interés no sobrepasaba el 48%. 

Se debe tener en cuenta que la estadística que arroja el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre este portal incluye procesos para todo tipo de bienes, pero basta con echar un vistazo específicamente a las subastas de inmuebles en la propia web del servicio para comprobar como la inmensa mayoría de las viviendas que se ofertaron el año pasado en las Islas recibieron pujas, algo que no era tan habitual no hace tanto tiempo. 

Intentar hacerse con una propiedad a través de este sistema tiene algunas ventajas, pero también inconvenientes. Los interesados pueden llegar ahorrarse un dinero respecto a lo que habrían pagado por un inmueble de similares características en el mercado tradicional. Tanto es así, que entre las subastas más recientes se encuentran, por ejemplo, un piso pequeño con garaje desde 66.942 euros en Antigua o un solar en San Cristóbal de La Laguna con una valoración de 35.267 euros pero por el que se puede empezar a pujar desde 3.500. 

Opciones que para muchos pueden ser consideradas auténticas gangas, pero que también entrañan sus riesgos. Uno de los principales handicap es que se debe tener disposición de la totalidad de la cantidad ofertada porque es casi imposible conseguir financiación para adquirirlas. Los expertos inmobiliarios advierten además de que en este tipo de procesos no se tienen mucha información acerca del estado de la vivienda, si tiene o no cargas asociadas o si dentro de ella viven ocupas. Por lo que si finalmente se consigue ganar la puja, el comprador se puede encontrar con alguna otra sorpresa. 

No tienen nada que ver, por tanto, con las subastas que se formalizan a través de entidades bancarias. Estas también han proliferado mucho en los últimos años, ya que se han convertido en una fórmula para darle salida a su stock de vivienda. En este tipo de pujas, la persona interesada tiene más información sobre el estado del inmueble, cuenta con el asesoramiento de un profesional y puede incluso visitarlo antes de lanzar su oferta. 

Por eso, una de las recomendaciones más repetidas para aquellos que quieran lanzarse a la caza de una vivienda a través de las subastas públicas es contactar con algún profesional que les pueda orientar en el proceso. 

Pero, ¿cuál es el procedimiento? Cualquier persona puede participar de manera online en las subastas de la plataforma del BOE. El interesado debe registrar una puja para poder optar a convertirse en el mejor postor, pero para ello debe ingresar un depósito del 20% del valor de la subasta, que se devolverá en el caso de que no resulte ganador. 

Esta es una de las novedades de la Ley 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entró en vigor este año y que elevó la cuantía de los depósitos del 5% al 20% en el caso de los bienes inmuebles. El objetivo de esta norma es agilizar un sistema que en muchas ocasiones se dilataba mucho en el tiempo. Por eso, entre las medidas aprobadas está la de acortar a solo 20 días el plazo para pagar el resto del precio que se ha ofertado por el inmueble si se resulta ganador. Sin embargo, hay quien ve en estos cambios más cortapisas para que los particulares puedan acceder a ellas y prevén que habrá una menor concurrencia.

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