La ley de alquiler vacacional posibilita "88 estrategias" municipales para regular los pisos turísticos

La realidad de los 88 municipios es distinta y también es diferente en cada isla. Ese es el fondo del escepticismo que latió este jueves en las intervenciones de los representantes de los cabildos que en el Parlamento expusieron sus dudas ante la consejera de Turismo, Jéssica de León, por el contenido de la ley que regula el alquiler vacacional que ha iniciado su tramitación en la Cámara regional. 

Un texto del que demandan que tenga flexibilidad porque "la vivienda vacacional lejos de ser un problema es la solución para mejorar la renta de muchas familias" en las llamadas Islas Verdes, como se encargó de explicar Adasat Reyes, vicepresidente del Cabildo de La Gomera, por lo que pidió, "racionalidad y no prohibir con requisitos de imposible cumplimiento". Estos temores los intentó disipar De León cuando aseguró que la ley "ofrece la posibilidad de diseñar 88 estrategias distintas a imagen y semejanza de los municipios, teniendo como eje vertebrador el interés general de los 2,2 millones de canarios".

El argumento del representante de El Hierro también lo esgrimió Jesús Machín, consejero de Ordenación Turística del Cabildo de Lanzarote, al insistir en que "no se condene a las viviendas turísticas, pues en muchas localidades estos ingresos sirven para costear estudios de jóvenes en Tenerife y Gran Canaria", y advirtió de que para los municipios de menos de 10.000 habitantes "va a ser muy difícil cumplir con los preceptos de la nueva ley por falta de medios técnicos y humanos". Por su parte, Nereida Calero, consejera de Presidencia del Cabildo de Fuerteventura, pidió flexibilizar los "plazos" para regular los pisos turísticos si se quiere que el texto legal "sea operativo y sirva para algo".

Fuerteventura, El Hierro y Lanzarote dicen que estos ingresos extra "pagan estudios" en Tenerife y Gran Canaria

Ante estas peticiones, la consejera intentó tranquilizar a los representantes de las corporaciones insulares tanto en la rueda de prensa previa a su comparecencia parlamentaria como en el transcurso de la misma, al asegurar que su equipo es "muy consciente de las herramientas o medios propios con los que cuentan las instituciones", motivo por el que el texto legal "habilita a los cabildos y ayuntamientos a acudir a encomiendas de gestión o colegios profesionales, entre otros, para que les puedan ayudar en esta tarea que, sabemos, es compleja". 

"Todos los ayuntamientos tienen el apoyo de la Consejería para proceder a dictar ordenanzas municipales provisionales", insistió para incidir en que la ley ofrece herramientas a todas las corporaciones locales para planificar adecuadamente el uso del alquiler turístico sin necesidad de modificar el plan general de ordenación, como ha demostrado el Ayuntamiento de Granadilla (Tenerife), que "con una ordenanza de folio y medio, ha dejado muy claro qué es lo que quiere en su término municipal".

Suspender nuevas licencias

Otro de los puntos conflictivos lo sacó a relucir José Miguel Ruano, vicepresidente y consejero de Política Territorial del Cabildo de Tenerife, cuando planteó la necesidad de que el Gobierno que preside Fernando Clavijo "apruebe un decreto ley para la suspensión legal de las licencias de alquiler vacacional mientras se tramita la ley en el Parlamento", ya que desde que se anunció hace un año que se iba a aprobar una regulación legal, la corporación insular tinerfeña se ha enfrentado a una avalancha de peticiones. Además, incidió en que debe legislarse para que "grandes tenedores y fondos de inversión y otras actividades no entren por esta vía en el sector turístico y hotelero".

Al respecto, De León insistió en que el proyecto legislativo que este jueves se registró en el Parlamento, incluye límites cuantitativos a la vivienda vacacional, ya que no se podrán dar más licencias hasta que haya planeamiento, "por lo que hay una moratoria", que es una postura que defienden sin éxito hasta el momento los grupos parlamentarios del PSOE y NC-Bc.

La ley reserva un 90% del suelo para uso residencial y en las zonas tensionadas el crecimiento será cero

"La ley reserva un 90% del suelo a uso residencial, en las islas verdes un 80%, en las zonas que se declaren tensionadas el crecimiento será cero y las viviendas de protección oficial no podrán destinarse al uso turístico", insistió.

También negó que exista un efecto llamada, como aseguraron el portavoz ‘canarista’, Luis Campos, y su homólogo del PSOE, Gustavo Santana, pues insistió en que desde que se inició el trámite de consulta pública del proyecto de ley el incremento declaraciones responsables nuevas ha sido de 16.520, "aunque no todas se comercializan".

Para concluir, la consejera De León defendió que la nueva norma "no es la única solución" a la emergencia habitacional y la falta de casas "a un precio digno", pero "es parte de esa solución porque devuelve a la vivienda su función social, llama a los planificadores del territorio a que ejerzan sus competencias y legisla sobre el ámbito específico del uso turístico".

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