Hacienda ve "un amplio consenso" para excluir la despoblación de la financiación autonómica

Continúa la batalla por la financiación autonómica. El Ministerio de Hacienda ha remitido a las comunidades autónomas un documento en el que informa de "un amplio consenso" para excluir la despoblación como variable a tener en cuenta de cara a la reforma del sistema. El informe, que según el departamento que dirige María Jesús Montero "se limita a reflejar la postura mayoritaria de las autonomías", se analizará el próximo miércoles en una reunión preparatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocado para el día 26 de febrero. 

El texto recoge las discrepancias existentes entre las diferentes regiones de cara a la reforma del sistema, pero apunta que la mayoría Son partidarias de excluir la despoblación como variable correctora para calcular la población ajustada. Solo Cantabria, que pide que haya un reparto para todas otorgando más recursos a aquellas con más despoblación; Castilla y León, que propone que se excluyan poblaciones de más de 20.000 habitantes; y Aragón, que ha criticado con dureza al Gobierno central, defienden que se tenga en cuenta. 

Población ajustada

El 3 de diciembre de 2021, Montero trasladó a las comunidades el informe del grupo de trabajo sobre el cálculo de la población ajustada, que es uno de los elementos fundamentales del sistema de financiación: se emplea como referencia para el reparto de la mayor parte de los recursos y representa las necesidades de gasto de las autonomías en función de sus circunstancias demográficas, sociales o geográficas.

Ese informe, elaborado por el Ministerio, tuvo como base los trabajos previos realizados por la Comisión de Expertos para la revisión del Modelo de Financiación Autonómica y por el Comité Técnico Permanente de Evaluación, así como de otros expertos en la materia, incluidas las propuestas de las comunidades.

Según Hacienda, contempla que los factores que determinan el gasto sanitario, educativo y de los servicios sociales sean los que tienen mayor peso en el reparto y se analizan algunos criterios correctores para que el sistema tenga en cuenta que la superficie, la insularidad o la dispersión generan mayores costes. El ministerio propuso a las comunidades que opinaran sobre la introducción de una variable específica de despoblación para calcular la población ajustada, y en el informe remitido la pasada semana afirma que «la gran mayoría no compartieron establecer esta variable correctora». 

Además de la despoblación, Hacienda también interpreta que la mayoría de las regiones "no son partidarias de incluir otras variables representativas como las deseconomías de escala, la orografía, los índices de precios, los niveles de renta, los costes de congestión o la población flotante". En el caso particular de los niveles de renta, aunque hay varias comunidades partidarias de su incorporación, "tienen posicionamientos contrapuestos en cuanto a si debe beneficiar a comunidades autónomas con mayor o con menor renta".

Críticas desde Aragón

Hacienda insiste en que se trata de un documento de trabajo, un informe preparatorio de la reunión que el próximo 12 de febrero celebrará el Comité Técnico Permanente de Evaluación, a su vez una previa del CPFF del 26 de febrero. El objetivo, según explican los propios técnicos, es "dentificar puntos intermedios" para avanzar en el cálculo de la población ajustada y abordar las siguientes etapas de la reforma "siendo conscientes de que esta no tiene por qué ser la configuración final". 

Sin embargo, en el Gobierno de Aragón han saltado todas las alarmas. Su presidente, Jorge Azcón (PP), afirma que estos "cambios" con respecto a la propuesta de 2021 "están estrechamente relacionados con los acuerdos del Gobierno de España con sus socios independentistas". Las Cortes de Aragón han programado incluso un pleno monográfico para debatir sobre el tema el 11 de febrero, ya que la exclusión de la despoblación y la orografía harían perder a esta región 422 millones de euros. 

En respuesta, el Ministerio de Hacienda ha emitido un comunicado en el que acusa a Azcón de utilizar el debate sobre la financiación autonómica para "confrontar con el Gobierno, generar división y lanzar acusaciones falsas". "Resulta absurdo responsabilizar a Hacienda de la opinión expresada por las comunidades autónomas", subraya Hacienda, que asegura además que variables como la superficie o la dispersión también recogen fenómenos como la despoblación.

En este contexto, Montero llama a las comunidades a acudir con "afán constructivo" a las reuniones para avanzar en la reforma del modelo de financiación y asegura que el Ministerio trabajará para alcanzar consensos beneficiosos para el conjunto de la ciudadanía.