El Gobierno de Canarias anticipa el cierre de «un gran número de empresas» si se impone la reducción de jornada

Domínguez propone al Ejecutivo central que ponga en práctica incentivos a la productividad vinculados a la mejora de las condiciones laborales

Manuel Domínguez, vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias.

Manuel Domínguez, vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias. / GOBIERNO DE CANARIAS

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha avisado este miércoles que si el Ejecutivo de Pedro Sánchez impone la reducción de la jornada laboral, se verá abocado al cierre «un gran número de empresas» del Archipiélago.

Durante la comisión parlamentaria de Economía, Industria y Comercio, áreas de las que Domínguez es consejero, el vicepresidente autonómico ha recordado que la intención de la ministra Yolanda Díaz es que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales se aplique desde el próximo 1 de enero, haya o no acuerdo con la patronal, algo que se antoja, como poco, muy muy difícil. Todo parece, por tanto, que la aminoración de la jornada se pondrá en práctica sin el consenso de los agentes sociales. En una Comunidad Autónoma donde los niveles de productividad están por los suelos, ese recorte supondrá mayores costes para las empresas, de ahí que Domínguez rechazara que la medida se imponga «a las bravas».

Por eso el vicepresidente y consejero, que ha explicado que la vía hacia la mejora de las condiciones laborales pasa de forma inevitable por la mejora previa de los índices de productividad, ha hecho hincapié en que el Ejecutivo estatal, en lugar de imponer, debería incentivar a las empresas para que sean cada vez más competitivas y, por ende, productivas. Esos incentivos, ha ahondado Domínguez, se condicionarían a que esa mayor competitividad y productividad empresarial se traslade luego a la reducción de la jornada de los trabajadores, a incrementos salariales o a ambas cosas.

«La productividad exige inversión y tiempo», ha agregado el vicepresidente regional, que ha apuntado que es esa necesaria inversión empresarial la que el Estado podría incentivar, promover o facilitar con el fin último de mejorar las condiciones laborales. Además, Domínguez ha puesto énfasis en que hacer tabla rasa con la duración de la jornada es algo condenado al fracaso, básicamente porque «no podemos exigirla a la librería de la esquina lo mismo que a una industria».

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