Canarias rechaza el «insolidario» reparto del impuesto a la banca

El Gobierno de Canarias rechaza de plano el «insolidario» método de reparto de la recaudación por el nuevo y polémico impuesto a la banca, que sustituirá al gravamen en vigor desde 2021 durante los tres próximos ejercicios. El Ejecutivo regional se adhiere así a otros Gabinetes autonómicos, como los de Castilla y León o Andalucía, que han puesto el grito en el cielo tras conocerse que los ingresos por el tributo a la banca se distribuirán en función del Producto Interior Bruto (PIB), de modo que cuanto mayor sea el PIB de una comunidad, cuanto más rica sea esta, más fondos recibirá. Por el contrario, las regiones pobres –y el Archipiélago es una de las tres más pobres junto con Andalucía y Extremadura– se quedarán con las migajas. «Es totalmente contrario a un reparto solidario; se pone fin, de una manera directa, a la solidaridad interterritorial», subraya la consejera de Hacienda del Gobierno canario, Matilde Asián.

Hay que recordar que el reparto de los fondos del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), que se nutre de la recaudación impositiva, se lleva a cabo en función de la población de cada comunidad. Es más, se lleva a cabo en función de la llamada población ajustada, en virtud de la cual el número de habitantes de las regiones se modifica de acuerdo con el peso de una serie de factores –densidad poblacional, envejecimiento, dispersión, insularidad...– que encarecen la prestación de los servicios públicos. Por eso en las Islas vive un 4,6% de los españoles pero su población ajustada es del 5%. Se trata de que todos los ciudadanos del país, residan donde residan, disfruten de unos servicios públicos homologables a los de cualquier otro rincón del Estado. Ocurre, sin embargo, que tras una nueva cesión del PSOE ante los independentistas de Junts, la distribución del impuesto a la banca ya no seguirá la lógica solidaria del SFA, sino que se hará sobre la base, estrictamente economicista, del PIB.

Un cambio de criterio por la puerta de atrás que beneficiará a Cataluña –el objetivo de Junts– y, por extensión, a la Comunidad de Madrid. Cataluña se quedará con un 19% de la recaudación por el nuevo tributo, frente al 17,2% que recibiría si el reparto fuese por población –siempre en términos ajustados–, y Madrid, con un 19,4% –sería un 14,7% con el criterio poblacional–. En cambio, la pobre Canarias obtendrá un 3,6% de los ingresos por el impuesto a la banca –que es el peso de su PIB en la economía nacional de acuerdo con el último dato oficial– y no el 5% que obtendría de acuerdo con el sistema de financiación autonómica. Esto supondrá una pérdida de alrededor de 20 millones anuales, y como quiera que el tributo estará en vigor los próximos tres ejercicios, las Islas se quedarán sin unos 60 millones de euros en total.

«Es decir, que nos encontramos con un nuevo impuesto que no se repartirá como los demás impuestos», explica la consejera de Hacienda. Con todo, «lo más grave es admitir que los ingresos de España se distribuyan en función del que más tiene», lamenta Asián, que pone énfasis en el carácter eminentemente «regresivo» de la fórmula escogida por el Gobierno central, o más bien de la fórmula impuesta por Junts, para repartir la recaudación por el tributo a la banca.

De hecho, el gravamen a la banca en vigor desde 2021, que viene a ser el hermano pequeño del impuesto recién aprobado, sí se repartía en virtud de la población, pero este sistema no agrada al independentismo catalán ni a los nacionalistas vascos. La fórmula del gravamen no cabe dentro del Concierto Económico Vasco, pero sí la del impuesto, así que con el flamante tributo se contenta tanto a Junts como al PNV, en detrimento, eso sí, de las regiones más pobres del país. El pasado viernes, según adelantó este martes la portavoz del Ejecutivo vasco, María Ubarretxena, los Gobiernos de España y de Euskadi firmaron un preacuerdo para que las diputaciones forales del País Vasco gestionen y regulen el nuevo impuesto a la banca. «Un paso más en el autogobierno económico-financiero de Euskadi», ahondó Ubarretxena.

Así que la preocupación en el Gobierno de Canarias, y de forma particular en la Consejería de Hacienda, ya no es la pérdida de esos alrededor de 60 millones de euros del impuesto a la banca –que también–, sino, sobre todo, que en medio del debate sobre la reforma del SFA, el binomio PSOE-Gobierno esté dispuesto a darle un concierto fiscal a Cataluña y, encima, cree un nuevo tributo y lo ajuste a los deseos del independentismo. Una preocupación que, claro, no es exclusiva del Archipiélago.

La Junta de Andalucía secundó este martes al Ejecutivo de Castilla y León y adelantó que está dispuesta a llegar a los tribunales para defender los intereses de sus ciudadanos. La consejera de la Hacienda andaluza, Carolina España, expuso que, tras el impuesto a la banca, se atisba «un nuevo agravio para Andalucía». «Una de las primeras conclusiones de un estudio que estamos realizando es que si este impuesto se reparte entre las comunidades autónomas atendiendo al Producto Interior Bruto en lugar de a la población, Andalucía va a dejar de ingresar 76 millones de euros», detalló la representante del Gobierno andaluz. Por el contrario, cabe insistir, las tres regiones más ricas del país –Cataluña, Comunidad de Madrid y País Vasco– serán las grandes beneficiadas.

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