Claves | ¿Qué efectos tiene la revisión al alza del PIB para familias y empresas?

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revisado al alza el crecimiento económico de los últimos cuatro años (desde 2020 hasta 2023) y ello ha dado como resultado un volumen de PIB que el año pasado rozó el billón y medio de euros (1.498.324 millones de euros), esto es 36.400 millones más que en la anterior estimación del INE. Tener un PIB más alto, no es solo una cuestión de fría estadística. Un mayor volumen de PIB trae una serie de consecuencias de política económica que pueden acabar teniendo relevancia en la vida diaria de las personas y de las empresas. Este martes, además, el Gobierno ha presentado un nuevo cuadro macroeconómico, con una revisión al alza de sus previsiones de crecimiento hasta 2026.

Pensiones: el listón del 15%

La reforma de las pensiones del exministro y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, incluyó una cláusula de cierre de modo que si la estimación del gasto en prestaciones contributivas se llega a situar por encima del 15% del PIB (en promedio, para el periodo 2022-2050), la Autoridad Fiscal debería promover un nuevo ajuste del sistema en forma de subida de cotizaciones sociales, principalmente.

El Gobierno revisa al alza el crecimiento del PIB hasta 2026 pero eleva en una décima las tasas de paro

Que la estimación del PIB sea más abultada de lo que se estimaba en un principio puede dar como resultado un menor peso del gasto en pensiones (en % del PIB). Y si este menor peso se sitúa por debajo del 15% del PIB, las consecuencias para empresarios y trabajadores pueden ser muy importantes, pues se podrá evitar una nueva vuelta de tuerca en el sistema de pensiones en forma de cotizaciones más altas o de un recorte en el gasto. El mayor nivel de PIB estimado para 2023 hace un poco más fácil que el gasto en prestaciones contributivas quede por debajo de ese listón.

Deuda pública: casi tres puntos menos

Que la estimación del PIB de 2023 haya sido corregida al alza por el INE en 36.400 millones tiene un efecto directo sobre la medición de la deuda pública. Inicialmente, se había estimado que el volumen de 1,573 billones de euros en deuda pública con el que se cerró 2023 resultó equivalente al 107,7% del PIB de ese año. Ahora, con el nuevo volumen de PIB estimado por el INE este mes de septiembre, el peso de la deuda en 2023 se ha recortado de un plumazo en casi tres puntos porcentuales, hasta el 105,4% del PIB.

Aunque la distancia respecto al objetivo del 60% del PIB que marcan las reglas fiscales de la UE sigue siendo muy grande, lo es un poco menos y ello puede servir para ablandar un poco los ajustes que el Gobierno deberá comprometer ante Bruselas en el Plan Estructural 2025-2028, que se prevé enviar a la Comisión Europea antes del 15 de octubre.

Déficit público: una décima menos

Un PIB más ancho también permite diluir el peso del déficit público en la economía. En particular, el déficit del 2023, que se estimó en un 3,66% del PIB equivale ahora a un 3,55% del nuevo producto interior bruto revisado al alza por el INE. Este nuevo dato favorece que el Gobierno logre su objetivo de reducir el déficit al 3% del PIB en 2024. Y lograr este objetivo es relevante, pues sitúa a España en una exigencia de ajustes menos estricta dentro del marco de las nuevas reglas fiscales.

Presión fiscal: por debajo del 37% del PIB

Otra variable macroeconómica que se mide por su relación con el PIB y que sirve para guiar decisiones de política económica es la presión fiscal. España presenta una presión fiscal por debajo de la media de la Unión Europea y uno de los objetivos del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia es acercarla a esta última. Según datos de la oficina estadística europea Eurostat, la presión fiscal en España se situó en el 38,3% del PIB en 2022 frente a un promedio del 41% en la UE (2,7 puntos por debajo).

Después, en su actualización de previsiones remitida a Bruselas el pasado 30 de abril, el Gobierno cifró la presión fiscal de 2022 en el 38% y estimó una tasa del 37,7% para 2023. Ahora, con un PIB más abultado, la presión fiscal de 2023 podría situarse en el entorno del 36,8%. Alcanzar la media del 41% que está instalada desde hace años en la UE requeriría aumentar la recaudación en España en 4,2 puntos de PIB, equivalentes a unos 63.000 millones de euros.

Funcionarios: subida extra vinculada al IPC

Este año finaliza el acuerdo plurianual rubricado en 2022 por el Gobierno y dos de los tres sindicatos más representativos entre los trabajadores de la función pública para revisar sus salarios. Las centrales acordaron con el Ejecutivo una senda de incrementos fijos, que se podían ver complementados por una serie de variables vinculadas a la evolución del IPC y el PIB. Variables que, hasta ahora, se han cumplido todas.

Si bien durante los ejercicios anteriores hasta un punto de incremento retributivo estaba vinculado a la evolución de la economía española, este 2024 es el único año en el que los salarios de los funcionarios únicamente dependen de cómo evolucionen los precios.

El Gobierno ya aprobó una subida salarial base del 2% para este año, que se puede ver complementada con otro 0,5% adicional si el IPC entre 2022 y 2024 fuera superior a las alzas acumuladas en ese periodo. Dicho incremento tendría efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, pero para saber si se cumple o no será necesario esperar hasta el año que viene, cuando el INE confirme los datos de inflación.

En los próximos meses el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública deberá abrir una nueva negociación con los sindicatos para decidir cuál será la senda de incrementos a partir de 2025.

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