Los hoteleros se 'atrincheran' para bloquear la nueva norma para el registro de turistas

Las patronales turísticas se atrincheran para bloquear la entrada en vigor el 1 de octubre del Real Decreto para el registro de viajeros que obliga a hoteles, agencias de viaje, de alquiler de coches, campings, viviendas vacacionales o turoperadores a solicitar a sus huéspedes una veintena de datos "no oficiales", tales como la forma de pago, número de tarjeta de crédito, teléfono móvil, domicilio real o el parentesco de los turistas. Son datos que se volcarán en una plataforma del Ministerio del Interior que, encima, no está ni desarrollada, denuncia la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), que cuenta con el apoyo de todas las patronales del sector de Canarias, y ayer recibió el refrendo de todas las asociaciones turísticas de ámbito europeo.

Es la primera vez que las patronales de la UE se ponen de acuerdo para mostrar su frontal oposición a la legislación de un país.

Este Real Decreto se aprobó después de la pandemia, en 2021, sin consultar a los sectores implicados, afirma Jorge Marichal, presidente de Cehat y de la la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel). La entrada en vigor de esta norma ya se ha demorado en dos ocasiones ante las quejas del sector turístico. Una normativa que no se aplica en otro país europeo, precisa Marichal, y que desde el Ministerio del Interior justifican como un arma para combatir la delincuencia organizada y el terrorismo.

Ahora mismo, los clientes ya están obligados a identificarse con número de pasaporte y se manda esa información a los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado. Una fórmula que, según Cehat, está funcionando sin complicaciones, de modo que si alguna persona se encuentra, por ejemplo, en busca y captura, salta en la plataforma y los agentes se presentan en el establecimiento para proceder como determinen.

Quejas a Marlaska

Tanto Cehat como las demás patronales hoteleras españolas han inundado de quejas a las administraciones públicas competentes informando de esta situación. Ashotel, por ejemplo, ha enviado cartas a la Policía Nacional, Guardia Civil, Delegación del Gobierno, Consejería de Turismo, y Cehat escribió al propio ministro, Fernando Grande -Marlaska.

Todas las patronales implicadas manifiestan su oposición a dicha normativa por el "caos" que produciría su implementación debido a la imposibilidad de su cumplimiento, y además esta norma "implica una injerencia significativa en los derechos de privacidad de turistas" y podría conllevar a una pérdida de competitividad.

Pero además, el empresariado denuncia que es "imposible" automatizar el proceso y "que implicaría un trabajo manual añadido y desproporcionado para los establecimientos y un considerable aumento de errores". “Este Real Decreto señalaba que habría un posterior desarrollo por orden ministerial de cuáles deberían ser los datos que se aportasen por cada uno de los subsectores del turismo; sin embargo, a fecha de hoy este desarrollo legislativo no existe, por lo que se produce una confusión generalizada con respecto a qué información sería exigible y a la forma de remitirla a los estamentos correspondientes”, censura Cehat.

Además, la norma, por esa falta de aclaración en la exigencia de datos, podría entrar en conflicto con la directiva europea de pagos seguros, PSD2, y con la normativa europea de protección de datos personales, RGPD.

Asimismo, la plataforma Hospedajes del Ministerio del Interior, que debe dar soporte a los requisitos de esta norma, sigue sin funcionar correctamente, por lo que no es seguro que para el 1 de octubre pudiera estar plenamente operativa.

Bronca judicial

Según Marichal, los empresarios se exponen a multas de hasta 30.000 euros si entra en vigor la norma y no se puede cumplir . Y sería justamente en ese momento cuando empezaría la bronca judicial de impugnaciones a las sanciones, avisa. Por ello, reclaman que se les oiga, se revoque este Real Decreto y se busquen fórmulas de consenso.

A estas demandas se suman ahora las patronales europeas, en concreto la Asociación Europea de Agentes de Viajes y Turoperadores (Ectaa), la Asociación de Turismo Europea (ETOA), la Federación Europea de Turismo Rural (Ruraltour) y la asociación europea que representa a hoteles, restaurantes, bares y cafés y establecimientos similares en la Unión Europea (Hotrec), a través de una carta que han remitido al Gobierno de España.

En la misiva europea se habla de desafíos, prácticas, consideraciones jurídicas, recomendaciones y alternativas, insistiendo en que "el decreto impondrá una carga administrativa y unos costes adicionales significativos e innecesarios a las empresas, lo que aumentará de facto el precio de las vacaciones en un mercado altamente competitivo".

Las patronales europeas preguntan

Asimismo, las asociaciones turísticas de la UE lanzan preguntas al Ejecutivo español sobre la nueva normativa como, por ejemplo, cómo evitarán duplicidades las autoridades españolas con la aplicación de la nueva ley o cómo afectarán estas obligaciones a las personas fuera de España e incluso dentro de la propia Unión Europea.

La carta finaliza remarcando que desde Europa se espera "sinceramente que las autoridades competentes comprendan y respondan a las principales preocupaciones expuestas".

Preocupaciones de la patronal española

Marichal censura que el Gobierno no les haya escuchado y el sector no entiende la "obcecación del Ministerio por no sentarse a hablar". "Hemos intentado por activa y por pasiva llegar a un acuerdo" pero no hay respuesta, enfatiza.

Con todo, espera que en estas dos semanas antes de que entre en vigor el Real Decreto haya una respuesta y se paralice.

Cehat, que representa a más de 16.000 establecimientos con un total de 1.800.000 plazas repartidas por toda España, manifiesta sus principales preocupaciones al respecto:

1. Incompatibilidad con la normativa de la Unión Europea: La Comisión Europea y el TJUE, en la Sentencia C-817/19, han señalado que las medidas de tratamiento masivo de datos personales previstas en el Real Decreto vulneran las normativas comunitarias sobre protección de datos y privacidad. La recolección y almacenamiento de datos, tal como está planteada, no respeta los principios de proporcionalidad y minimización, lo que podría generar sanciones, acciones judiciales y mayor inseguridad jurídica para los sujetos obligados. Además, el Real Decreto implica una injerencia significativa en los derechos de privacidad de turistas y usuarios sin ofrecer salvaguardias claras, limitando la recolección masiva de datos a casos específicos y justificados.
2. Inseguridad jurídica e imposibilidad de cumplimiento: El Real Decreto carece de la concreción y claridad necesarias para evitar vacíos legales, lo que provoca inseguridad jurídica. Asimismo, la normativa, el Real Decreto, ignora las complejidades operativas de las empresas afectadas, que se enfrentan a dificultades para recopilar los datos exigidos antes de la prestación de los servicios, lo que las expone a importantes sanciones debido a la imposibilidad de cumplir con estas obligaciones, con las consecuentes repercusiones operativas y reputacionales.
3. Desventaja competitiva en el mercado nacional y europeo: Las obligaciones impuestas por el Real Decreto colocan a las empresas españolas, o a aquellas que operan en España, en una clara desventaja frente a competidores en otros países de la UE que no tienen normativas similares. Empresas y organizaciones europeas, como agencias de viajes, plataformas de comercialización, organizadores de congresos, hoteles, apartamentos turísticos y turoperadores, entre otros, han expresado ya sus dudas sobre el cumplimiento de esta normativa en los órganos europeos justificando su solicitud, en varios aspectos, entre los que se encuentran las dificultades que implica para el envío de viajeros a España.
4. Falta de adecuación tecnológica: Actualmente, la infraestructura tecnológica necesaria para cumplir con las obligaciones de registro y comunicación no está plenamente operativa, lo que redunda sobre la incertidumbre jurídica, la imposibilidad de cumplimiento añade probabilidad de riesgos operativos y reputacionales para los sujetos obligados. La falta de preparación tecnológica ya ha sido señalada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la Comisión Europea, reforzando la afirmación de que la normativa no tiene en cuenta de manera adecuada ni la realidad operativa del sector turístico ni la normativa vigente en los mercados emisores internacionales. Al mismo tiempo, la distribución de competencias en materia de seguridad en España genera la implementación de diferentes herramientas en distintas regiones del país, lo que supondrá una dificultad adicional para las empresas turísticas con centros de trabajo operativos en varios territorios a nivel nacional.
5. Carga administrativa desproporcionada: Las nuevas obligaciones de registro e identificación suponen una sobrecarga administrativa excesiva, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyen el núcleo del sector turístico (95% de las empresas). Implementar estas exigencias incrementa los costos operativos y la complejidad de gestión, algo que muchas empresas no pueden asumir, enfrentándose además de a los riesgos expuestos, operacionales y reputacionales, a graves sanciones económicas por su incumplimiento.

En caso de que no se produzca la modificación, los hoteleros advierten de la imposibilidad de su cumplimiento y la pérdida de la fiabilidad de los datos de los que actualmente disponen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para prevenir los delitos y el terrorismo.

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