M. Á. Montero | Santa Cruz de Tenerife
En solo cuatro años, Canarias y Baleares han pasado de ver playas, parques y hoteles vacíos a exigir medidas contra la masificación, el alquiler vacacional y la deficiente redistribución de las rentas que genera la actividad. Es el recorrido económico-social entre la peor fase de la pandemia del covid y las manifestaciones que se han ido celebrando en Mallorca e Ibiza o las que abarrotaron las principales ciudades de Canarias el pasado 20 de abril, en especial Santa Cruz de Tenerife, donde más de 32.000 personas clamaron por un cambio en la gestión del negocio turístico que, y aquí está una de las claves del debate, representa en los dos archipiélagos cerca del 40% de sus respectivos PIB.
Detrás de ese viraje existen bajos niveles de renta, una casi inexistente oferta de vivienda (el residente ve cómo ese piso o casa situado en su barrio o localidad ya no se le alquila a él, sino al turista) y masificación. La turistificación de las zonas residenciales ha terminado por dinamitar el frágil equilibrio entre residentes y visitantes. Esto explica por qué los gobiernos de Canarias y Baleares han optado por intentar pelear en Bruselas para que se establezcan límites a las compras de viviendas por extranjeros.
Con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, la idea es que Bruselas avale poder poner en práctica una de estas tres posibles medidas restrictivas: establecer un tiempo mínimo de estancia en la región para poder comprar vivienda; la necesidad de contar con autorización previa para poder adquirir una casa o un piso o medidas fiscales que restrinjan las posibilidades de los extranjeros para hacerse con un inmueble en las islas.
En Canarias coinciden dos realidades. El mismo archipiélago donde en 2023 se batieron todos los récords turísticos (más de 16 millones de visitantes por primera vez en la historia, más facturación que nunca y los mayores índices de rentabilidad hotelera registrados hasta la fecha) es el que lleva décadas con problemas para salir de los últimos puestos de casi cualquier ranking socioeconómico: salarios, pobreza, exclusión social…
En Baleares apelan en Europa a la «singularidad» de las islas para tratar de alcanzar un objetivo que se antoja complicado, ya que España no incluyó en su tratado de adhesión a la Unión Europea ninguna cláusula que permita restricciones a las compras de inmuebles por foráneos, algo que puede vulnera uno de los principios fundamentales de la UE: la libre circulación de personas y de capitales.
En Canarias alegan su condición de Región Ultraperiférica (RUP), que sí está reconocida en el Tratado de Funcionamiento de la UE, en concreto en su artículo 349. Pero aun así, tampoco lo tendrá fácil.
